Por: Dra. Norma Julieta del Río

Zacatecas, Zac.-Este 3 de noviembre comienza en México la regulación del uso de teléfonos celulares en las escuelas públicas y privadas de educación básica. La medida, anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum el 21 de septiembre y publicada al día siguiente en el Diario Oficial de la Federación, tiene como propósito recuperar la concentración, estimular la creatividad y evitar que el uso indiscriminado de pantallas y redes sociales afecte el desarrollo de niñas, niños y adolescentes.

La disposición establece que los estudiantes pueden llevar sus teléfonos, pero deberán mantenerlos guardados durante la jornada escolar, incluidos los recreos. Su utilización queda reservada para situaciones de emergencia, necesidades particulares o actividades pedagógicas autorizadas, así como para atender situaciones relacionadas con la salud, la discapacidad y la inclusión.

Hubo un periodo de socialización de 30 días hábiles con las comunidades escolares. La regulación será aplicable a educación básica, mientras que en educación media superior cada institución establecerá sus propias reglas y en educación superior se promoverá el uso responsable de la tecnología, respetando la autonomía de las universidades.

El objetivo, se dice, es recuperar la convivencia, la interacción entre compañeros y la concentración en las aulas.Sin embargo, una política educativa no puede evaluarse solamente por las restricciones que establece, sino por los resultados que consigue.

Aquí vale la pena detenernos: de acuerdo con cifras presentadas por la Secretaría de Educación Pública, el Sistema Educativo Nacional atiende a más de 34 millones de estudiantes, cuenta con 2.2 millones de docentes y 263 mil escuelas. Además, el Gobierno federal estima que al cierre de 2026 habrá más de 20 millones de beneficiarios de los programas de becas educativas.

Estamos hablando de millones de estudiantes y de recursos públicos destinados a garantizar el acceso a la educación. Pero una de las inquietudes que ha cobrado fuerza en los últimos meses es la siguiente: ¿quién está evaluando si esos apoyos realmente contribuyen a que los alumnos permanezcan en las aulas y concluyan sus estudios?

Un reciente análisis relacionado con el Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo 2026 de la UNESCO recupera una investigación sobre la sustitución de Prospera por las becas Benito Juárez. El estudio estima que la transición de un esquema de transferencias condicionadas a uno incondicional estuvo asociada con una reducción de 12 puntos porcentuales en la matriculación de varones en edad de cursar educación media superior, específicamente en localidades con alta cobertura de Prospera.

No significa que la matrícula nacional haya caído 12 puntos, pero sí representa un hallazgo que merece encender las alertas.

Prospera vinculaba los apoyos a determinados compromisos de las familias, entre ellos la asistencia escolar. El nuevo esquema amplió la cobertura, pero modificó las condiciones para recibir los recursos: ya no están sujetos a los mismos compromisos de corresponsabilidad, sino principalmente a la inscripción en el padrón de beneficiarios.

Ampliar el número de beneficiarios es importante, pero no debe confundirse la cobertura con los resultados. Entregar una beca no garantiza por sí mismo asistencia, aprendizaje ni conclusión de estudios.

Y aquí está el punto central: necesitamos indicadores públicos que permitan conocer cuántos estudiantes reciben los apoyos, cuántos continúan inscritos, cuántos asisten regularmente, cuántos abandonan las aulas y cuántos concluyen cada nivel educativo. También necesitamos saber cuánto recurso se ejerce y qué resultados produce.

No se trata de cuestionar la importancia de las becas ni de negar que representan un respaldo económico para millones de familias. Se trata de exigir evaluación, seguimiento y rendición de cuentas sobre el dinero público, para conocer si efectivamente cumple con su propósito de contribuir a la permanencia escolar.

La educación en México enfrenta problemas que van mucho más allá de las pantallas: bajo rendimiento académico, rezago en los aprendizajes, deserción escolar y falta de evaluaciones suficientes sobre los resultados de los programas de becas en la permanencia de los alumnos. Mientras por un lado se busca que los estudiantes estén desconectados de sus celulares durante las clases, por otro debemos preguntarnos si están realmente conectados con su aprendizaje, si asisten regularmente y si concluyen sus estudios. Porque no basta con tenerlos registrados en un padrón, entregarles una beca o guardarles el teléfono en la mochila. Lo verdaderamente importante es saber si están aprendiendo.

Los estados tendrán 180 días naturales, contados a partir de hoy 3 de noviembre, para emitir o armonizar sus instrumentos jurídicos. Es decir, tendrán hasta mayo de 2027 para adecuar sus disposiciones.

Mientras tanto, cada comunidad escolar deberá construir sus propios acuerdos y protocolos. Incluso hay un asunto práctico que merece claridad: si los estudiantes pueden llevar el teléfono para una eventual emergencia, pero no utilizarlo durante la jornada, ¿cómo se garantizará que esté resguardado y que exista un mecanismo efectivo de comunicación entre las familias y las escuelas? No necesariamente se necesita recoger los dispositivos; pueden permanecer apagados y guardados en las mochilas, siempre que existan reglas claras.

Será importante conocer cómo se supervisará su cumplimiento y qué mecanismos tendrán las familias para resolver situaciones extraordinarias.

Mi reflexión es sencilla: si queremos recuperar la atención de los estudiantes, también debemos recuperar la atención de las autoridades sobre los problemas de fondo de nuestro sistema educativo.

Regular los celulares puede ayudar a mejorar la convivencia y el aprovechamiento escolar. Pero ¿qué estamos haciendo para evitar que los jóvenes abandonen las aulas? ¿Dónde están las evaluaciones de las becas? ¿Cuántos estudiantes permanecen y cuántos desertan? ¿Qué ocurre con los recursos destinados a quienes ya no asisten?

No podemos conformarnos con registrar estudiantes en un padrón y entregar recursos sin conocer suficientemente los resultados. La educación es un derecho, no una cifra para presentar en una conferencia ni una lista de beneficiarios que se actualiza cada año.

Si el propósito es garantizar el derecho a la educación, debemos mirar más allá de las pantallas. Porque no basta con retirar el celular del salón si no estamos haciendo lo necesario para que las niñas, niños y jóvenes permanezcan en la escuela.

Regular los celulares es una medida. Evaluar las becas, vigilar los recursos y garantizar la permanencia escolar es una obligación.