Por Manuel Ibarra Santos
Zacatecas, Zac.-En el presente año se cumple exactamente una década de iniciado el proceso de implementación del renovado sistema de justicia penal acusatorio fundado en la oralidad, en una nueva metodología que reduce los tiempos de los juicios, que no criminaliza la pobreza, que reduce la población en las cárceles y que tiene como valor central la transparencia y no la opacidad que caracterizó al modelo inquisitorio anterior.
La relevancia de este hecho se localiza en que, para operar este novedoso sistema de justicia penal, que entró en vigor en todo el país en el 2016, destaca el trabajo del zacatecano Felipe Borrego Estrada, quien antes de trascender a la esfera nacional se desempeñó como presidente del Tribunal Superior de Justicia de Zacatecas, amén de ser un prestigiado académico universitario.
El nuevo sistema de justicia penal contiene una serie de normas para sancionar los delitos, proteger al inocente, procurando que el culpable no quede impune, que se repare el daño, y en un marco de respeto a los derechos humanos.
La operación de este sistema de justicia no solamente ha permitido abatir el rezago en la procuración y administración de justicia. También se ha logrado reducir sensiblemente los tiempos de los juicios en casi un 70 por ciento.
El anterior régimen criminalizó la pobreza, porque el 60 por ciento de las personas que se encuentran en prisión preventiva, lo son por delitos menores.
Pues bien, el artífice y promotor de este modelo de justicia, lo es, nos guste o no, el zacatecano Felipe Borrego Estrada, quien fue el primer coordinador nacional para la implementación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, a invitación del entonces presidente de la República y ratificado por los representantes del Congreso de la Unión.
El sistema de justicia penal basado en la oralidad que, hoy ha echado raíces, no sin complicaciones, sólo puede ser entendido a partir del esfuerzo iniciado hace una década, por este destacado zacatecano, a encomienda del Estado Mexicano.
Felipe Borrego hoy da continuidad a dicho esfuerzo, desde el puesto que ostenta como consejero de la Judicatura Federal, una de las tareas de la más alta jerarquía al que ningún zacatecano había accedido.
LA POLEMICA DE LAS PENSIONES EN EL TRIBUNAL DE JUSTICIA:
Para fortuna de todos, Felipe Borrego se encuentra abocado a cumplir, con profesionalismo, con su elevado cometido de ser uno de los siete consejeros de la Judicatura Federal, organismo responsable de la administración y vigilancia, que permita con autonomía el funcionamiento de los juzgados y tribunales de distrito en la Nación.
Esta circunstancia ha impedido que el zacatecano Felipe Borrego sea vea involucrado de manera directa, en el escenario local, en el debate politizado y faccioso, no fundado en los argumentos de la legalidad, sobre sí lo magistrados en retiro del Tribunal Superior de Justicia deben recibir o no una pensión.
El Artículo 7 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia establece en su contenido que los magistrados en retiro tendrán derecho al haber, es decir a una pensión. Este compromiso está avalado también por el Articulo 95 de la Constitución Política del Estado.
No hacerlo, sería incumplir la Ley, atentar en contra de la libertad de trabajo y proceder discriminatoriamente. Todo esto sería violatorio de las normas jurídicas vigentes. El magistrado presidente Armando Ávalos ha procedido con prudencia y sin estridencias.
Felipe Borrego, como magistrado en retiro, al recibir una pensión, y casos similares, están en el marco de la Ley, sin violar ninguna norma. Ojalá el zacatecano siga en su trayectoria ascendente a nivel nacional.
