Zacatecas, Zac.-Tanto en Zacatecas como en Guadalupe hay asentamientos humanos que deben ser reubicados porque están construidos sobre tierras inadecuadas. Vemos que se está dando una desertificación del territorio muy fuerte y basta verlo desde una vista aérea para que quede claro; venos por la noche luces por todos lados, lo que significa una alta dispersión y ensanchamientos de las manchas urbanas, manifestó la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, María Guadalupe López Marchant.
Vemos territorios tan dispersos que tienen una multitud de localidades que pareciera ser un continuo urbano pero no es así, cuando pudiéramos tener una mejor conciencia del ocupamiento urbano, dijo.
“En el tema de movilidad urbana, hoy en día estamos hablando de dos tipos, pues ya no solamente es pensar en puentes, grandes carreteras o avenidas, sino que estamos en un momento en que la movilidad no motorizada debe ser un tema prioritario, donde dejemos de tener limitantes en el uso de la bicicleta y otras formas de movilidad en donde entendamos que el peatón es el número uno y que, por lo tanto, la banqueta debe estar libre.
El transporte masivo es el que debe mover a los más, no a los menos, y por lo tanto, la política debe estar orientada al transporte público”.
Lo anterior implica un cambio en la manera de entender cómo vamos a autorizar un fraccionamiento habitacional, ya que implica que en cuanto se da un asentamiento disperso queda discontinuo de la mancha urbana y distante para proporcionarle los servicios, convirtiéndose en un problema de desabasto de los mismos.
“Proporcionar cualquier servicio público en cualquier asentamiento irregular tiene un costo de hasta 70% más del que tiene un asentamiento regular, lo que nos hace voltear a que pidamos permiso y a que se solicite un estudio especial de impacto urbano”.
También está el problema de que algunos asentamientos urbanos no están bien orientados en su planeación, y de haberse cuidado este aspecto, se hubieran tenido importantes ahorros en la energía eléctrica, aseguró, y lo mismo sucede al momento de proveer el agua potable debido a que se tienen que realizar perforaciones de pozos en forma especial. “Todo por autorizar donde no se debe”.
Agregó la funcionaria que hay una serie de principios que nos deben normar. “Uno es el derecho a la ciudad y otro, la equidad e inclusión con el derecho a la propiedad urbana, además de la participación democrática y la transparencia, productividad y eficiencia con la protección del espacio público.
“Hay un cambio sustancial en las autoridades, donde prácticamente los cabildos dan parte a los funcionarios públicos, de manera que necesitamos servidores públicos más profesionalizados en temas de las direcciones de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, porque van a ser los que den la autorización.
Logramos romper esa barrera de que los cabildos solamente levantaban la mano y autorizaran fraccionamientos sin revisar, y con los recientes cambios la autorización recae en los directores de presidencias municipales.
Pero también hay una serie de penas y sanciones de tipo penal tanto para la autoridad como para aquél que construye desarrollos en sitios inapropiados. A partir del primero de marzo, quienes piensen construir un asentamiento irregular, desde que se publicó el código territorial, ya no pueden ser sujetos a la regularización”.
Advirtió que se pidió a las autoridades en la materia que se brindara un directorio de cuáles eran los fraccionamientos irregulares y a partir de éstos serán lo que podamos estar en condiciones de regularizar, pero la venta de otros va a estar sujeta a delito.
“El nuevo código tenía que ser actualizado en consideraciones internacionales, ya que se establece una serie de condicionantes a todos los países como la movilidad urbana, resiliencia, consolidación urbana, espacio público y la electrificación, temas en el que nos estamos apoyando entre entidades federativas también”, afirmó.
