Por: Dra. Norma Julieta del Río
Zacatecas, Zac.-Los derechos que hoy damos por sentados rara vez nacieron por voluntad de quienes ejercían el poder. Casi siempre fueron consecuencia de personas que decidieron alzar la voz frente a la injusticia, de comunidades que cuestionaron decisiones impuestas y de generaciones que se negaron a aceptar que las condiciones existentes eran inamovibles.
Cada 28 de julio se recuerda un episodio que marcó la historia del continente: la huelga minera ocurrida en Real del Monte, en 1766, considerada por diversos historiadores como el primer antecedente documentado de una protesta colectiva de trabajadores en América para exigir condiciones laborales más justas. Mucho antes de que existieran las leyes laborales, los contratos colectivos o el reconocimiento formal de los derechos de los trabajadores, aquellos mineros dejaron una lección que sigue vigente: ninguna sociedad puede aspirar a la justicia cuando quienes toman las decisiones dejan de escuchar a quienes viven sus consecuencias.
Aquella protesta no surgió de un día para otro. Fue el resultado del descontento acumulado por decisiones que afectaban directamente los ingresos y las condiciones de trabajo de cientos de personas. La reducción de salarios y el endurecimiento de las cargas laborales detonaron una inconformidad que terminó convirtiéndose en una movilización organizada, un hecho extraordinario para su época.
Más de dos siglos después, esa historia conserva una enseñanza que trasciende el ámbito laboral. Los derechos no aparecen por generación espontánea. Se construyen mediante la participación social, el diálogo, la exigencia ciudadana y, en muchas ocasiones, después de enfrentar resistencias de quienes concentran el poder.
Existe, además, otro elemento que pocas veces ocupa un lugar central cuando recordamos este episodio: si hoy conocemos lo ocurrido en 1766 es porque alguien documentó los hechos, porque existieron archivos que preservaron esa memoria y porque esos documentos sobrevivieron al paso del tiempo.
Sin registros documentales, gran parte de nuestra historia simplemente desaparecería. No conoceríamos el origen de muchas de nuestras instituciones, ignoraríamos cómo evolucionaron nuestros derechos y perderíamos la posibilidad de aprender de los errores y aciertos del pasado.
Por ello, hablar de archivos no es hablar únicamente de papeles resguardados en un edificio. Es hablar de memoria colectiva. Es comprender que los documentos públicos permiten reconstruir nuestra historia, entender cómo se tomaron las decisiones y ofrecer evidencia para que las nuevas generaciones puedan analizar el pasado con objetividad.
En ese sentido, el derecho de acceso a la información también forma parte de esa cadena de construcción democrática. No sólo permite conocer lo que hacen hoy las instituciones públicas; también garantiza que la sociedad pueda consultar documentos que explican cómo hemos llegado hasta aquí. La transparencia no sirve únicamente para vigilar el presente. También protege la memoria del pasado.
Las sociedades que olvidan sus luchas suelen repetir sus errores. En cambio, aquellas que conservan sus archivos, fortalecen sus instituciones documentales y garantizan el acceso a la información construyen una ciudadanía más consciente de sus derechos y de las responsabilidades del poder.
La huelga minera de Real del Monte nos recuerda que detrás de cada derecho existe una historia de personas que decidieron no permanecer en silencio. También nos recuerda que esas historias sólo pueden seguir enseñándonos cuando existen documentos que las preservan y cuando las instituciones garantizan que permanezcan accesibles para todos.
Defender los archivos, la memoria documental y el derecho de acceso a la información no consiste únicamente en proteger expedientes. Significa preservar la evidencia de cómo una sociedad ha conquistado sus libertades, ha corregido sus excesos y ha construido sus derechos.
Porque los derechos pueden nacer de una protesta, fortalecerse mediante las leyes, pero únicamente perduran cuando una sociedad decide conservar su memoria. Y esa memoria, en una democracia, también se protege con transparencia.