Ciudad de México.- La senadora Amalia García Medina afirmó que la nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Feminicidio debe garantizar no sólo justicia para las mujeres víctimas, sino también protección, cuidados y reparación integral para las niñas, niños y adolescentes que quedan en orfandad, al señalar que las consecuencias de este delito se extienden a las familias y lastiman profundamente a toda la sociedad.
Durante las Mesas de Diálogo realizadas en el Senado de la República para analizar la iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Feminicidio, García Medina tuvo la responsabilidad de coordinar la Mesa 4, dedicada a las víctimas, la reparación integral para niñas, niños y adolescentes en orfandad por feminicidio y las medidas de protección que requieren.
“El feminicidio no es un fenómeno distante ni ajeno. Atraviesa a nuestra sociedad y está presente en la vida de miles de familias. Detrás de cada mujer asesinada hay también hijas, hijos, madres, padres, hermanas y comunidades cuya vida queda marcada. Nuestra responsabilidad es garantizar justicia para las mujeres y asegurar que sus hijas e hijos no queden abandonados después de la tragedia”, sostuvo.
La Senadora García Medina recordó que, como ha planteado la antropóloga feminista Marcela Lagarde, el feminicidio también está relacionado con las estructuras históricas de poder patriarcal que han colocado a las mujeres en condiciones de desigualdad. Por ello, consideró que contar con una legislación sólida es indispensable, pero debe ir acompañada de una profunda transformación cultural que modifique las relaciones de poder y avance hacia una igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.
García Medina destacó que uno de los aspectos menos visibles de la violencia feminicida es la situación que enfrentan las hijas y los hijos de las víctimas. En numerosos casos, niñas, niños y adolescentes presenciaron previamente episodios de violencia contra sus madres e incluso estuvieron presentes durante el feminicidio. Después deben enfrentar la pérdida, el trauma, la ruptura de su entorno familiar y, con demasiada frecuencia, una respuesta institucional insuficiente.
Señaló que la información disponible sobre estas infancias todavía es incompleta y advirtió que aproximadamente tres de cada diez niñas, niños y adolescentes en estas circunstancias cuentan con algún tipo de acompañamiento parcial de las instituciones del Estado. “Tenemos una enorme deuda con las infancias que son víctimas indirectas del feminicidio. El Estado no puede permitir que después de perder a su madre tengan que enfrentar también el abandono institucional”, enfatizó la zacatecana.
Durante la Mesa 4 se recibieron 27 propuestas relacionadas con 58 artículos y nueve artículos transitorios. Entre las aportaciones estuvieron las de la ministra Yasmín Esquivel Mossa; Verónica Guzmán Pérez, fiscal especializada en Feminicidio de Michoacán; Elisa Deterández Madera y Gloria Patricia Crespo García, de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Cometidos contra las Mujeres por Razones de Género de Guanajuato, además de especialistas y participantes que contribuyeron con su experiencia al análisis de la iniciativa.
Amalia García subrayó particularmente la necesidad de incorporar la perspectiva de cuidados en la nueva legislación. Explicó que, después de un feminicidio, frecuentemente son las abuelas, tías, hermanas u otras mujeres de la familia quienes asumen de manera inmediata el cuidado de las hijas e hijos de la víctima, muchas veces sin recursos suficientes ni acompañamiento institucional.
“Si queremos construir un verdadero Estado de bienestar cuidador, tenemos que reconocer el derecho de esas niñas y niños a recibir cuidados, atención psicológica, acompañamiento jurídico, educación, salud, protección y las condiciones materiales necesarias para reconstruir su proyecto de vida. Pero también tenemos que respaldar a las personas que asumen la enorme responsabilidad de cuidarlos”, expresó.
La legisladora puntualizó que la reparación integral no puede reducirse a una compensación económica, sino que debe atender las consecuencias emocionales, familiares, educativas y sociales ocasionadas por el feminicidio, establecer mecanismos de acompañamiento durante el tiempo que sea necesario y evitar que las víctimas tengan que recorrer solas un complejo entramado institucional para hacer efectivos sus derechos.
Finalmente, Amalia García reconoció la importancia de que la construcción de esta Ley General incorpore las voces de especialistas, fiscalías, instituciones, organizaciones de la sociedad civil, sobrevivientes y familiares de víctimas. Señaló que el desafío será convertir las aportaciones de las mesas de diálogo en una legislación sólida, eficaz y aplicable en todo el territorio nacional.
“Ninguna ley por sí sola terminará con el feminicidio, pero necesitamos una ley capaz de prevenir, investigar, sancionar, proteger y reparar, al mismo tiempo que transformamos las condiciones culturales que han permitido reproducir la violencia contra las mujeres durante generaciones. El compromiso debe ser muy claro: que ninguna víctima quede sola y que ninguna niña, niño o adolescente enfrente sin el respaldo del Estado las consecuencias de un feminicidio”, concluyó.