Zacatecas, Zac.- La magistrada Celia Nayely Juárez Castro integrante del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) explicó que éste surgió a partir de la reforma constitucional aprobada en 2024 y vigente desde 2025, con el objetivo de supervisar la conducta de los funcionarios del Poder Judicial. Este nuevo organismo busca garantizar que las actuaciones jurisdiccionales se realicen con apego a la legalidad, la ética y la transparencia, marcando una diferencia respecto al modelo anterior donde las funciones administrativas, jurisdiccionales y disciplinarias estaban concentradas en una sola instancia.
Con la reforma, se estableció una división de funciones entre distintos órganos: el Tribunal Superior de Justicia se encarga de la labor jurisdiccional, el TDJ de la disciplina y supervisión, y el Órgano de Administración Judicial de los aspectos administrativos y financieros. Esta separación permite un mejor control interno y mayor especialización. Además, cualquier falta o irregularidad debe seguir un procedimiento legal que respete principios como la presunción de inocencia, el debido proceso y el derecho de defensa.
El TDJ tiene facultades para investigar desde faltas menores, como retrasos injustificados, hasta conductas graves como corrupción o negligencia. Las sanciones pueden ir desde amonestaciones hasta la destitución o inhabilitación. Sin embargo, la magistrada enfatizó que la función principal no es sancionar, sino prevenir y corregir malas prácticas mediante mecanismos como visitas judiciales y evaluaciones, con el fin de fortalecer el sistema desde dentro.
En sus visitas judiciales, dijo se trabaja en implementar controles más estrictos, especialmente en archivos judiciales. También ha avanzado en la supervisión de juzgados del estado y en la creación de procedimientos como la “excitativa de justicia”, que permite a los ciudadanos exigir atención en casos de retraso, logrando que los jueces respondan con mayor prontitud y reduciendo la percepción de corrupción.
Finalmente, la magistrada destacó que uno de los principales retos es consolidar la estructura del tribunal y fomentar una cultura de denuncia entre la ciudadanía. Reiteró el llamado a confiar en la institución, asegurando que se trata de un organismo abierto que protege a quienes denuncian y busca recuperar la credibilidad en el Poder Judicial. Subrayó que la participación ciudadana es clave para fortalecer la justicia y garantizar que se respeten los derechos de todas las personas.