Zacatecas, Zac.- Con el objetivo de transformar la cultura universitaria y terminar con los «puntos ciegos» institucionales, el abogado general de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), Fernando Hazael Huerta Robles, Abogado presentó una propuesta integral para la evolución del Protocolo de Violencias de la Máxima Casa de Estudios.

Durante su intervención, Huerta Robles enfatizó que un protocolo impuesto de manera vertical solo es percibido como burocracia, por lo que urgió a legitimar este instrumento mediante la participación activa de estudiantes, trabajadoras administrativas y colectivos de género.

“No podemos ser la institución que enseña derechos humanos en las aulas, pero tolera la vulnerabilidad en sus pasillos. Al coordinar la fuerza técnica del derecho con la sensibilidad de la igualdad, mandamos un mensaje contundente e irreversible: en la UAZ, la impunidad se terminó y la dignidad de las personas es intocable», afirmó el abogado general.

• Un modelo de corresponsabilidad y distribución eficiente

La propuesta estructural busca un equilibrio perfecto entre el Debido Proceso y la Perspectiva de Género, evitando enfoques estrictamente punitivos a través de la integración de equipos multidisciplinarios (psicólogas, sociólogas y pedagogas) para priorizar la prevención.

El modelo de gobernanza plantea una distribución de funciones clara y alineada a la normativa interna: Ventanilla Única y Primer Respondiente: La Coordinación de Igualdad de Género asumirá la estrategia integral de prevención, atención, contención psicológica y valoración de riesgo ante cualquier queja presentada formalmente (conforme al Art. 13 de la Ley Orgánica). Brazo Técnico y Ejecutor: La Oficina del Abogado General se concentrará en el estricto apego legal, revisando minuciosamente si las conductas encuadran en las causas de responsabilidad (Art. 69 de la Ley Orgánica y Art. 217 del Estatuto General), garantizando que las sanciones no sean revertidas por vicios de forma.

El funcionario universitario destacó que este esquema ya cuenta con antecedentes y casos exitosos ante instancias como los Derechos Humanos y la propia Fiscalía.

• Coordinación interinstitucional y ruta externa

El funcionario aclaró que la competencia de la UAZ es estrictamente administrativa y académica, por lo que el protocolo establece un puente directo con la justicia del Estado.

Detalló que en caso de conductas que presuntamente constituyan un delito, la Universidad brindará acompañamiento formal a la víctima para interponer su denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEZ). Mientras las autoridades judiciales resuelven conforme al artículo 21 constitucional, la UAZ implementará medidas provisionales internas para salvaguardar la seguridad personal, psicológica y académica de la víctima.

«No es un código penal, es la llave para la transformación»

Para concluir, Fernando Hazael Huerta Robles fue contundente al señalar que el protocolo no nace para criminalizar las aulas, sino para transformarlas de raíz.

«Un protocolo de prevención y erradicación de las violencias no es, ni debe ser, un código penal universitario. Quien lo vea únicamente como un catálogo de castigos y persecución, no ha entendido la naturaleza de la vida institucional. Hagamos de este protocolo un instrumento legalmente implacable, pero humanamente sensible», finalizó.