Urge compensar trabajo doméstico no remunerado
Por: Anayeli García Martínez
A las mexicanas sólo se les ve como madres y esposas pese a que su trabajo, asalariado y no remunerado, contribuye al desarrollo y sostén del sistema económico.
Hartas de ser consideradas sólo como responsables del cuidado del hogar y la familia ây por tanto relegadas de las actividades económicasâ, las mujeres quieren estar presentes en la toma de decisiones y ser reconocidas como agentes de desarrollo.
Así lo expresan feministas y expertas en economía al hacer una reflexión a propósito de la séptima cumbre del G-20, a realizarse este 18 y 19 de junio en Los Cabos, Baja California Sur, reunión en la que exigen se incluya la perspectiva de género.
La socióloga y feminista Leonor Aida Concha explica que a las mujeres se les relega de los temas económicos porque se cree que en su mayoría son inactivas, y que las tareas que realizan en el hogar no tienen valor y por ende no se pagan.
Sin embargo la también antropóloga sostiene que esta idea es falsa porque a través del trabajo no remunerado y del cuidado y crianza de los hijos las mujeres forman personas, y les generan capacidades y cualidades que después serán aprovechadas en el mercado laboral.
Es decir, las mujeres que limpian la casa, alimentan, educan y cuidan a los hijos, los enfermos y los abuelos, aportan al desarrollo, crecimiento y sostén de la economía porque aunque ese trabajo no es asalariado tiene un valor importante en la sociedad.
Pero no sólo eso, estas actividades se traducen en un valor monetario. El Inegi reporta que para 2010 las mujeres realizaban 79.4 de cada 100 horas de trabajo doméstico no remunerado, lo que equivale a 76 de cada 100 pesos generados.
Esa labor representa 21.9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) âcasi la cuarta parte del totalâ, mientras que la aportación de los hombres es de únicamente 5.3 por ciento. Tan sólo âproporcionar cuidados y apoyo a los integrantes del hogarâ âfunción que recae esencialmente en las mujeresâ aporta 6.9 por ciento del PIB, precisa el Inegi.
En 2010, el PIB de México ascendió a casi 8.9 billones de pesos. El trabajo doméstico no remunerado de las mujeres en ese año representó casi 2 billones de pesos.
El PIB es el volumen total (en dinero) de los bienes y servicios que produce un país al año en los sectores agropecuario, industrial y de servicios.
PAUPERIZACIÓN
Además de sus tareas domésticas, millones de mujeres también trabajan en empleos formales en empresas, fábricas e instituciones de gobierno, o informales, como negocios propios o pequeños comercios.
El Inegi reporta que al primer trimestre de 2012 (enero-marzo) de los 47.1 millones de personas ocupadas que generaron algún bien o servicio, 17.8 millones eran mujeres, es decir más de un tercio de las personas ocupadas laboralmente.
Rocío Mejía, integrante de la Red Género y Economía, sostiene que esto comprueba que la población femenina participa activamente en los ciclos económicos y que la crisis económico-financiera mundial les impacta de manera particular.
Aclara que las políticas neoliberales avaladas en foros internacionales como el G-20 repercuten en los bolsillos de las madres y jefas de familia, ya que para evitar una nueva crisis económica los líderes mundiales recortan subsidios a servicios como educación y salud.
Mejía señala que los gobiernos no son concientes de que los recortes en el gasto social afectan en particular a las jefas de familia y a las madres, quienes, según Inegi, representan a siete de cada 10 mujeres ocupadas laboralmente.
Agrega que cuando se deja de subsidiar ciertos servicios se cree que las madres o abuelas están obligadas a garantizar educación, dar alimento, conseguir vestido y cuidar la salud de los hijos, y que el Estado por su parte no tiene responsabilidad en ello.
Marcela Orozco, economista y académica de la UNAM, califica como alarmante que la y los candidatos presidenciales no tengan propuestas con perspectiva de género, para generar empleos bien remunerados y con prestaciones; ni para promover el crecimiento económico.
La experta critica que se siga viendo a las mujeres como jefas de familia o madres solteras que necesitan políticas asistencialistas, y no como ciudadanas activas que pueden ser agentes económicos y de desarrollo. Por ello considera urgente que además de guarderías y becas escolares, el Estado debe incentivar la participación de la población femenina en la producción y venta de bienes y servicios.
La también integrante de la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio advierte del riesgo de que en la cumbre del G-20 se abran aún más los mercados a las empresas trasnacionales y los servicios públicos se sigan privatizando, lo que aumentaría la carga de trabajo de las mujeres porque ellas asumirán los gastos de los servicios que no brinda el Estado.
12/AGM/RMB
CONTEXTO
* Política económica impacta más en mujeres
— Originan desempleo, pobreza, exclusión y discriminación
Por Anayeli García Martínez
Organizaciones civiles y sindicales afirmaron que las políticas económicas que generan desempleo, pobreza, exclusión, discriminación, explotación, desigualdad, violencia y feminicidio impactan más en las mujeres.
Luego de realizar el foro internacional âG-20 desde una mirada feministaâ, un grupo de más de 200 economistas, líderes sociales, sindicalistas y defensoras de derechos humanos, pidieron que los gobiernos del mundo propongan un cambio hacia una nueva arquitectura financiera.
En el marco de la semana de acción contra la séptima cumbre del G-20 que se realiza este 18 y 19 de junio, en los Cabos, Baja California Sur, las organizaciones de mujeres reclamaron que las decisiones económicas sean tomadas por el 1 por ciento de la población.
Ante la crisis económica en la que viven las mexicanas, exigieron políticas de desarrollo desde una perspectiva de género, con rostro humano y que incluya el respeto a los Derechos Humanos (DH) de los pueblos.
Aseguraron que los gobiernos no pueden seguir tomando las decisiones a espaldas de los pueblos y deben considerar los derechos de las comunidades.
Señalaron que una alternativa es que los jefes de Estado y los líderes mundiales, e incluso la sociedad civil, elaboraran un proyecto que tenga como eje la justicia social, basada en los derechos económicos, sociales, ambientales y de equidad de género.
Explicaron que lejos de privatizar los servicios básicos como el acceso a la energía, el agua, la vivienda o la salud, entre otros, se deben ver como derechos humanos, como lo explica la filosofía del âbuen vivirâ desarrollada en otros países latinoamericanos.
También demandaron que se reconozca que en los países de América Latina hay pluralidad y por tanto se debe impulsar una democracia participativa que permita la construcción de un nuevo modelo económico y social, que surja desde los pueblos y desde los aportes de las mujeres.
Para las organizaciones es imprescindible reconocer la aportación de las mujeres en el trabajo cotidiano que en su mayoría es no remunerado: a la economía del cuidado en los hogares, al trabajo doméstico y al trabajo comunitario, que contribuye a la generación de riqueza de los países en la economía global.
Por ello exigieron que cada gobierno impulse la creación de empleos estables y salarios dignos para las mujeres, con acceso a la seguridad social y a los derechos laborales que marca la ley.
Explicaron que en el caso de México se debe promover una ley laboral con transversalidad de género que elimine los obstáculos para la incorporación de las mujeres al mundo del trabajo en condiciones de igualdad.
Dicha ley debería integrar lineamientos para erradicar la eliminación de toda forma de discriminación y violencia sexual y laboral hacia las mujeres; y con ello fortalecer la participación equilibrada en la esfera de toma de decisiones.
En el empleo las mujeres buscan que se establezca un compromiso bilateral entre naciones que les garantice acceder a la capacitación y a mejores puestos.