La promulgación, el día de hoy, de la Reforma Constitucional en Materia de Transparencia, debe marcarse como un logro de la sociedad mexicana en su conjunto, involucrada cada vez más con las cuestiones políticas y públicas, cansada de las evidentes prácticas de corrupción que se cometen desde las altas esferas de poder y del uso indebido de los recursos públicos que se realiza en los tres ámbitos de gobierno, con la complacencia del presidente, el gobernador o el presidente municipal en turno.

Dicho acto representa un paso más para acabar con la opacidad y la reticencia de algunos entes públicos obligados que se niegan a decirle a la gente en qué se gasta el dinero que reciben por la vía de los impuestos de todos los mexicanos y las mexicanas.

La reforma sobre transparencia aprobada por los diputados federales y los senadores, y ahora promulgada por Enrique Peña Nieto, reconoce la lucha de organizaciones como el Partido de la Revolución Democrática que desde antes de la creación del Instituto de Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), en 2003, siempre han pugnado por contar con mejores reglas para conocer en qué y hacia dónde se dirigen los recursos que le dan viabilidad, que sostienen presupuestalmente al andamiaje político, social y económico del país.

El decreto de la reforma en materia de transparencia es un paso más en una materia que sin duda debe perfeccionarse, pero con la que esperamos se ponga fin al oscurantismo que prevalece en, por ejemplo, eventos como el encabezado por el panista Jorge Luis Preciado a favor de uno de sus familiares en las instalaciones del Senado de la República, y a prácticas de “intermediarismo” con recursos públicos que corresponden a los municipios del país por los que ha sido señalado Luis Alberto Villarreal, coordinador de diputados del PAN, pero que estamos seguros no es el único caso.

Asimismo, con la promulgación de dicho documento esperamos que se acabe con el supra poder que detentan caciques sindicales como Carlos Romero Deschamps y otros ligados al Partido Revolucionario Institucional, que han encontrado en los recursos de los trabajadores una mina de oro en beneficio personal.