*Raúl Cuevas Quezada
Zacatecas, Zac.-El 2 de diciembre de 2012, en el Castillo de Chapultepec de la ciudad de México, el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto y los presidentes de los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, firmaron el Acuerdo Político Nacional denominado Pacto por México.
El acuerdo principal de dicho pacto fue el de profundizar en el proceso democrático del país con base en tres ejes rectores: El fortalecimiento del Estado Mexicano; La democratización de la economía y la política, así como la ampliación y aplicación eficaz de los derechos sociales; La participación de los ciudadanos como actores fundamentales en el diseño, la ejecución y la evaluación de políticas públicas.
Para cumplir con los objetivos de dicho pacto, fue necesario llevar a cabo un importante número de reformas sin precedentes en la historia del país, debido a que en menos de año y medio se ha transformado la Constitución mexicana en temas que van desde lo laboral a lo educativo, de la transparencia a las telecomunicaciones y hasta llegar a la político-electoral que será materia de análisis en el presente artículo.
El pasado 10 de febrero de 2014, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia política-electoral, con ello se abre una nueva etapa en el largo proceso de transformación del régimen político, debido a que estos cambios modifican de manera importante las reglas e instituciones del sistema electoral, del régimen de partidos y de gobierno en el ámbito nacional y local.
Dicha reforma constitucional que está en proceso de perfeccionamiento, modifica el modelo de organización electoral consolidado en los últimos 23 años de existencia del Instituto Federal Electoral que cambia su denominación por Instituto Nacional Electoral (INE).
En el artículo segundo transitorio, de la reforma constitucional se establece la obligación del Congreso de la Unión de expedir las leyes secundarias, a más tardar el 30 de abril de 2014.
En tal virtud, comentare de manera muy breve los contenidos básicos que deberá considerar la nueva legislación electoral que está por aprobarse:
La ley general que regule a los partidos políticos nacionales y locales: Establecerá las normas, plazos y requisitos, para su registro legal y su intervención en los procesos electorales federales y locales; regulará los derechos y obligaciones de sus militantes; la transparencia en el uso de sus recursos; reglamentará el sistema de participación electoral de los partidos políticos a través de la figura de coaliciones para procesos electorales federales y locales, y deberá contemplar un sistema de fiscalización sobre el origen y destino de los recursos con los que cuenten los partidos políticos, coaliciones y candidatos, entre otros temas a destacar.
La ley general que regule los procedimientos electorales: Establecerá entre otros aspectos importantes, las fechas de celebración de las elecciones federales y locales; la estructura del INE; los mecanismos de coordinación entre los Órganos del Ejecutivo Federal en Materia de Inteligencia Financiera y el INE; las reglas para transparentar el financiamiento; los términos en los que habrán de realizarse debates de carácter obligatorio entre candidatos; la regulación de la propaganda electoral; las reglas para garantizar la paridad entre géneros en candidaturas a legisladores federales y locales y las reglas, plazos, instancias y etapas procesales para sancionar violaciones en los procedimientos electorales.
La ley general en materia de delitos electorales: Establecerá los tipos penales, sus sanciones, la distribución de competencias y las formas de coordinación entre la Federación y las entidades federativas.
Ley reglamentaria del párrafo octavo del artículo 134 constitucional de conformidad con el artículo tercero transitorio de la multicitada Reforma Constitucional, establecerá las normas a que deberán sujetarse los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y de cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, y que garantizará que el gasto en comunicación social cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, así como que respete los topes presupuestales, límites y condiciones de ejercicio que establezcan los presupuestos de egresos respectivos.
De las leyes secundarias que expida el Congreso de la Unión en los días por venir, dependerá en gran medida, que las reformas constitucionales aprobadas den lugar a cambios positivos en el sistema electoral mexicano, ya que estamos transitando a una nueva etapa de la institucionalidad que regirá los procesos electorales en el país, tanto en los estados como en la Federación.
Finalmente esperamos que los legisladores federales realicen un adecuado ejercicio parlamentario para dar cauce y certidumbre a la nueva normatividad electoral que está por aprobarse, la prueba de fuego de todas las leyes anteriormente mencionadas está por llegar, tanto en su reglamentación como en su aplicación, en la que el Instituto Nacional Electoral tendrá una destacada e importante labor por realizar.
* Vocal Ejecutivo de la 01 JDE del IFE en el estado
