Por: Dra. Norma Julieta del Río
Zacatecas, Zac.-Desde la semana pasada comenzó a escucharse nuevamente y con fuerza el tema de la creación del órgano responsable de combatir la corrupción, que será el Congreso de la Unión según el Dictamen, el que determine su denominación.
Han pasado justo ocho meses, pues desde el mes de febrero de este año, sigue en la Cámara de Diputados el Dictamen enviado por el Senado de la Republica, el compromiso numero uno en la lista de los 266 firmados por el Presidente de la Republica.
En la minuta aprobada, especifica que será el Senado quien nombre a su Titular y estará integrado por un Consejo Consultivo donde participaran tres ciudadanos nombrados por el Senado, más un representante del Poder Ejecutivo, uno más de la Auditoría Superior de la Federación y otro por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos.
Es desde diciembre del 2012 cuando el Presidente de la República, presentó en materia de transparencia y rendición de cuentas, la iniciativa de Ley para crear la Comisión Nacional Anticorrupción y la iniciativa donde otorga nuevas facultades al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, esta ultima ya aprobada e instalada en funciones con sus siete nuevos Comisionados después de un buen proceso de selección en el Senado de la Republica, pero el órgano responsable de combatir la corrupción sigue en análisis.
En la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública Federal publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de enero del 2013, contempla la desaparición de la Secretaria de la Función Pública y en sustitución de esta, entraría en funciones el Órgano que se encargara de combatir la corrupción.
Aunque a decir verdad, ya en varias Dependencias y Entidades de la Federación la figura del Titular del Órgano Interno de Control, ya es designada por el o la Titular de estas Dependencias y Entidades, como se visualiza será en este nuevo Órgano, pues los OICS se convertirán en Unidades de Auditorias Preventivas.
Ya vimos que en el caso de Pemex y CFE, al dejar de ser Paraestatales y convertirse en Empresas Productivas, NO les aplicara más la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público ni la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Se regirán bajo las disposiciones que al efecto establecen la Ley de Petróleos Mexicanos y la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, así como lo establecido en sus transitorios y conformaran un Comité de Auditoría, dejando atrás la figura del Órgano Interno de Control dependiente de la Secretaria de la Función Publica.
Poco a poco la SFP va perdiendo estos controles ante su desaparición a futuro en cuanto aparezca este Órgano Anticorrupción.
Se hablo en la semana en medios nacionales, sobre posibles cambios que puedan venir a la minuta enviada por el Senado a la Cámara de Diputados, de ser así, tendría que ser enviada de nuevo al Senado de la Republica. Se dice que uno de los partidos esta visualizando que este organismo o comisión, no cuente con la facultad de sancionar administrativamente actos de corrupción, de hecho hace algunas semanas Olivas Ugalde dio a conocer que existen propuestas para la creación de tribunales especializados en aplicar sanciones administrativas a los servidores públicos que se aparten de las normas legales, siendo conveniente analizarlo en la Cámara de Diputados, y otros partidos sugieren cambios más profundos,
Sin duda, está más cerca que nunca la Comisión Nacional Anticorrupción y debe de desaparecer la SFP, entonces en los Gobiernos locales determinaran sus Ejecutivos si cuentan con su propia figura de Auditoría Interna como lo Federal y crean por mandato la Comisión Anticorrupción en los plazos establecidos, o desaparecen de plano su órgano interno de control, una cosa es distinta a la otra, ojo y que nadie se confunda.
Se percibe que hay algunas dudas o falta de interpretación cuando sea aprobado el nuevo órgano responsable de combatir la corrupción en relación a la continuidad de los órganos de control estatales, algunos han llegado a suponer que será solo cambio de nombre y no es así, en el dictamen de creación del organismo se establece con claridad las funciones únicas que tendría este órgano autónomo, también habla de unidades de auditoría interna, así que sin ningún problema, las entidades federativas podrán contar con sus órganos internos de control, unidades de auditoría interna o como le quieran llamar, para la realización de sus revisiones y auditorias, dentro de su estructura de sus leyes orgánicas.
Después de salir del Congreso, se deberán de expedir leyes secundarias y reformas normativas, como expedir la nueva ley de responsabilidades y combate a la corrupción, que será aplicada por los tres órdenes de gobierno, así que ojala los Diputados se pongan ya de acuerdo y no tarden mas para dar cumplimiento a este compromiso, y sea una realidad la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción.
