“Debido a que hay cerca de 900, 000 mil  niños, niñas y adolescentes migrantes que trabajan en el sector agropecuario para contribuir a la economía de sus familias dejando a un lado sus necesidades y derechos fundamentales como la educación y la salud, es necesario que la Secretaría de Educación Pública diseñe, implemente y ejecute un modelo integral de inclusión educativa para ellos”, señaló en tribuna la diputada Bárbara Romo.

Durante el debate de este tema, la legisladora zacatecana aseguró que los menores “se enfrentan generalmente a condiciones de explotación laboral y otro tipo de abusos, viendo cada vez más lejanas sus posibilidades reales de acceder a nuevas y mejores oportunidades que les garanticen el desarrollo pleno de sus potencialidades y una vida digna y segura como corresponde a su edad.”

Detalló que durante los meses de septiembre a mayo, infantes y adolescentes migran junto a sus familias para trabajar en los sembradíos, principalmente del norte de nuestro país.

Por lo anterior, insistió “es necesario garantizar el acceso a la educación de las hijas e hijos de jornaleros agrícolas migrantes, toda vez que además de las dificultades ya señaladas, muchas veces suspenden sus estudios debido a las complicaciones administrativas que implican el cambio de residencia.”

Afirmó que la actividad laboral de los niños y adolescentes trae como consecuencia la  inasistencia y la deserción escolar acentuando su condición de  vulnerabilidad.  Aunque reconoció a los esfuerzos del Estado para tratar esta problemática a través del impulso de programas de atención a niños jornaleros migrantes, desafortunadamente dijo, no han sido del todo eficaces.

Finalmente, el Proyecto de Decreto que reforma el artículo 8 de la Ley de Migración que debatió y defendió la diputada Romo, fue aprobado por 366 votos a favor.