Fresnillo, Zac.- Movimiento Ciudadano lamentó que la ausencia de acciones gubernamentales para combatir la inseguridad pública haya repercutido en malas condiciones económicas para los campesinos y comerciantes, sectores afectados en los últimos meses.

“En las comunidades ya fueron por sus animales, se los robaron; ya fueron por su cosecha; ahora van por los transformadores. El campo es uno de los sectores más golpeados por la inseguridad en este momento, al igual que los comerciantes”, dijo Saúl Monreal Ávila, Coordinador de la Comisión Operativa Estatal.

Por ello pidió a las instituciones de seguridad pública que atiendan la problemática, pues la ausencia de acciones en la materia ha puesto en crisis la economía de los ciudadanos y en riesgo la ruta de desarrollo económico del estado.

En conferencia de prensa en Fresnillo agregó que sería irresponsable no emitir un pronunciamiento ante ello, cuando está en juego la búsqueda de un mayor desarrollo económico para el estado y el país, que a la fecha no se observa.

Recordó que sólo en 2014 se dio el cierre de 700 comercios en Zacatecas, en parte por las reformas estructurales y por la ausencia de condiciones económicas que permitan la subsistencia de los negocios.

Monreal Ávila también crítico la incongruencia con que actúa el PRI en Zacatecas, pues mientras a los tuneros de Trancoso les regalan cubetas para su trabajo, en Fresnillo no se les permite a los comerciantes buscar espacios para ofrecer los productos a la gente.

Añadió que a ese escenario se le suman las 11 reformas estructurales aprobadas por los diputados federales priistas y sus aliados, que han mermado a los sectores sociales con el incremento en el precio de la gasolina o en los impuestos que deben pagar a la Secretaría de Hacienda.

“Lo único que han traído las reformas de Peña Nieto son más desgracias a nuestro país y a nuestro estado. Este tiempo ya nos sirvió para darnos cuenta quiénes somos y quiénes son los mentirosos que engañan a Zacatecas; la misma sociedad se da cuenta de ello”, sentenció Saúl Monreal.

Aseguró que por ello la sociedad ha tomado la definición de no apostarle al proyecto priista que tanto ha dañado al país.

“La sociedad zacatecana ya tomó una definición, de que no van a ir al PRI; si ellos quieren comprar la conciencia de la gente, no lo vamos a permitir”, expuso Saúl Monreal.

No deben aprobarse reformas al campo y al agua

En otro tema, indicó que la reforma al campo y a la Ley de Aguas Nacionales tiene la intención de concluir con el proceso privatizador de los recursos del país, iniciada con las reforma energética y en materia minera.

“La reforma al campo que anunció Peña Nieto lo único que representa es la privatización del campo mexicano, lo que afectará a la mayoría de los productores zacatecanos, debido a que el acceso a los apoyos será más difícil para los productores que cuenten con menos de 5 hectáreas de terreno”, dijo Monreal Ávila.

Mientras que respecto de la Ley de Aguas Nacionales, que se encuentra en discusión en el congreso, explicó: “La intención es privatizar el e vital líquido, y si la aprueban van a afectar a las personas que menos tienen; por eso deben estar en el Congreso de la Unión diputados que defiendan los intereses de la ciudadanía, no de las empresas privadas”.

Recordó que la propuesta priista establece la posibilidad de concesionar el agua potable a empresas, para que operen la distribución del líquido por 35 años, con la posibilidad de tener un segundo periodo similar.

Además –expuso- se permitirían megaproyectos sin considerar los costos sociales, económicos y ambientales, lo que en Zacatecas es riesgoso debido a que hay regiones que tienen muy poca agua.

La propuesta –alertó- también establece que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) dejaría de tener la facultad única de regular los trasvases de agua, para dejar esta tarea en manos de las empresas privadas, como Grupo Higa, el cual tiene 60 por ciento de operación de sistemas como el Acueducto Monterrey.

Recordó que en Zacatecas son varios los sistemas de agua que destinan la mayor parte del líquido a las empresas o las clases altas, dejando de lado a la población, sin considerar los problemas técnicos que enfrentan los organismos operadores.