Aguas electorales

Agenda Política

Gabriel Contreras Velázquez

Retomo un par de notas de enero de 2012 en algunos diarios de circulación nacional donde, mediante solicitudes de información pública, se sabe que desde 2006 el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) ha hecho uso de herramientas de medición de opinión pública para elaborar el mapa de “Percepciones Sociales en Torno al Agua”.

Los sondeos fueron realizados entre el 23 y 24 de noviembre de aquél año, con la finalidad de auxiliar en el diseño (y revisión) anual de la Agenda Nacional de Riesgos, definida en el sitio web del Centro como: “un producto de inteligencia y un instrumento prospectivo que identifica riesgos y amenazas a la Seguridad Nacional, la probabilidad de su ocurrencia, las vulnerabilidades del Estado frente a fenómenos diversos y las posibles manifestaciones de los mismos”.

Mediante un interrogatorio vía telefónica a 700 personas mayores de 18 años, los diarios notificaban que el documento dibujaba percepciones de preocupación por parte de la población en general. Es el caso de que 72.2% de los encuestados consideró que en mediano plazo (diez años), el país no tendrá suficiente agua para satisfacer las necesidades del consumo de los habitantes. En el largo plazo (30 años), el nivel de preocupación se mantiene en altos niveles -73.1%- respondiendo a la pregunta sobre la suficiencia del agua para consumo humano.

Las condiciones actuales sobre el uso del vital líquido en México, según los últimos datos de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), arrojan testimonios sobre: consumo anual per cápita de 5 mil metros cúbicos, 16.5% de la población sin acceso al agua potable, de los que tienen acceso 60% contraen enfermedades por la deficiente calidad del agua, pues el 68% de las aguas superficiales se encuentran contaminadas. En cuanto al destino del agua el 83% es para riego agrícola, 12% es consumo doméstico, 3% en industria y 2% en acuacultura.

En Zacatecas, según informaciones de la Secretaria de Medio Ambiente (SAMA), para consumo humano es utilizada el 9% de la extracción total, mientras que para industria apenas el 2%. Para riego agrícola, más del 80% del líquido explotado. Luego, del total obtenido, el 40% se desperdicia por fugas en tuberías, por lo que algunas comunidades pueden disfrutar del servicio cada 9 o 10 días. En tono alarmante, la titular de SAMA, Alma Fabiola Rivera Salinas, advertía en su mensaje por el Día Internacional del Agua, la semana pasada, que en la entidad: “No tenemos agua para manejar más allá de 2050”, debito a la sobre explotación del recurso hídrico en el sector agrícola.

Si nos amparamos en este mapa de condiciones factuales, es muy probable que los pronósticos no tiendan a mejorar las percepciones sociales en torno al agua de 2006 a la fecha. A ello debemos agregar que en el sondeo realizado por el CISEN, el escenario de la privatización del servicio de agua potable ya manifestaba dudas en un 61% de la población, contrastando con un 22.2% de personas que opinaban estar de acuerdo, y otro 20% que no supo o no respondió.

Ahora bien, las condiciones políticas alrededor de las percepciones generan escenarios altamente costosos para la discusión de la Ley General de Aguas, afectando en buena medida al Gobierno Federal, quien en este sexenio ha transitado por procesos de reformas constitucionales con un contraste obvio de opiniones y posicionamientos políticos, pero que en la opinión pública no alcanzan más que a dar niveles de aceptación apenas asimilables.

Si lo comparamos con la caída más abrupta de nivel de aceptación por ejemplo del presidente Ernesto Zedillo -el peor calificado en los últimos 20 años- en momentos de crisis económica y ruptura nacional, el “efecto Tequila” de la economía del país, el levantamiento armado en Chiapas, la muerte de Luis Donaldo Colosio, son puntos de quiebre (con fuertes contradicciones acumuladas) inigualables en la vida política del país, que en nada se equiparan con los errores de gobierno con que Peña Nieto ha construido un amplio margen de desaprobación nacional (53%). La diferencia sustancial: el diagnóstico y la acción sobre los problemas nacionales.

Es así que en momentos de desconfianza, duda, incredulidad y sospecha (conceptos con los que el amigo Peña dibujaba, en su visita a Londres, el clima político, social y económico del país que gobierna) la premisa de una eventual “privatización” del servicio de agua en el país resulta más un elemento negativo en las percepciones (hoy, además, electorales), que un debate legislativo inacabado.

Reflejo de ello fue la lectura política que dio el diputado Manlio Fabio Beltrones hace un par de semanas en la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), al posponer la discusión de la controvertida ley debido a que la oposición la convertiría en una bandera de lucha electoral.

Con poco decoro, y petulante (raro de sí), reculó finalmente.

http://issstezac.gob.mx/boliche/

Noticias relacionadas

*

*

Top
CLOSE
CLOSE