A fin de garantizar la atención y protección de los derechos de los adultos mayores, la senadora Geovanna Bañuelos propuso modificaciones al Código Penal Federal y la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para incluir a este grupo poblacional en la categoría relativa de las sanciones por abandono o maltrato.
Mediante una iniciativa que reforma el artículo 335 del Código Penal Federal, la vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo detalla que el objetivo de la propuesta es sancionar con una pena de un mes a cuatro años de prisión a quien abandone a una persona adulta mayor, y en caso de que el abandono de la persona adulta mayor resulte en una lesión o daño la pena se aumentarán en una tercera parte.
“Atender el abandono de las personas adultas mayores no es solo una cuestión de justicia social, sino una condición indispensable para construir un país más humano. Garantizar una vejez digna implica reconocer que nadie debería enfrentar el final de su vida en soledad forzada, y que el cuidado, lejos de ser un privilegio o una carga, es un derecho que el Estado está obligado a proteger”, resaltó la senadora Geovanna Bañuelos al fundamentar la propuesta.
Asimismo, se reforma el artículo 5 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para establecer que en caso de que exista abandono de una persona adulta mayor, el Estado, a través de las autoridades competentes de los tres órdenes de gobierno, deberá implementar de manera inmediata medidas integrales de protección que incluyan, al menos:
- Atención médica y psicológica urgente;
- Aseguramiento de condiciones dignas de alimentación, vivienda y cuidado;
- Acompañamiento jurídico y social;
- Canalización a redes de apoyo, instituciones públicas o privadas especializadas;
- Medidas de protección personal y patrimonial, cuando exista riesgo;
- Acciones para la restitución plena de sus derechos.
En México existen 17 millones 121 mil personas adultas mayores lo que representa el 12.8%, porcentaje similar en Zacatecas (más de 200 mil personas) de acuerdo con el Consejo Nacional de Población (Conapo, 2025).
De estas cifras, cerca del 47% enfrenta alta vulnerabilidad en pobreza, carencias de ingreso, seguridad social, así como discriminación, violencia (abandono, física, psicológica y económica), problemas de salud, exclusión social, falta de accesos de servicios e inestabilidad económica.
La legisladora por Zacatecas resaltó que el abandono familiar de las personas de la tercera edad en México constituye una de las formas más graves y silenciosas de vulneración de derechos humanos.
Esta problemática suele permanecer invisibilizada y como resultado, miles de personas adultas mayores enfrentan la vejez en condiciones de soledad, precariedad y desprotección, sin mecanismos efectivos de apoyo inmediato.
En este sentido, Geovanna Bañuelos destacó la importancia de contar con legislación sólida que permita aplicarse en beneficio de este grupo y al mismo tiempo ser una medida previsora para generar una cultura de protección a las personas adultas mayores.
Además, el Estado debe garantizar una intervención estatal respetuosa, proporcional y centrada en la persona mediante la aplicación de medidas basadas en los principios de dignidad humana, enfoque de derechos humanos, perspectiva de género, interés superior de la persona adulta mayor y no revictimización.
“Para el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la protección de las personas adultas mayores no es un acto de caridad ni una concesión asistencial, sino una obligación ética, política y social del Estado”, aseveró Geovanna Bañuelos.
Por ello dijo, para el Partido del Trabajo proteger a la persona adulta mayor implica garantizar condiciones reales para una vida digna, libre de abandono, violencia y exclusión, colocando al cuidado, la seguridad social, la salud y el acompañamiento integral en el centro de la acción pública, con un enfoque de justicia social y derechos humanos.
“Es importante contar con legislación sólida que permita aplicarse en beneficio de este grupo y al mismo tiempo ser una medida previsora para generar una cultura de protección a las personas adultas mayores”, concluyó la líder parlamentaria.