“UN ESPEJISMO” LAS FISCALíAS ESPECIALES EN Mí‰XICO

Carecen de autonomí­a y de resultados

Por Anayeli Garcí­a Martí­nez

(CIMAC).-En un acto de simulación, el Estado mexicano crea fiscalí­as especiales cuya misión es “investigar” y esclarecer hechos violentos pero en la práctica son instancias carentes de autonomí­a

Tuvieron su auge en la década de los noventa cuando tras los asesinatos de los polí­ticos priistas Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu, y del cardenal  Juan Jesús Posadas Ocampo, se crearon como respuesta al reclamo social que exigí­a conocer la “verdad” de los hechos.

Lo mismo ocurrió para las violaciones graves a derechos humanos como las masacres de Acteal, en Chiapas, donde murieron 45 indí­genas en diciembre de 1997, o la de 1995 en Aguas Blancas, Guerrero, donde 17 campesinos fueron asesinados.

En 2002, la Procuradurí­a General de Justicia capitalina anunció la creación de la Fiscalí­a Especial sobre el caso Digna Ochoa, abogada defensora de derechos humanos, asesinada en octubre de 2001.

En el tema Colosio, la Fiscalí­a determinó que Mario Aburto Martí­nez, presunto autor material del crimen, actuó solo para asesinar al entonces candidato presidencial; en el de Ruiz Massieu se acusó a la Fiscalí­a de fabricar pruebas; y en el del Cardenal Posadas Ocampo se concluyó que su asesinato “fue una confusión”, es decir, los sicarios se “equivocaron” de ví­ctima.

Sobre Digna Ochoa, la Fiscalí­a desapareció en 2004, al concluir sus pesquisas y determinar que la abogada “se suicidó”.

Otras Fiscalí­as Especiales son las creadas para “investigar” la violencia contra las mujeres, surgidas ante el recrudecimiento del fenómeno, principalmente durante el sexenio de Vicente Fox en el cual fueron asesinadas 6 mil mujeres y niñas.

En respuesta a la demanda de organizaciones feministas que pidieron la creación de una institución especializada para investigar los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, el gobierno federal tomo acciones al respecto.

Fue así­ que en 2003 creó la Agencia Mixta del Ministerio Público en “materia de investigación de delitos de homicidios de mujeres relacionados con delitos federales y de delincuencia organizada”, como resultado del convenio de colaboración entre la Procuradurí­a General de la República (PGR) y la Procuradurí­a de Justicia de Chihuahua.

Al paso de los años, esta agencia se transformó en la Fiscalí­a Especial para la Atención de Delitos relacionados con actos violentos contra las mujeres (Fevim) y en 2008 en Fevimtra, cuya facultad se amplió para investigar el delito de trata de personas.

La Fevimtra, al igual que otras instituciones, nace como fiscalí­a especial, pero depende de la PGR, que de acuerdo con el reglamento de su Ley Orgánica dice a la letra: “Las fiscalí­as especiales creadas mediante Acuerdo del Procurador, antes de la entrada en vigor del presente Reglamento, continuarán realizando sus funciones hasta el momento en que concluyan el objeto para el que fueron establecidas”.

En el Acuerdo por el que se crea la Fevimtra –dependiente de la oficina del procurador– se establece que ésta tendrá facultades para investigar y perseguir los delitos en la materia, a excepción de aquellos que estén relacionados con la delincuencia organizada o que competan a la federación.

En el documento de su creación la Fevimtra tiene carácter de Ministerio Público de la Federación y con ello la obligación de informar de sus actividades al titular de la PGR, es decir, no tiene autonomí­a.

PARA MUESTRA UN BOTí“N

La falta de autonomí­a de las fiscales designadas en la Fevimtra ha quedado evidenciada en casos como los de la periodista Lydia Cacho quien denunció ante esta instancia haber sido ví­ctima de tortura y violencia de género durante su traslado de Cancún a Puebla en su detención en 2005.

Pese a las declaraciones de la periodista y pruebas ofrecidas, y a que en ese entonces la Fiscal Alicia Elena Pérez Duarte sostuvo que la investigación tení­a el 95 por ciento de “avance” finalmente la Fevimtra concluyó: “será el procurador Daniel Cabeza de Vaca el que definirá si se ejercita o no la acción penal, quién la ejercita y en qué lugar”

En el caso de las mujeres violadas por policí­as de los tres órdenes de gobierno durante los operativos de 2006 en San Salvador Atenco y Texcoco- cuyo caso ya está en la CIDH- Pérez Duarte aseveró en una entrevista con Cimacnoticias.

“Faltaban dos peritajes, que sabí­a ya estaban listos “y sin haberlos leí­do son positivos, es decir, hubo tortura” y por tanto, sí­ se puede consignar en el ámbito federal o se le puede entregar al Estado de México la investigación ya integrada para que el consigne.

“Le dejo a Medina Mora todos los elementos para que él pueda, sepa, que está demostrada la tortura y que está listo para consignar”. El caso se cerró y la fiscalí­a declinó su competencia a la Procuradurí­a de Justicia del Estado de México.

Actualmente la Fevimtra tiene a su cargo la investigación y sanción de los militares responsables de la violación sexual cometida contra las indí­genas tlapanecas Inés Fernández y Valentina Rosendo, ocurrido en 2002 en Guerrero, en acato a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

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