Legislatura deberá entregar versiones públicas de contratos de trabajadores

Zacatecas, Zac. – En sesión ordinaria, el Pleno del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IZAI) resolvió 23 inconformidades ciudadanas por falta de respuesta a sus solicitudes de información pública, además de siete denuncias por la falta de publicación de obligaciones de transparencia.

De los recursos de revisión, ocho recayeron bajo la ponencia de la comisionada presidenta Fabiola Torres Rodríguez, quien instruyó modificar la respuesta y completar la información en cinco casos: la LXIV Legislatura del Estado deberá entregar versiones públicas de comprobantes de pago y contratos de sus trabajadores; el municipio de Cañitas de Felipe Pescador deberá informar al solicitante cómo obtener copias certificadas de actas de Cabildo y establecer el costo real de las mismas; el Ayuntamiento de Huanusco deberá entregar comprobantes de gastos, y el municipio de Villa González Ortega deberá informar sobre los nombramientos de funcionarios.

Torres Rodríguez también instruyó al Centro de Conciliación Laboral del Estado de Zacatecas revocar su respuesta a dos peticiones de información, por lo que deberá informar sobre contratos colectivos de trabajo de empresas privadas.

Mientras tanto, la comisionada presidenta determinó dejar sin efecto una inconformidad contra el municipio de Río Grande, al comprobar que se entregó al solicitante información estadística en materia de seguridad.

El comisionado Samuel Montoya Álvarez fue ponente de ocho inconformidades más, en tres de ellas instruyó la entrega de información: La LXIV Legislatura deberá informar a un ciudadano sobre acuerdos de comisiones; el Instituto Tecnológico Superior de Nochistlán deberá completar información sobre nombramientos, contratos, convenios, renuncias, despidos, indemnizaciones y finiquitos del personal entre 2020 y 2022; y el Ayuntamiento de Villa González Ortega deberá desclasificar y entregar información sobre obras realizadas.

Bajo ponencia de Montoya Álvarez, también se confirmó la respuesta del municipio de Zacatecas a una solicitud de información sobre el Plan Municipal de Desarrollo; así mismo del Instituto de Cultura Física y Deporte que dio información estadística sobre jugadores y entrenadores; y el municipio de Guadalupe, que dio información sobre la plantilla laboral.

El comisionado determinó dejar sin efecto dos inconformidades, al comprobar que se informó a los solicitantes de información sobre altas y bajas en la actual administración del municipio de Río Grande, y área de asignación de nuevo personal en el Ayuntamiento de Morelos.

La comisionada Nubia Barrios Escamilla resolvió siete recursos de revisión, en cuatro de ellos instruyó la entrega de información: la LXIV Legislatura deberá entregar a un solicitante la nómina certificada de la última quincena de abril del 2021; el municipio de Guadalupe deberá informar a un ciudadano sobre el suministro de agua de pipa en asentamientos irregulares; el Ayuntamiento de Villa González Ortega deberá informar sobre gastos emitidos por el departamento de Obras Públicas y servicios municipales; y el municipio e Pinos deberá enviar al solicitante información de gastos del DIF municipal.

La comisionada también determinó dejar sin efecto cuatro inconformidades al comprobar que los municipios de Río Grande, Morelos y Huanusco, así como la Secretaría de las Mujeres, respondieron correctamente a sus solicitudes de información.

En la sesión también se resolvieron siete denuncias, de las cuales cinco se declararon fundadas y se instruyó a las instituciones públicas completar la información en la Plataforma Nacional de Transparencia: dos contra la dirigencia estatal del Partido de la Revolución Democrática, una contra el municipio de Villa García, una contra el Partido Acción Nacional y una contra el Ayuntamiento de Miguel Auza.

Por otra parte, se declaró infundada una denuncia contra la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional y una contra el municipio de Saín Alto, ya que cumplen con la información pública que mandata la ley.

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