Por: Dra. Norma Julieta del Río
Zacatecas, Zac.-El 4 de mayo de 2015 no fue una fecha menor en la historia democrática de México. La promulgación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública marcó el inicio de una nueva etapa en la relación entre el Estado y la ciudadanía. No se trató únicamente de ampliar obligaciones o sistematizar información: el verdadero cambio fue la consolidación de la autonomía como principio rector del derecho a saber.

La autonomía de los órganos garantes no era un elemento decorativo ni una concesión administrativa. Era la condición indispensable para asegurar que el acceso a la información pública se ejerciera sin interferencias políticas, sin subordinaciones y sin pretextos. Gracias a ello, se construyó un modelo que buscaba garantizar un “piso parejo” en todo el país: sin importar si una persona solicitaba información en el norte o en el sur, las reglas, los criterios y las obligaciones eran los mismos.

Esa homogeneidad no surgió por casualidad. Fue resultado de una lucha social sostenida y de un ejercicio de parlamento abierto en el entonces Senado de la República, donde la apertura se convirtió en práctica y no solo en discurso.

La creación de herramientas como la Plataforma Nacional de Transparencia, que sustituyó al sistema Infomex, permitió materializar ese ideal. Acercó la información pública a cualquier persona con acceso a internet y contribuyó a reducir brechas históricas en el ejercicio de este derecho.

Sin embargo, una década después, el panorama ha cambiado de forma significativa.

El 20 de marzo de 2025 marcó un punto de quiebre. La autonomía que había sido el pilar del sistema fue eliminada, dando paso a un nuevo modelo institucional que, hasta ahora, no ha logrado consolidarse ni operar plenamente. Lo que en su momento fue una garantía, hoy se ha convertido en una ausencia que se refleja en retrasos, desarticulación y falta de claridad en su implementación.

La transición no ha sido tersa ni completa. Aunque los nuevos organismos descentralizados debían estar en funcionamiento desde junio del año pasado, la realidad muestra incumplimientos, estructuras incompletas y una operación fragmentada. En lugar de fortalecer el acceso a la información, el cambio ha generado incertidumbre y, en muchos casos, un retroceso en las condiciones para ejercer este derecho.

Uno de los efectos más preocupantes es la ruptura del “piso parejo” que se había construido. Hoy, el acceso a la información ya no se garantiza de manera uniforme en todas las entidades federativas. Las diferencias en capacidades, criterios y voluntad institucional han reintroducido desigualdades que la ley de 2015 había logrado reducir. El derecho a saber vuelve a depender, en gran medida, del lugar donde se ejerza.

Pero más allá de los aspectos operativos, la pérdida de la autonomía tiene implicaciones de fondo. Sin órganos independientes, el riesgo de que las decisiones en materia de transparencia respondan a intereses políticos aumenta considerablemente. La confianza ciudadana, que ya era frágil, se ve aún más comprometida cuando las instituciones encargadas de garantizar derechos carecen de independencia.

Quienes formamos parte de los organismos de acceso a la información en los estados durante la etapa de consolidación recordamos un sistema que avanzaba, con dificultades, pero con rumbo claro. La reforma de 2015 permitió construir estándares comunes, fortalecer capacidades locales y articular una red institucional que, por primera vez, operaba bajo principios compartidos. Hablo con conocimiento de causa: me tocó ser parte de ese proceso desde el ámbito local antes de asumir responsabilidades a nivel nacional. Hoy, ese legado se encuentra en entredicho.

A once años de la Ley General de Transparencia, es necesario reconocer los avances alcanzados durante su primera década, pero también señalar con claridad los retrocesos. La eliminación de la autonomía no es un cambio menor: es una transformación que redefine el alcance y la efectividad del derecho a la información en México.

La transparencia no se sostiene por inercia. Requiere instituciones sólidas, reglas claras y, sobre todo, independencia. Sin autonomía, el derecho a saber pierde su principal garantía y corre el riesgo de convertirse en un mecanismo limitado, condicionado o incluso simbólico.

El aniversario de esta ley debería servir no solo para recordar lo que se logró, sino también para advertir lo que aún está pendiente por lograr.