Agenda Política
Por: Gabriel Contreras Velázquez
Zacatecas, Zac.-A finales del mes de Enero el gobernador Alonso Reyes, así como el secretario general de Gobierno, Francisco Escobedo, pusieron en la agenda pública la posibilidad de buscar un “pacto de civilidad” con los partidos políticos locales, previendo el proceso electoral que está en marcha, y culminará el próximo Domingo 7 de Julio, donde la ciudadanía acudirá a votar por presidentes municipales y diputados locales.
El momento político no es menos parecido a lo que anteriormente el Instituto Federal Electoral (ahora en proceso de transformarse en Instituto Nacional Electoral) había propuesto en el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales, gracias a la experiencia electoral de 2006, donde las “campañas sucias” fueron las que guiaron a la opinión pública y el voto de la población, en uno u otro sentido.
En la misma Ley Electoral del Estado de Zacatecas, en los artículos 140 y 141, respectivamente, se adoptó esta misma modalidad federal, bajo la siguiente lógica: “En la propaganda política o electoral que realicen los partidos políticos, las coaliciones, los precandidatos y candidatos, deberán abstenerse de expresiones que denigren a las instituciones y a los propios partidos, o que calumnien a las personas.” Y no sólo ello, sino que también: “Se preservará el respeto a la vida privada de los candidatos, autoridades, terceros, instituciones y valores democráticos.”
La ley es clara, y la autoridad electoral tiene el compromiso de regular las manifestaciones que perjudiquen cualquiera de los preceptos descritos anteriormente. Es por ello que la intención del gobierno estatal de buscar un “pacto de civilidad” obedece más al contexto político, que al llamado que hiciera junto con el secretario general de Gobierno a la autoridad electoral a realizar su trabajo de manera que no “divida a la sociedad zacatecana” (argumento esgrimido por el presidente Peña Nieto cada que los medios informativos ponían en jaque su imagen durante la elección del 2012).
Ambas autoridades, tanto la electoral como la administrativa, están obligadas a mantener el apego a la norma dentro y fuera de las elecciones. Sin embargo, las condiciones en las que se encuentra inmerso el mapa político zacatecano (un gran bloque opositor de partidos que buscan evitar que el PRI se lleve el “carro completo”), han empujado a que las instituciones busquen garantizar el salir menos dañados durante el periodo de precampañas y campañas.
Prueba de ello es la nueva campaña que echaría a andar el gobierno estatal, que tiene como objetivo el reducir la percepción de inseguridad que se vive en el Estado. Incluso uno de los medios impresos locales, cercano a la Coordinadora de Comunicación Social actual, se habría comprometido a no destinar sus primeras planas a hechos sangrientos o relacionados con la delincuencia organizada.
En términos políticos no carece de sentido ésta campaña que ayude a limpiar la percepción general, ya que sus fines son meramente electorales. El problema, más allá de que se construyan pactos, se generen campañas positivas, y se busque “blindar” una elección (concepto explotado por el ex presidente Calderón en las pasadas elecciones federales), la complejidad de la inseguridad se mantendrá en el tono que ha prevalecido desde hace un par de años en Zacatecas.
Con o sin campaña, con o sin pacto, con o sin blindaje, la oposición buscará ganar capital político (como se explicó en este espacio en la entrega de la semana pasada) a partir de la herida fresca de la administración actual: la inseguridad en todo el territorio estatal. Sus cicatrices son variadas. El endeudamiento para pagar Ciudad Gobierno, y todas las coyunturas políticas relacionadas con el mismo, son suficientes para armar una campaña de comunicación que reste la aceptación ciudadana del gobierno presente.
Pero ningún tema como el de la inseguridad para poner en duda la percepción de estabilidad que de la administración actual. El tablero electoral se antoja frágil frente a este reto.
Los partidos de oposición tienen una gran responsabilidad si quieren legar algo más que votos a la ciudadanía, al abrir el tema de inseguridad. En vez de criticar abiertamente la percepción de desprotección, sería más prudente que a partir del fenómeno criminal propusieran acciones concretas y reales, que reduzcan el reclutamiento de la población a los grupos de la delincuencia organizada. En especial los jóvenes del estado, los cuales se encuentran frente al enorme reto de encontrar fuentes de empleo serias.
Fuera de ello, subirse a la discusión bizantina de la sangre y el conteo de muertes diarias sólo generará mayor hartazgo y escepticismo ciudadano. Si a ello se suma la fuerte imagen del presidente Peña Nieto, junto con el respaldo político al gobernador del Estado, y que las estructuras partidistas se debilitaron al sumarse la militancia al PRI local, donde hoy se reparte la burocracia, será sumamente difícil pensar en una alternancia en 2016.