REFORMA DE TELECOMUNICACIONES “NO FUE DÁDIVA DE PEÑA NIETO”

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Necesario promover derecho de mujeres a comunicar dice experta

Por Anayeli García Martínez

México, DF. (Cimacnoticias).- La investigadora y experta en comunicación, Aimée Vega Montiel, afirmó que la aprobación de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones abre la puerta para que en el futuro los medios establezcan medidas de autorregulación de sus contenidos y  promuevan el derecho de las mujeres a comunicar.

En opinión de la académica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) esta iniciativa –aprobada la semana pasada en  la Cámara de Diputados– es una reforma integral porque para modificar los siete artículos constitucionales en materia de telecomunicaciones y radiodifusión recogió varias propuestas planteadas desde años atrás por la sociedad civil y la academia.

Recordó que desde hace más de 30 años un vigoroso sector de la academia y la sociedad civil ha pugnado por la democratización del sistema comunicativo, por lo que las modificaciones al texto constitucional no se deben ver como “una dádiva de Enrique Peña Nieto y de los partidos políticos”.

Para la investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, es importante que los sectores de la población involucrados en el tema y las organizaciones civiles vigilen que la ley secundaria también contemple la promoción del Derecho Humano (DH) de las mujeres a comunicar.

“¿A qué me refiero? – dice en entrevista con Cimacnoticias- a garantizar la participación paritaria de las mujeres en todos los niveles de la industria, desde el propio Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel). Me parece muy importante que en la conformación de este órgano regulador se garantice una participación paritaria de mujeres como representantes en este consejo”.

Para Vega Montiel, quien también es parte de la Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres, es necesario que en el Ifetel haya mujeres conocedoras del tema que garanticen que las concesiones se asignen bajo criterios de pertinencia social, y no sólo bajo los criterios que ahora dominan que –cabe decir– son estrictamente económicos.

Y continúa: “El derecho a comunicar también significa buscar que aquellos grupos o empresas que soliciten una concesión garanticen que en su programación habrá materiales de productoras independientes y contenidos que promuevan los DH, incluyendo los derechos de las mujeres”.

La también directora de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (Amedi) destaca que la ley secundaria debería establecer que los medios de comunicación, o bien, el Estado, promuevan la participación de mujeres a nivel directivo, en puestos de toma de decisión así como en espacios de producción, creación y administración.

Respecto a la nula regulación de contenidos, la experta señala que hasta ahora los industriales de los medios de comunicación utilizan el derecho de la libertad de expresión como una cláusula para no promover contenidos de responsabilidad social, sin embargo confía en que la ley secundaria, por lo menos, haga alusión a este tema.

“Esta reforma no establece límites a los contenidos pero me parece que abre la puerta para que los medios promuevan medidas como las defensorías de las audiencias, los códigos de ética o criterios para una comunicación no sexista, es decir, medidas que garanticen una mejor calidad de contenidos”.

Regular los contenidos suena a imposición –afirma Vega Montiel– pero hay que buscar la forma de hacer estos señalamientos sin que parezca que el Estado invade esferas que no son de su competencia. “Hay que darle la vuelta para que los empresarios de los medios de comunicación se vean invitados a promover mecanismos de autorregulación”.

En 2008 cuando el Congreso revisaba hacer modificaciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, la Red de Investigadoras presentó una propuesta para se incluyera la perspectiva de género, es decir, la propuesta ya está.

Los avances (de la reforma) no pueden ser desestimados: Se crea el Ifetel como un instituto autónomo para regular el sector, se reconoce esta actividad como un “servicio público” y no como negocio, y se incentiva la inversión extranjera directa hasta en un 100 por ciento en telecomunicaciones y 49 por ciento en radio y televisión.

“En el caso de las telecomunicaciones permite la participación del capital extranjero en el 100 por ciento para que las empresas inversoras no sólo vengan a explotar las redes ya existentes sino que dejen infraestructura para que continúe el desarrollo. En el caso de la radiodifusión, el espectro ya está instalado y con el 49 se busca proteger el mercado”, explica.

“Me parece que es un buen principio. Definitivamente hay que trabajar en la ley reglamentaria porque sabemos que se trata de una reforma que está fijada principalmente bajo términos económicos y técnicos y una vez más, desde la academia y la sociedad civil debemos demandar que se le dé una visión de Derechos Humanos”.

Algunos analistas han señalado que esta reforma se concentró en la competitividad y no en la calidad; Vega Montiel explica que ahora hay que insistir en que los criterios para decidir a qué grupos o empresa se les otorga una concesión, que consideren los DH y que miren la calidad y diversidad.

Aunque la experta reconoció que muchos de estos temas se tocarán una vez que comience el análisis de la ley reglamentaria, por ahora afirma  -como lo han expresado otros expertos en la materia- que en definitiva la reforma crea un nuevo modelo para las telecomunicaciones y la radiodifusión, y es imprescindible que en lo inmediato sea aprobada por el Senado.

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