LA DISYUNTIVA DEL BRAZO JURÍDICO DEL ESTADO

Agenda Política

Por: Gabriel Contreras Velázquez

¿Qué tan importante es que Zacatecas se encuentre “por debajo de la media nacional” en términos de inseguridad, cuando palpablemente las condiciones de protección de la integridad de la población son puestas a prueba con diversos conflictos entre “grupos antagónicos”, en distintos puntos de nuestro Estado? ¿Qué indicadores arrojaron dicha percepción, y cómo se construyeron esas mediciones?

Ninguna de esas dos cuestiones fue abordada por el gobernador Alonso Reyes, el día de ayer durante la Sesión Ordinaria de la Conferencia de Procuración de Justicia Zona Norte y Noreste, la cual se realiza en la capital zacatecana. El discurso que ofreció la cabeza de la estructura gubernamental (siendo este un poder ajeno al Judicial), dimensiona una realidad donde el proceso de “transformación” del marco jurídico penal con que se juzga a los delincuentes, ha propiciado una mejora en la administración de la ley.

Sin embargo, no existe un punto de correlación coherente entre la mera administración de justicia, y las condiciones de inseguridad impuestas por grupos de la delincuencia organizada que coexisten en Zacatecas y zonas limítrofes. Por el contrario, actualmente los procesos penales han llevado a la protección de los presuntos delincuentes, resguardando un debido litigio donde sus derechos humanos sean garantizados en todo momento; situación que complica el panorama de la procuración judicial.

¿Esto qué significa? Que el poder del Estado se encuentra en una divergencia de grave tratamiento: por un lado no encuentra las condiciones suficientes para garantizar en su totalidad la integridad de la sociedad a la que gobierna (incluidos derechos humanos de cada individuo), mientras que la ley sí le exige que esos mismos derechos sean respetados por aquellos quienes disputan abiertamente el poder de las instituciones. Es tanto como reconocer que el que intenta desafiar la acción del Estado, tiene los mismos derechos que las instituciones (contra quienes atenta) le brindan.

La disyuntiva tiene que ver con la falta de un Estado de Derecho efectivo en la sociedad mexicana, situación que ha erosionado los sistemas de procuración y administración de justicia, al mismo tiempo que obliga a estos mecanismos a que se abstengan de realizar procedimientos penales parciales, en contra de quienes son acusados de sobrepasar el margen de la ley.

Dicha premisa nos lleva a la siguiente pregunta ¿cómo implementar un sistema penal pertinente en un Estado de Derecho que, en los hechos, muestra qué tan impregnada se encuentra la administración de justicia por conductas que demeritan completamente el respeto a las instituciones (como la corrupción y la impunidad)?

Este debate no es cuestión nueva en la órbita jurídica del  sistema político mexicano, y se encuentra íntimamente ligado (de manera contradictoria) a los niveles de inseguridad que registran las autoridades encargadas de proteger la seguridad pública y nacional.

El balance positivo del respeto de los derechos humanos de todos y cada uno de los individuos de nuestra sociedad, efecto reciente de la inclusión de la interpretación pro homine en el artículo 1° constitucional, evidenció la dificultad del poder público para contener un problema, y además, llevarlo de la mano de las nuevas exigencias jurídicas.

¿Qué preocupación podría tener un grupo criminal organizado en un Estado debilitado en sus dos brazos más importantes de la impartición de justicia: la procuración, y su consecuencia, la exigencia del debido respeto a los procedimientos penales? Por más que se agilice una reforma penal de altura, las condiciones de inseguridad no se verán trastocadas por las transformaciones de los instrumentos jurídicos actuales. Como se mencionó, dichas modificaciones sólo llevarán a un nuevo estadio a la procuración de justicia; uno en donde aun no parece ser capaz de sobrellevar dicha exigencia.

En el eslabón de la cadena de instituciones perteneciente al poder estatal, no puede (y no parece aportar mucho en diseño y evaluación de estrategias), por el momento, más que administrar el problema de inseguridad (en cuanto delitos del fuero federal), ya que depende de un programa que equilibra y concentra el esfuerzo de todas las instituciones a nivel nacional.

Ahora bien, en el ámbito de su competencia, el gobierno de Alonso Reyes hasta el momento ha preferido la inversión en el engrosamiento y capacitación de los cuerpos policiacos, sin antes privilegiar la inteligencia con que operan los mismos, y la correlación de esos pequeños anticuerpos especializados en la tarea de resguardo (en contra de crímenes del orden estatal), con las células de inteligencia federales. La interacción coordinada es tan necesaria como la compleja organización del crimen, la cual obtiene sus ganancias a través de más de 22 actividades ilícitas.

No es el único gobernador que peca de la falta de coordinación entre instituciones de seguridad. A nivel nacional dicha omisión impide una estrategia de contención. Y lo que viene es un examen electorero del tema.

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