Desestiman caso de feminicidio; mínima condena para agresor

Precaucion copyPor: Anaiz Zamora Márquez

Cimacnoticias | México, DF.-  Una vez más, las autoridades judiciales del estado de Chihuahua demostraron su incapacidad para proteger adecuadamente a las víctimas de violencia de pareja e intrafamiliar, evitar que ocurran crímenes mayores como el feminicidio, y para garantizar el acceso a la justicia a víctimas de violencia de género.  
Así lo denunció el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm) al difundir el caso de Jazmín Nayeli Rodríguez Gallardo, joven asesinada por su ex pareja sentimental, a quien no se le dieron las medidas de protección que solicitó ante distintas dependencias, y cuyo asesinato no se consideró como un homicidio agravado por razones de género, por lo que su agresor recibió una condena de apenas 15 años de prisión.

En entrevista con Cimacnoticias, Irma Villanueva Nájera, coordinadora jurídica del Cedehm, relató que esta semana Bertha Alicia Gallardo, madre de la víctima, acudió a la organización para que la auxiliaran ante la falta de sensibilidad de las autoridades judiciales para juzgar adecuadamente el caso de su hija.

El Centro encontró que la sentencia dictada por el asesinato es “injusta y contraria a derecho”, ya que la legislación local señala que se impondrán penas de 30 a 60 años de prisión “cuando la víctima del delito de homicidio sea del sexo femenino o menor de edad”.

A decir de la litigante, el caso “es sólo una muestra más” de que en Chihuahua poco se está haciendo para proteger a las mujeres víctimas de violencia, y que en los casos de feminicidio la impunidad es un tema “persistente”.

Jazmín Nayeli Rodríguez Gallardo tenía 26 años de edad y trabajaba como policía preventiva en la Policía Estatal Única de Chihuahua. La joven era víctima de violencia física, psicológica y económica por parte de su pareja sentimental, Oscar Campos Nava.

Jazmín –contó su madre, Bertha Alicia Gallardo, al Cedehm– intentó dejar a su agresor en distintos momentos, pero él la buscaba, la acosaba, la seguía a todos lados, le llamaba por teléfono todo el día, y la amenazaba de muerte y con quitarle a su hijo.

La situación de violencia que la joven enfrentaba la llevó a pedir ayuda en distintas oficinas de gobierno. En un primer momento acudió a la Defensoría de Oficio, pero ahí sólo le ofrecieron iniciar un trámite de pensión alimenticia.

Luego fue a la Fiscalía Zona Centro de la Procuraduría General de Justicia, donde –según el relato de su madre– fue maltratada e incluso los funcionarios que la atendieron la cuestionaron que  “cómo era posible que siendo ella policía permitiera ese trato”.

Por último, Jazmín fue a solicitar ayuda al DIF, donde la respuesta fue “que no era bueno iniciar un trámite legal, y que sería mejor que ella se arreglara en forma voluntaria con su ex pareja, por el bienestar de su hijo”.

Se suma que ninguna de las dependencias a las que la joven acudió le otorgó una orden de protección.

De acuerdo con la propia Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género, de las 2 mil 879 denuncias interpuestas entre enero y marzo de este año en Chihuahua y Ciudad Juárez, 2 mil 447 (85 por ciento) de las mujeres no tuvieron medidas de protección porque “no existe capacidad institucional para implementarlas”.

El 4 de febrero de 2012 Oscar Campos Nava cumplió sus amenazas al esperar a Jazmín afuera de la casa de su madre, arrebatarle la pistola que portaba y con ella asesinarla. Posteriormente el homicida huyó al extranjero, pero mediante un proceso de extradición (finalizado en julio de 2013) Campos Nava fue llevado a juicio.

El pasado 1 de julio concluyó el  juicio oral 87/2014. Ese día el juez que iba a dictar la sentencia definitiva dictó un receso, por lo que Bertha Alicia Gallardo salió de la sala y esperó a que volvieran a llamar a las partes para reiniciar el proceso.

Tras cinco horas de espera, la madre de la víctima se enteró que habían cambiado de sala y tanto la agente del Ministerio Público como el juez “se olvidaron de avisarle”, por lo que fue informada en el pasillo que el asesino de su hija había recibido una sentencia de sólo 15 años de prisión.

Al hacer las indagaciones con las autoridades, el Cedehm fue informado –relató Irma Villanueva Nájera a esta agencia– de que la Fiscalía Especializada declinó el caso a la Fiscalía Zona Norte debido a que consideraron que no se trataba de un feminicidio, “ya que el arma utilizada fue una pistola nueve milímetros”.

Explicó que si bien en Chihuahua no está tipificado el feminicidio, el artículo 126 del Código Penal local establece que todo asesinato de una mujer debe ser juzgado bajo la figura de homicidio agravado por razones de género, y la pena mínima es de 30 años de prisión, lo que en este caso no ocurrió.

Adelantó que se está haciendo una revisión puntual del expediente para presentar un recurso de casación, a fin de anular la sentencia judicial.

En tanto, la organización exige a las autoridades correspondientes una explicación detallada a la madre de Jazmín sobre el proceso y veredicto dictado, y una revisión a fondo sobre el actuar del juez César Miguel Rodríguez Martínez,

Asimismo, el Cedehm demanda una revisión administrativa de todas las autoridades que conocieron la situación de riesgo que vivía Jazmín, “y que deliberadamente no hicieron nada”.

En el mismo sentido, exige la adopción de medidas estructurales en la Fiscalía, el Poder Judicial y el DIF, que redunden en una efectiva protección de las mujeres que enfrentan violencia.

 

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