Zacatecas, Zac.-Marco Antonio Bernal Portillo, presidente de la Asociación Mexicana de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, señaló en conferencia de prensa que el organismo tiene como fin coadyuvar con las empresas, mineros y gente relacionada con el medio en cuanto al tema de la aprobación, por parte de Gobierno del Estado, del nuevo impuesto ecológico.
Este gravamen fiscal resulta contradictorio, dijo, en el marco de los señalamientos hechos por el presidente de la República dentro de las reformas de no aumentar impuestos mientras dure su mandato. El impuesto ya está en función, dijo y anunció que fue presentado un amparo en el Juzgado Segundo de Distrito, igual que lo harán algunas empresas mineras.
De cualquier forma, sostuvo que se encuentran en la mejor disposición a que el estado siga siendo fuerte en la actividad minera como lo ha sido desde la época de la colonia. Merece mejor futuro, y dadas las circunstancias por las que atraviesa el país y el mundo, se puede llegar a la pérdida de muchos empleos.
Además, se emitió un desplegado donde se manifiesta que la economía y estabilidad de Zacatecas están en peligro debido a las medidas tomadas el pasado 15 de diciembre, cuando se aprobó el impuesto en el congreso. Con esta carga fiscal se golpea el bolsillo de miles de zacatecanos, y recordó que la actividad minera genera alrededor de 14 mil empleos directos, pero pueden llegar a 60 mil. Se genera 28% del producto interno bruto, algo muy elevado para un estado como este.
Hay grandes empresas internacionales, nacionales y pequeños mineros, de manera que es tiempo de ser solidarios con ellos, explicó el líder de los mineros. “El problema de Zacatecas no son las minas, sino la eficiente aplicación de los recursos”, y este es el momento de llamar a la unidad y no a la división de Zacatecas.
Ante ello, convocó al gobierno estatal a que se considere una vía alterna y que juntos se mejore el destino de Zacatecas, con desarrollo económico.
Añadió que el amparo que se interpuso está basado en el artículo cuarto de la Ley Minera, donde se especifica que ninguna entidad federativa podrá causar gravámenes a las empresas mineras. Además, éstas están reguladas por la ley de medio ambiente y se tiene una serie de normas en la materia (emitidas desde Semarnat), de manera que el estado no tiene por qué incurrir en impuestos.
Todas las empresas, además, están siendo visitadas de manera permanente por las autoridades ambientales y se emite un dictamen. Si hay alguna que esté con problemas, se somete a la misma normatividad. Sin embargo, al ser cuestionado sobre la razón por la que no se someten a una nueva evaluación ecológica a nivel local, señaló el dirigente sindical que con las normas que hay a nivel federal es suficiente.
De cualquier forma, aceptó que ninguna actividad humana deja de contaminar. Las mismas ciudades contaminan, y siempre hay que estar regulados, y se tienen métodos de remediación. La actividad está sobreregulada, y en el aspecto fiscal es de las que paga más.
Las empresas no están en condiciones de pagar contribuciones adicionales a las que están sujetas ya, y recalcó que en el estado genera entre 12 mil y 14 mil empleos directos en la minería.
Por otro lado, hay que considerar los precios internacionales de los metales, y las ganancias son marginales, aseveró, ya que hay un costo que en muchas empresas no se considera como un gasto, que es el pago de la seguridad de sus propios empleados y bienes. También hay que contemplar que las empresas están fuera de las ciudades y hay que contemplar que este es un factor de riesgo que incrementa los costos.
Las difíciles condiciones de empleo en el estado se agravarían con las deportaciones de miles de connacionales que se prevén, y los empleos mineros son bien pagados y permanentes. Así, de aumentarse la carga fiscal, se pondrían en riesgo las bases de mucha gente.
A Marco Antonio Bernal se le cuestionó sobre si se está chantajeando a los trabajadores mineros, ya que el impuesto aplica a las utilidades de las empresas y no a los salarios de los empleados, a lo que respondió que no se trata de un chantaje, sino que siempre se está coadyuvando con compañeros y socios que dependen de la industria minera.
Más aún, dijo, las inversiones nacionales e internacionales están sufriendo, y la inversión que no se haga en este momento va a repercutir en que se van a agotar los recursos de las minas actuales y no vamos a tener nuevos proyectos.
También, advirtió, hubiera afectado bastante a la minería que se hubiera declarado al semidesierto como Área Natural Protegida, por lo que no se apoyó la iniciativa.
El estado cuenta actualmente con alrededor de 400 millones de pesos del impuesto al Fondo Minero, que es un recurso que proviene de las utilidades generadas en las minas, y que no ha sido aplicado aún. Viene próximamente una cantidad de 600 millones adicionales que completarían los mil millones de pesos para utilizarse en municipios, de manera que las autoridades deben ser mucho más transparentes para que las actividades productivas tengan la seguridad de que serán invertidas correctamente.
La transparencia de nuestras autoridades es un tema que nos preocupa mucho, y si vemos que hay desfalcos en otros estados, no estamos de acuerdo en seguir solventando ese tipo de recursos.
Finalmente, a pregunta expresa de si no sería congruente resarcir un poco al estado sobre la contaminación que se hace, evidentemente, en la entidad, comentó que “se está resarciendo de acuerdo con la norma”. Manifestó que están dispuestos a dialogar con el gobernador Alejandro Tello, siendo lo importante la comunicación.
