Por: Irma Mejía / El Campirano  / Fotografía: Misael Camarillo / MIRADOR

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Zacatecas.-  El denominado impuesto ecológico se anunció desde hace seis meses con la entrada del nuevo gobierno del priísta Alejandro Tello Cristerna que actualmente se ha colocado en el debate nacional por la inconformidad que éste causó en la industria minera y que se ha detenido  por la controversia constitucional promovida por la Presidencia de la República en contra del gobierno de Zacatecas. La moneda está en el aire y la Suprema Corte de Justicia de la Nación será la única instancia que lo valide o derogue.

El debate se encona porque no sólo se discute el aspecto ambiental, sino que se polariza al señalar los alcances jurídicos, políticos, fiscales, económicos, mediáticos y hasta laborales.

Al desmenuzar el origen del nuevo impuesto que, surge como medida para amortiguar el déficit presupuestal que tiene el actual gobierno por la deuda y crisis financiera heredada de la administración del ex gobernador Miguel Alonso (2010-2016), también ha significado que broten mediáticamente otros temas colaterales que evidencian las posibles responsabilidades de esta crisis económica que presuntamente data desde el gobierno de Ricardo Monreal (1998-2004).

Con este nuevo gravamen, el actual gobierno de Alejandro Tello pretende la recaudación de mil 230 millones de pesos, quien ha argumentado que este nuevo impuesto “no se trata de una imposición deliberada para las empresas, sino de un acto de justicia social  para Zacatecas por las riquezas que se llevan de las entrañas de Zacatecas”.

Al entrar en vigor el Impuesto de Responsabilidad Ambiental, de inmediato, los primeros en levantar la voz fue el Sindicato Nacional Minero Metalúrgico Frente que encabeza Carlos Pavón, quienes bloquearon carreteras y han realizado una serie de manifestaciones, principalmente en Fresnillo.

La primera salida del Gobierno del Estado de Zacatecas fue la emisión de un decreto gubernativo para obligar a las empresas a que acreditaran un importe del 10 % del total del impuesto ecológico para dar certidumbre de que no afectaría el reparto de utilidades a los trabajadores mineros.

Todo indicaba que había prosperado la estrategia, por tanto, el único recurso legal al que podían recurrir las empresas era al amparo para la suspensión de la aplicación de este impuesto. A la fecha suman 25 demandas interpuestas ante los juzgados.

La sorpresa para el Ejecutivo estatal fue el 20 de febrero cuando se dio a conocer que Alfonso Humberto Castillejos Cervantes, Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo Federal, promovió una controversia constitucional mediante oficio 1.0230/2017, en donde se pide la invalidez de los artículos 6 al 36 de la Ley de Hacienda de Zacatecas.

Por tanto, ese déficit financiero que se tradujo en una nueva carga impositiva hacendaria, ahora se ha convertido en un problema jurídico y también político, ya que se trata de una confronta entre el gobierno estatal con la Presidencia de la República.

Si la controversia constitucional -que tardará meses en resolverse- y los amparos de las mineras prosperan, significará un revés político al gobernador Alejandro Tello y pondrá en jaque a su gobierno que le obligaría a salidas emergentes: aplicar recortes presupuestales adicionales, a una gran búsqueda de aliados alternos para la gestión de recursos o contraer más empréstitos.

Postura de la industria minera

Las industrias nacionales y trasnacionales, así como el Sindicato Nacional Minero Metalúrgico Frente; la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México; y la Cámara Nacional Minera de México (Camimex), han emitido posturas en contra del impuesto ecológico.

Las posturas coinciden en que el nuevo impuesto tiene fines recaudatorios y no ambientales y que tiene como fin compensar el déficit presupuestal de tres mil 500 millones de pesos y para amortiguar la deuda que asciende a más de siete mil 340 millones de pesos heredada por la administración de Miguel Alonso Reyes.

Se defienden al considerar que estas nuevas medidas inhibirían la inversión y afectarían la operación que le restaría competitividad, desalentar la creación de empleos y frenar el desarrollo.

Incluso, cuestionan que el nuevo gobierno zacatecano pretende allegarse de más ingresos, fortaleciendo la recaudación estatal, mediante la creación de nuevos impuestos “de manera arbitraria y sin consideraciones técnicas ni preocupación por el medo ambiente”.

La industria metalúrgica se amparan en que todas han cubierto una serie de requisitos legales para su funcionamiento y que se encuentran certificadas como “empresas limpias”  al cumplir con  las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) y Normas ISO, así como con rigurosos estándares internacionales.

Seguiré en la lucha: gobernador

El gobernador Alejandro Tello Cristerna admite que fue sorpresiva la controversia constitucional que promovió la Presidencia de la República en contra de su gobierno y revela que esta acción jurídica es porque existe un temor del gobierno federal de que este gravamen sentara un precedente y se pudiera replicar en muchos estados, no sólo en materia de minería, sino de diversos sectores.

¿Hay un quiebre con el Presidente de la República?

– “No hay ningún quiebre con el Presidente. Quiero ser enfático, no busco una confronta con el Presidente, porque no le ayudaría  a Zacatecas. ¿Qué gano yo como gobernador con un distanciamiento con el Presidente?, tampoco lo haría. Le tengo aprecio, reconocimiento y respeto, pero sí le pido un trato digno a Zacatecas.

-Lo planteo de una manera más sencilla: si no le quieren dar dinero a un gobernador, porque lo puede utilizar en otros temas, entonces que (la federación) le haga frente a los compromisos del magisterio con el FONE que no cubre las nóminas de nueve mil maestros. Así, yo despresurizo las finanzas de este estado que me impiden hacer muchas cosas en seguridad, salud y otras áreas.

¿Gobernador se siente solo en ésto. Lo dejaron solo?

-No, para nada. Me siento muy respaldado por los ciudadanos. Desde que el momento de que 70% de los ciudadanos han ido a pagar sus impuestos me están dando la confianza. Aquí es donde cabe preguntarnos: ¿por qué la gente sí responde y por qué esas grandes empresas no?

-No estoy pidiendo nada extraordinario. Las empresas mineras manipularon al decir que con el impuesto les afectaban las utilidades de los trabajadores, cosa que es mentira. Lo único que pido es reciprocidad por lo que se llevan de las entrañas de Zacatecas.

-No podía quedarme de brazos cruzados a ver cuánto la federación le da a Zacatecas o cuánto se dignan esas empresa a tributar a la federación y bajarlo al estado  vía impuesto esas grandes industrias. Ha llegado el momento de ver y preguntarles a esas grandes industrias cuánto están dispuestos dejarle a Zacatecas, aparte de jales.

¿En caso de proceder la controversia, usted perdió?

-Yo ya gané,  porque la gente sabe que estoy haciendo mi máximo esfuerzo como gobernador y que voy a ir hasta el límite. Hubiera perdido si fuera agachón y si  hubiera estado supeditado a sentarme en un escritorio y esperar a ver cuánto me daba la federación sin hacer nada para sacar adelante al estado de esta crisis.

-¿Habrá costos políticos en su carrera?

–Yo no tengo ninguna aspiración absoluta. Creo que hay gobernadores que sueñan llegar ser senadores. Vaya, la vida me dio esta posibilidad. Mi futuro político es mi retiro de la política y no voy a seguir en la política, aspiro a que muchos jóvenes sigan en la política. Por eso esta tengo la fortuna de estar en esta condición de sí jugármela con los costos que esto represente.

Cómo aplicaría el impuesto ecológico

Esta nueva figura impositiva tomó vida jurídicamente con la aprobación de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, integrada por 150 artículos, que incluye el Impuesto de Responsabilidad Ambiental con el que se pretende recaudar mil 230 millones de pesos, a través de cuatro modalidades:

Remediación Ambiental en la Extracción de Materiales:

Este gravamen, el gobierno estatal establece la extracción de materiales que se retoman de la publicación del Anuario Estadístico de la Minería 2015, Edición 2016, del Servicio Geológico Mexicano al precisar que esos materiales no se encuentran reservados a la Federación como: agregados pétreos, andesita, arcillas, arena, caliza, cantera, caolín, grava, riolita, rocas, piedras y sustrato o capa fértil.

Emisión de Gases a la Atmósfera:

En este concepto, se basa en el Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC) que se pone como uno de los instrumentos tributarios eficientes en la persuasión de la contaminación atmosférica y, además, permiten registrar o medir el nivel de contaminación que realiza el contribuyente en el que se integra la información de los gases contaminantes emitidos a la atmósfera, mientras que la autonomía para aplicar este gravamen la justifican dentro las facultades que otorga la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.

En este impuesto se aplicará  la cuota de 250 pesos a cada tonelada de emisiones registradas, cuyas sustancias contaminantes de la atmósfera que podrán ser gravadas son: bióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hidrofluorocarbonos, perfluoro-carbonos y hexafluoruro de azufre, lo cual atiende a su peligrosidad en la salud de las personas, a las altas cantidades de emisión y a su elevada contribución a que se genere el efecto invernadero.

En esta carga impositiva se argumenta que la contribución “no es onerosa” al hacer mención en los estudios de Derecho Comparado en otros países que indican costos más altos en  Canadá, Dinamarca, Suiza y Australia.

Emisión de Contaminantes al Suelo, Subsuelo y Agua:

Este impuesto se determinó con base a las Normas Oficiales Mexicanas: NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2012; NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004, así como la NOM-001-SEMARNAT-1996 que determinan los v olúmenes de agua afectados con sustancias contaminantes como los suelos contaminados por hidrocarburos: Suelos contaminados por: arsénico, bario, berilio, cadmio, cromo hexavalente, mercurio, níquel, plata, plomo, selenio, talio y vanadio.

El impuesto se aplicará en suelo y subsuelo con una cuota impositiva de 25 pesos por cada 100 metros cuadrados afectados con las sustancias contaminantes. Mientras que en el rubro de agua, los contaminantes son por aguas residuales básicos y en aguas residuales, ocasionado por metales pesados y cianuros, una cuota impositiva por el equivalente a 100 pesos por cada metro cúbico afectado.

El argumento jurídico del Gobierno del Estado de Zacatecas es que no implica invasión al ámbito de la competencia federal, tras insistir que ni la federación ni la ley de coordinación fiscal tienen exclusividad para crear contribuciones ambientales, por ende, significaría que las entidades federativas cuentan con la respectiva potestad tributaria.

Depósito o Almacenamiento de Residuos:

El impuesto al depósito o almacenamiento de residuos en vertederos públicos o privado se causará aplicando una cuota de 100 pesos por tonelada de residuos depositados o almacenados en vertederos públicos o privados.

Se propone que los sujetos pasivos de este impuesto, sean las personas físicas, morales o unidades económicas en el Estado que en razón de sus actividades realicen el Depósito o Almacenamiento de Residuos objeto de la contribución.

Con información de periodicoelcampirano.com