Zacatecas, Zac.- Como pequeña pero significativa calificaron integrantes de organizaciones defensoras de la comunidad Salaverna, en Mazapil, luego de que la comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) emitiera recomendaciones a la Secretaría General de Gobierno, a la Procuraduría General de Justicia en el Estado (PGJE) y a la Unidad Estatal de Protección Civil, por el desalojo de que fueron objeto habitantes de la localidad el año pasado.

En el uso de la voz, Efraín Arteaga Domínguez, quien funge como asesor legal del colectivo, señaló en conferencia de prensa que se lleva un procedimiento ante la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Territorial y Urbano (Sedatu) debido a que sostienen habitantes de la comunidad que esas tierras, donde se ubica la empresa minera Tayahua, son propiedad de la nación, mientras que la empresa sostiene que son propiedad privada.

Respecto a la recomendación que emitió la CDHEZ, reconoció el trabajo de la presidente, María de la Luz Domínguez Campos, Ya que han estado visitando la población los visitadores. Se trata de una acción valiente en defensa de los derechos de las personas que ahí habitan.

De no ser por este trabajo, además, del trabajo de varios periodistas, “la comunidad de Salaverna simplemente ya no existiría”, dijo.

Los argumentos de Gobierno del Estado, dijo, para rechazar la recomendación no tienen fundamento, ya que la Constitución señala que nadie podrá ser privado de sus propiedades o derechos sino mediante juicio ante tribunales establecidos y siguiendo los lineamientos legales.

Así las cosas, no se tenía ni se tiene una orden judicial para realizar el operativo de desalojo, agregó, y demolición de edificios de la comunidad.

Ante el dicho de la secretaria general de gobierno, en el sentido de que no se forzó a los habitantes a abandonar el sitio, sino que se les notificó del riesgo existente, dijo que los ciudadanos no son “estúpidos”, ya que se está violentando la libertad de tránsito, y se debió hacer el procedimiento legal, no abrir puertas “a patadas” y llevarse los bienes, además de derruir las viviendas.

También hizo referencia al grave hecho de haberse trasgredido la ley al pisotear la bandera de México, la cual quedó entre escombros tras hacer la demolición de la escuela.

Los hechos son públicos y notorios, y se encuentran en redes sociales bien documentados, de manera que no se pueden negar.

La empresa Frisco Tayahua, perteneciente a Carlos Slim, es cómplice de Gobierno del Estado del desalojo de más de 60 familias, las cuales se encuentran por ahora en la comunidad Nuevo Salaverna, dijo.

Así, continuará la lucha legal por parte de las agrupaciones que respaldan la causa, señalaron, máxime que el organismo defensor de los derechos humanos avala la trasgresión que se dio a sus propios derechos.