Foto: Misael Camarillo / MIRADOR
Zacatecas, Zac.-La presidente de la comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), María de la Luz Domínguez Campos, señaló respecto al caso de la comunidad Salaverna, en Mazapil, existe un proceso de desplazamiento forzado no atribuible al gobierno del estado, es decir, el gobierno no es el responsable, sino que es la minera y el establecimiento de un proyecto minero lo que generó el proceso.
Para el organismo defensor de los derechos humanos, agregó, fue muy importante y es trascendental que se llevara a cabo la comparecencia por parte de un servidor público (Fabiola Gilda torres rodríguez, secretaria general de gobierno, ante la Legislatura local), por motivo de no haber aceptado una recomendación de la CDHEZ).
Se trata de la primera comparecencia en la historia de Zacatecas que se realiza en función y posterior a la reforma constitucional de 2011, que establece un procedimiento para este tipo de circunstancias de no aceptación de recomendaciones.
Destacó Domínguez Campos que es muy importante que la secretaria haya reconsiderado y aceptado en gran parte la recomendación 03/2017, fundamentalmente en lo que se refiere a la reparación integral de la señora Mendoza, en virtud a que señaló de manera específica que después del análisis particular, se hizo una nueva reflexión a la luz del principio pro persona, de manera que se instruyó a la Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas a que sea inscrita en el Registro Estatal de Víctimas para que sea objeto de ayuda y reparación de daño.
Esto es importante porque se acepta que se le repara el daño a la principal víctima del operativo, y el acto de autoridad para que el acto de autoridad no quedara sin reparación.
Además, se coincide con la CDHEZ y se acepta que el órgano de control interno del Poder ejecutivo, es decir, la Secretaría de la Función Pública (SFP) inicie la investigación correspondiente respecto de los servidores públicos que realizaron este hecho del 23 de diciembre de 2016.
Lo que sigue en el sentido procesal es que ha de darse cumplimiento a los puntos aceptados y en función de ello se indemnizará a la afectada.
Por otro lado, la comparecencia de la secretaria ratificó la autonomía e independencia, profesionalismo y apego a la legalidad con que se conduce la CDHEZ, añadió, puesto que el Poder Legislativo, en función a una petición realizada por la comisión es que comparece la funcionaria.
“Se fortalece la CDHEZ como un órgano autónomo, independiente, profesional, objetivo y se ratifica como una institución encargada de la defensa de los derechos humanos, y se fortalece también el Estado de Derecho”.
Puntualizó, sin embargo, que desde el momento en que se acepta, en parte, la recomendación, se admite que hubo violación a los derechos humanos. Lo más importante es que se aceptó la reparación a la principal afectada, insistió.
Recalcó, por último, que la CDHEZ realizó una investigación exhaustiva y apegada a Derecho, con pulcritud jurídica, con lo que se acreditó la violación a los derechos de las personas. La comisión habrá de verificar el cumplimiento de todas y cada una de las recomendaciones aceptadas y se continuará atendiendo la condición de las personas de la región del semidesierto.
