Foto: Misael Camarillo / MIRADOR
Zacatecas, Zac.- El doctor Migue Carbonell Sánchez, Director General del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell AC, ofreció la mañana de este miércoles la conferencia magistral Perspectivas del constitucionalismo en México, en el marco de la conmemoración del Centenario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917.
Luego del evento, llevado a cabo en el auditorio Felipe Borrego Estrada del Poder Legislativo, señaló el académico del Derecho que la figura jurídica de la revocación de mandato genera “cierta inestabilidad en el sentido de que se puede aprovechar para hacer oposición de otra manera, por lo que hay que valorarlo con mucho cuidado, pero de que se puede, se puede”.
Lo anterior, a pregunta expresa de los medios de comunicación sobre la negativa que se dio en el Congreso local a incorporar la revocación de mandato a la constitución Política del estado, agregando el constitucionalista que los congresos locales tienen facultad para legislar al respecto. “No hay ninguna limitación en la Constitución Federal que expresamente establezca una prohibición para eso; la constitución federal establece las bases mínimas, pero siendo México un Estado federal, las entidades federativas tienen un margen de decisión en el cual pueden incorporar figuras diferentes a las que hay en la federación”.
Dentro de las ventajas que se tienen con esta figura, agregó, es que se realiza una segunda consulta al pueblo para que ya no valore tanto una candidatura, sino el desempeño, ya que la revocación de mandato se puede plantear para cuando se tenga un tercio o la mitad de la gestión. “La gente decide cómo va la gestión, y decide si le renueva la confianza o no”.
La cuestión de desventaja es que permite hacer oposición no desde el lugar natural, que sería el congreso, sino desde la calle, y esto es algo que no necesariamente malo, pero hay que valorarlo.
Por otro lado, en cuanto a la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal y la ola de críticas de los gobernadores, que cuestionan su eficacia, y que permite que los delincuentes estén en la calle y no en la cárcel, sostuvo que este martes se dio a conocer el resultado de la Envipe 2017, la cual es una encuesta nacional del Inegi que mide la victimización y la percepción de seguridad, y se indica que las críticas al sistema no están fundadas, dado que gran impunidad se presenta en la llamada tasa negra o cifra negra, es decir, el porcentaje de delitos cometido que no es denunciado.
En la encuesta, la cifra alcanza 93.7%, es decir, que de cada cien delitos que se cometen en México, prácticamente 94 no son denunciados.
De los que sí son denunciados, en 35% la autoridad que recibe la denuncia no acepta o no se sigue con la declaración de los testigos, no se desahogan medios de prueba, lo que también abona a la impunidad.
Lo que tenemos es que quienes cometen delitos siguen libres y no se determina una responsabilidad de carácter penal y en eso hay que trabajar, agregó.
También hay que insistir en que la gente denuncie más, ya que en la propia encuesta se le pregunta al ciudadano y éste dice que no confía en la autoridad o que es una pérdida de tiempo. Lo anterior no se puede achacar al nuevo Sistema de Justicia Penal.
Las autoridades tienen que hacer un ejercicio de introspección y reflexión de cómo están atendiendo a los ciudadanos y qué tanta corrupción hay al interior de las corporaciones policiacas y ministeriales para luego hacer el análisis con datos ciertos, porque “hacer estas valoraciones me parece muy ligero”.
Tiene sus grandes ventajas, insistió, como el menor tiempo que se llevan los juicios y el que un buen porcentaje se resuelva con reparación del daño.
