Por Guadalupe Cruz Jaimes
México, DF, 19 ene 12 (CIMAC).- En la última década la violencia contra las defensoras de Derechos Humanos (DH) se agravó exponencialmente, toda vez que mientras en 2001 sólo se registró el asesinato de la activista y abogada Digna Ochoa, de 2010 a 2011 fueron ultimados nueve activistas y cinco periodistas, crímenes que permanecen en la impunidad.
Lo anterior lo señaló a Cimacnoticias Andrea Medina Rosas, coordinadora del informe âDefensoras de Derechos Humanos en México: diagnóstico 2010-2011 sobre las condiciones y riesgos que enfrentan en el ejercicio de su trabajoâ, al término de la presentación del documento.
Medina Rosas indicó que el aumento de la violencia en contra de las defensoras ha sido paulatino y está claramente vinculado a la militarización de diversos territorios del país en lo que va del sexenio de Felipe Calderón, como parte de su política de combate al crimen organizado. âUna política de seguridad sin Derechos Humanosâ, acusó.
La activista informó que en la última década, pero de manera más visible en lo que va del actual gobierno federal, la violencia contra las defensoras de DH âse agravó exponencialmenteâ. La respuesta de las autoridades ante el âalarmanteâ panorama es la simulación y la impunidad, aseguró Andrea Medina.
âLe dan seguimiento a todos los casos, pero lo que perdura es la impunidad y la simulación; las autoridades aparentan que están haciendo algo, crean fiscalías o dicen que hay una línea de investigación, pero sabemos de manera directa que eso no está llevando a los resultados efectivos de conocer la verdad, tener justicia y reparar los dañosâ.
A la fecha, además de que no hay avances en la indagación de los homicidios de quienes con su labor contribuyen a eliminar las violaciones a los DH, las familias de las defensoras y periodistas asesinadas continúan en riesgo, incluso âmuchas han tenido que desplazarse o salir de sus lugares de origen porque no se garantiza su seguridadâ, advirtió.
DIFERENCIAS DE GíNERO
El informe sostiene que 96 por ciento de las defensoras de DH entrevistadas reportó haber vivido violencia o enfrentado algún obstáculo para realizar su trabajo. El 76 por ciento de ellas reconoció particularidades en las agresiones ligadas a su condición de género.
Las diferencias identificadas consisten en el tipo de violencia y la forma en la que son agredidas. Por ejemplo, el 40 por ciento mencionó que ha sufrido violencia sexual y 12 por ciento amenazas en contra de su familia, hijas e hijos.
Sin embargo, la violencia más frecuente contra las defensoras es la que atenta contra su vida, libertad e integridad. El 60 por ciento de estas mujeres ha sido víctima de este tipo de agresiones.
Por ese tipo de violencia, entre 2010 y 2011 sólo en Chihuahua fueron asesinadas las defensoras Josefina Reyes, María Magdalena Reyes, Luisa Ornelas, Marisela Escobedo y Susana Chávez.
Cabe recordar que en ese estado a finales de 2011 se registró el atentado en contra de la activista Norma Andrade, quien sobrevivió y tuvo que abandonar Ciudad Juárez por la falta de seguridad.
También en Chihuahua fue asesinada la periodista María Isabel Cordero, y a su caso se suman los de las comunicadoras Marcela Yarce y Rocío González, en el Distrito Federal; Elvira Hernández, en Guerrero, y Selene Hernández, en el Estado de México.
INFORMADORAS EN LA MIRA
Las periodistas también fueron âgravemente violentadasâ en el mismo lapso, ya que de enero de 2010 a diciembre de 2011 71 comunicadoras sufrieron algún tipo de violencia; de ellas, siete fueron asesinadas, dijo Yunuhen Rangel Medina, coordinadora de Redes de periodistas y libertad de expresión, de Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC).
Con base en documentación elaborada por CIMAC, Rangel Medina refirió que de los siete casos de feminicidio sólo dos han sido âesclarecidosâ por las autoridades. La impunidad en la que permanece la violencia contra las periodistas incrementa la posibilidad de repetición y vulnerabilidad de estas mujeres, alertó.
Además de estas formas de violencia, las agresiones contra defensoras y periodistas se caracterizan por la difamación, desprestigio y procesos judiciales en su contra.
El informe âDefensoras de Derechos Humanos en México: diagnóstico 2010-2011 sobre las condiciones y riesgos que enfrentan en el ejercicio de su trabajoâ, arrojó que el 55 por ciento de los responsables de la violencia en contra de las activistas son las autoridades, grupos conservadores ligados a la Iglesia católica y paramilitares.
Andrea Medina señaló que la responsabilidad del Estado en las agresiones está presente de manera directa e indirecta, ya que cuando no agrede al iniciar procesos judiciales, por citar un ejemplo, se vuelve cómplice de otros grupos que atentan contra las defensoras al no impartir justicia, ni reparar el daño.
El documento, elaborado por las organizaciones Asociadas por lo Justo, Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez y Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad-Oaxaca, se difundirá en distintos estados de la República con el propósito de hacer visible la situación de las defensoras y promover la importancia de su trabajo.