Análisis Político
Por: Gabriel Contreras Velázquez
A los miembros de La Jornada Zacatecas.
Muy agradecido por este año de colaboración y trabajo fructífero.
Representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, las Fuerzas Armadas (o Marina), la Secretaría de Seguridad Pública en sus distintos niveles, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), la Policía Federal y la Procuraduría General de la República se presentaron ante el gobernador Rubén Moreira Valdéz y su gabinete de seguridad estatal, un par de días atrás, so pretexto de la muerte de José Eduardo Moreira Rodríguez, hijo del ex gobernador y ex presidente del PRI: Humberto Moreira Valdéz y sobrino del actual mandatario coahuilense.
Por si no bastara el despliegue de seguridad de dimensiones intimidantes para recibir a la clase política quien visitó a la familia Moreira durante las exequias al joven José Eduardo, la Secretaría de Seguridad Pública envió 600 elementos adicionales para reforzar el cordón de seguridad de la población coahuilense, una de las más afectadas por la lucha territorial entre las bandas delictivas conocidas como chapos y zetas.
Llama la atención, al tiempo de que sirve como elemento explicativo, la diligencia con que las autoridades habrían de abordar la ejecución (concepto con que se definió la muerte del joven por los medios el mismo día de su muerte) de un ciudadano coahuilense, destacado por pertenecer a la familia de quien hace unos meses atrás fuera una amenaza para dicho estado por la deuda pública en que se encuentra actualmente.
El presidente Calderón, quien fuera uno de los orquestadores de la campaña de desprestigio a la figura de Humberto Moreira el año pasado, habría de condenar el hecho desde Nayarit al decir que: âNo hay palabras suficientes para calificar la bajeza de la cobardía ocurrida el día de ayer (miércoles 3 de agosto) en Coahuila. Comprendo y respeto el profundo dolor que ello causa a sus familiares y amigos.â
Además del discurso, en estos momentos de crisis en materia de seguridad âdesatada por una ejecución específica de entre las 60 mil que ha habido en un período de cuatro años- en la última recta del sexenio de Calderón, el mismo presidente instruiría a la procuradora Marisela Morales (con ese carácter presidencialista de mandatar sobre el poder judicial) para comenzar una investigación âeficaz, objetiva, confiableâ para dar luz sobre el homicidio de José Eduardo.
Me parece que, al igual que todas las registradas a partir de los hechos violentos desatados por el robustecimiento de la delincuencia organizada en el país, la muerte del joven José Eduardo es muy lamentable por el simple hecho de ser un ciudadano afectado por la falta de seguridad que el Estado ha protagonizado.
Sin embargo, esta ejecución se diferencia de las otras tantas por asumir un simbolismo específico que marca un punto de inflexión en el tema de seguridad, dentro de una coyuntura que obedece al cambio de gobierno entre el presidente Calderón y el presidente electo Peña Nieto.
La insistencia y el reclamo de la clase política por el esclarecimiento del homicidio, evitando toda posible impunidad en los ejecutores de esta grave violación, y la respuesta gubernamental al desplegar toda la fuerza del Estado para obtener resultados inmediatos de las líneas de investigación desarrolladas (entre ellas la que corresponde a la actuación del crimen organizado), también son un síntoma dentro del fenómeno de inseguridad que se vive en cada región del país.
El síntoma indica claramente las condiciones de impartición de justicia âevidentemente en condiciones de exclusión- en que se encuentra cada uno de los mexicanos y mexicanas que habitamos en este territorio nacional. El uso de la fuerza y capacidad del Estado para arrojar cualquier resultado en las investigaciones que se están realizando de aquél homicidio hablan por sí mismas de uno de los elementos que dieron origen, precisamente, al clima de inseguridad que vivimos hoy en día.
Ese elemento es identificable con la fuerza con la que surgieron los grupos de la delincuencia organizada, en lugares donde el Estado o no realizaba sus funciones, o simplemente se encontraba en ausencia crónica. Cuando hablamos de un sistema de justicia donde la igualdad ante la ley no es una realidad, es entonces que entendemos la información que ha circulado y estará fluyendo en estos días en los medios.
No se puede hablar de un Estado de derecho, en un país donde las condiciones de impartición de justicia evidencian un claro favoritismo en pos de los funcionarios públicos, los miembros de la clase política y de los grupos de poder. Es precisamente por ello que los estratos excluidos del Estado comenzaron a generar sus propios grupos de poder (sus Estados), asumiendo el papel de esa institución que los relegó desde hace tiempo.
En estos días los medios han dado a conocer que Heriberto Lazcano Lazcano habría incluso mandado a construir una iglesia, una escuela y un hospital en la zona de Apan, Hidalgo, de donde era originario. El ejemplo es claro y unívoco, la fuerza que había tomado dentro del cártel, había generado un poder paralelo al del Estado. La diferencia es que el proveedor de servicios de salud y educación, y apoyo religioso, no es ya un asunto público, sino que los cárteles lo han retomado desde el espacio privado.
Como resultado, de esta lucha entre el poder del Estado, y algunos grupos de poder paralelos y en lucha con ese poder público institucionalizado, hoy tenemos un clima generalizado de violencia, y los altos niveles de impunidad y corrupción en nuestra organización social y política.