*Ing. Manuel Menchaca Guerrero

En años recientes se ha contemplado la posibilidad de implementar un mayor grado de participación de la sociedad en su conjunto, en los temas de interés nacional, a través de reformas al marco constitucional y legal. Se considera que de este modo, la población en su mayoría, no seguirá delegando en su totalidad las funciones de decisión al gobierno e irá asumiendo, en cierto grado, la responsabilidad y el derecho de involucrarse en las decisiones, ya sean de carácter político, jurídico o económico, que puedan beneficiar al país.

El objetivo es que el pueblo participe de manera continua en el ejercicio directo del poder, ya que la cooperación entre gobierno y sociedad civil es fundamental para que pueda existir la participación de la ciudadana. Una participación ciudadana, expresada a través de los Plebiscitos que permiten que los ciudadanos decidan entre aceptar o rechazar una propuesta que concierne a la soberanía. Es  decir, una resolución tomada por todos los habitantes de un país a pluralidad de votos para legitimar algo; así como a través del Referéndum, mecanismo de participación directa mediante el cual la ciudadanía manifiesta su aprobación o rechazo previo a una decisión del gobierno;  o bien, a través de la Iniciativa popular identificada como “el derecho que se le confiere al pueblo para hacer propuestas de ley al Poder Legislativo, y que consiste en la transmisión de la potestad de iniciar el procedimiento de revisión constitucional o de formación de la ley formal, a una determinada fracción del cuerpo electoral”, es decir, “es el procedimiento que permite a los votantes proponer una modificación legislativa o una enmienda constitucional”.

Con estos conceptos se origina todo un régimen de participación directa de la ciudadanía, conformado a su vez, en un sistema democrático avanzado, siendo éste, de mayor auge en aquellos países donde la democracia directa se presenta en las decisiones más relevantes de un país.

He aquí, una forma más evolucionada de hacer política, ya que existe un compromiso, no sólo de la parte gubernamental para hacer las cosas de manera correcta, sino que la sociedad en su conjunto está más concientizada de formar parte activa en los diversos asuntos políticos de interés común, que se estén consultando en su comunidad.

La idea de una democracia directa, siempre va a plantear compromisos más fortalecidos de ambas partes, tanto de la clase política como de los gobernados, sin embargo, también se sabe que para su real instauración en un sistema determinado, habrán de pasar diversos periodos de prueba y ajustes, pero siempre al final, se considera es más conveniente que el pueblo en general participe de cuestiones que le incumben y afectan directamente como población.

En este tenor, para la existencia de una verdadera democracia, deben existir una serie de factores esenciales, y tanto sociedad como gobierno deben contar con cuatro  condiciones mínimas que son que la sociedad sea libre; que no se encuentre oprimida por un poder político; que no se encuentre dominada por una oligarquía cerrada y;  que el gobierno exista para el pueblo y no a la inversa.

El 30 de octubre de 2012 se publicó en el Diario Oficial una reforma constitucional que contempla entre los derechos y obligaciones del ciudadano, el iniciar leyes y votar en las consultas populares. Queda establecido que éstas pueden ser convocadas por el Presidente de la República: el 33% de los integrantes de cualquiera de las Cámaras o por el 2% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores; además, cuando la participación alcance por lo menos el 40% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal, el resultado será vinculatorio, es decir, surtirá efectos legales y será de observancia obligatoria. Cabe resaltar que para el ejercicio de este derecho existen condiciones, ya que no pueden ser objeto de consulta popular los siguientes temas: derechos humanos, materia electoral, ingresos y gastos del Estado, seguridad nacional y fuerzas armadas.

*Vocal de Organización Electoral

03 Junta Distrital Ejecutiva del IFE en Zacatecas