Zacatecas, Zac.- Mediante una manifestación pacífica y la presentación de un documento, ciudadanos del municipio de Vetagrande hicieron patente su inconformidad por la serie de consecuencias negativas en su persona y sus viviendas como consecuencia de la explotación minera en la región.

Señalaron que desde hace 15 años se hizo un estudio por parte de la Universidad Autónoma de Zacatecas en el que se daba a conocer que, por la contaminación del suelo y el agua, moradores de la zona presentaban plomo en la sangre, hecho que trae consigo una serie de enfermedades crónico-degenerativas.

Además, derivado de las detonaciones que se reportan regularmente, las viviendas se encuentran con serios daños en su estructura, de manera que se ve amenazada la integridad física de los pobladores.

Solicitaron, asimismo, la intervención de las autoridades en la materia para que cesen las actividades de extracción de mineral y subrayaron que tanto Gobierno del Estado como Protección Civil (PC) han sido omisos por años en diagnosticar las consecuencias de la actividad minera.

Del mismo modo, pidieron la reparación del daño, es decir, atención médica inmediata y que se les efectúen las reparaciones concernientes a sus viviendas.

“Hacemos responsables a Gobierno del Estado, gobierno municipal de Vetagrande, a Jesús Gutiérrez Castorena y Mariano Canizales, así como a la empresa minera de nombre Santa Cruz de lo que nos pueda pasar a nosotros ya nuestras familias”, afirmaron en el escrito.

Durante la manifestación, señalaron dirigentes que se trató de una manifestación pacífica y la única intención es que los habitantes de Vetagrande sean escuchados, ya que se tocaron puertas en el municipio y Gobierno del Estado y no han obtenido respuesta.

Las exigencias, concretaron, son tres: la primera es denunciar el daño que les está ocasionando a la mina Santa Cruz y que lamentablemente son daños irreversibles para cada una de las personas que habitan en el municipio; la segunda, la reparación del daño patrimonial de sus viviendas, que se están derrumbando, y que se les dé certeza, para poder seguir viviendo en esa región.

La tercera es “buscar a nuestros representantes, a los representantes del pueblo, para que les den una respuesta; incluso, tener un acercamiento con la comisión de minería”.

Precisaron los manifestantes que son alrededor de 150 casas habitación, aproximadamente, que presentan daños documentados en su estructura, estrago que se sienten tras 25 años de explotación minera en la demarcación.