Por: Dra. Norma Julieta del Río Venegas

Zacatecas, Zac.- Tarde o temprano, la verdad alcanza a quienes intentan esconderla. Y cuando se trata de servidores públicos, esas verdades no solo tienen un peso ético, sino también legal.

Una y otra vez hemos visto cómo personajes que aseguran no tener bienes ni propiedades terminan mostrando un estilo de vida de lujo: habitan mansiones, utilizan vehículos costosos y realizan constantes viajes, mientras, oficialmente, dicen no tener nada.

Nada tiene de malo formar un patrimonio. Al contrario: es legítimo y deseable que, fruto del trabajo y el esfuerzo, una persona pueda mejorar su calidad de vida. Pero cuando se elige ocultar esa realidad en la declaración patrimonial, lo que se evidencia no es prosperidad, sino incongruencia.

No resulta creíble ni aceptable que alguien con un salario público aparente una vida de millonario y pretenda que nadie lo cuestione. La declaración de situación patrimonial no es un simple trámite administrativo: es una obligación legal establecida para dar transparencia al servicio público. Y al firmarla, se hace bajo protesta de decir verdad. Cada año, el funcionario debe informar si hubo evolución patrimonial, cuánto gana, cuánto gasta y de dónde provienen esos recursos.

Cuando esa información se manipula, se miente a la ley, se engaña a la sociedad y se traiciona la confianza pública. Ya no vivimos en tiempos en los que esas mentiras puedan permanecer ocultas. La opacidad ha sido por años una aliada de la corrupción, pero la exigencia ciudadana, el acceso a la información y el periodismo valiente están sacando a la luz incongruencias que antes se protegían con silencio.

Las mentiras patrimoniales no deben quedar impunes. Ojalá se actúe ante estos casos conforme a la ley y sin excepciones, aplicando las sanciones que correspondan sin importar el cargo, la cercanía política o el poder del involucrado.

Hoy, los mejores contralores anticorrupción no están en las oficinas: están en la sociedad, la cual observa, denuncia y exige a través de redes sociales y también ante las instituciones. Aunque la cultura de la denuncia aún no logra consolidarse —por miedo a represalias, hostigamiento o porque muchas veces los denunciantes terminan perseguidos y no los corruptos—, es esa misma sociedad la que está rompiendo el silencio.

La transparencia y la rendición de cuentas no son un lujo ni un ideal inalcanzable, son la base de una democracia que aspira a ser justa. Solo cuando la verdad se asume como norma y no como excepción, podremos hablar de un servicio público realmente digno.

Porque cuando la ciudadanía alza la voz, la impunidad empieza a temblar.