Gabriel Contreras Velázquez
El periodo de reformas en el que se encuentra inmerso el sistema político mexicano, y que arrastra al régimen político, según el contexto que vivimos, ha dejado en claro un fenómeno que para la clase política, estudiosos, periodistas, columnistas, opinólogos, y especialistas de otras materias, se mantiene en cierta medida inflexible.
Me refiero a la orientación de ideas con que se intenta incidir en la correlación de fuerzas, ya sea pugnando por una democracia de mayor participación ciudadana, a una democracia con vicios de autoritarismo, o una democracia partidista, a un semi presidencialismo con tintes parlamentarios, en una supuesta transición que ha nadie ha quedado claro si es que ha finalizado, o aun está por concretarse.
No sabemos con certeza cuál es el valor de la transición que vivimos en el año 2000. Si es una transición pactada, debido al desgaste político en el que se encontraba el partido hegemónico, el cual poco a poco cedió espacios de poder, generando una suerte de inclusión, pero sin otorgar los controles del sistema político a la oposición. O si la intensidad de la demanda de “cambio”, divisa generada por el marketing político de aquel inicio de siglo, venía en buena medida del hartazgo ciudadano.
Si bien el PRI desapareció de la presidencia en ese año, su movimiento fue de repliegue hacia el poder de los mandatarios en los estados, compensando con ello la entrega del símbolo más idolatrado (pero en esos años, también el más cuestionado) del siglo XX en nuestro país: el poder presidencial.
Hoy, la reforma político electoral muestra la trampa conceptual en la que los discursos contingentes nos pusieron hace tiempo. México no ha regresado a “los años del PRI” (sea lo que se quiera designar con eso), tampoco vivimos la restauración del poder presidencial, ni mucho menos nos encontramos en vísperas de un parlamentarismo que irrumpa en las facultades del ejecutivo federal. Parafraseando a Echeverría Álvarez: “ni uno, ni otro, sino todo lo contrario”.
Lo que encontramos, nuevamente, es un movimiento eventual, aleatorio y/o circunstancial, donde los grupos de poder intentan mantener trasnochados privilegios, teniendo como premisa, por el momento, la capacidad de “consenso”. Se puede ceder siempre y cuando no se pierda la totalidad de los beneficios, y bajo la condición de que aquel con quien establezco un acuerdo también se vea obligado a desistir de un privilegio.
Es ahí donde encontramos lo realmente novedoso en el sexenio de Peña Nieto. La estrategia de un gobierno que juega a un primer acercamiento, así como lograr la inclusión de los interesados (que
no es lo mismo que de todos los participantes), siempre en beneficio y con apoyo de las mayorías. Dicha premisa es la que dio sustento a la serie de reformas que están por concluir, en paralelo con los días de este 2013.
Pareciera que la cultura política del mexicano sólo puede asir los cambios como una dualidad: todo o nada. Si se vende, se privatiza. Si se centraliza, se rompe el federalismo. Si no se carga impuestos a quien más tiene, es impopular. Si el PRI gobierna, habrá represión. Si el PAN regresa al poder, seguirá la violencia.
Esta forma de ver la vida pública es lo que mantiene al ciudadano en la polarización constante, sin siquiera llegar a discutir los problemas en su medida justa y objetiva. A ello habrá que pasar factura, en buena medida a los medios de comunicación, quienes no siempre fomentan la información, sino la postura política ante los hechos.
En los próximos días, los diputados federales debatirán el nuevo grupo de técnicas legales que regirán los comicios electorales. Tenemos en la mesa temática el rebase de topes de campañas como causa de nulidad, que según los legisladores sólo podrá instrumentarse cuando la diferencia entre un candidato y otro sea menos del 5%, con lo que, según ellos, se garantiza el elemento de definitoriedad, pero se olvida de manera grave el de equidad en la contienda.
Esto es, si un candidato rebasa el tope de gastos en un cien por ciento, no tendrá problema siempre y cuando también rebase en más de cinco puntos a su competidor inmediato. Prácticamente el legislador abre la puerta para legalizar la práctica del exceso de gastos de campaña, condicionándolo burdamente a la cantidad de puntos que definan su triunfo.
La hipótesis que ahí se expone olvida por completo que los ingresos invertidos en una campaña juegan como factores de inequidad, resultando que esos cinco puntos de votos de diferencia sean superados por la misma condición original: los dineros de la campaña. En dicho caso, la pasada elección del municipio de Zacatecas podría haber sido impugnada.
Esa, así como otras irregularidades, nos encontraremos en los próximos días. Si es que el “todo o nada” nos lo permite.