Agenda Política
Gabriel Contreras Velázquez
Después de la jornada maratónica en el Congreso de la Unión, en que la reforma energética sería discutida y votada por los legisladores, el procesamiento técnico de esta modificación constitucional no encontró grandes dificultades para su aprobación, como se había establecido anteriormente en los consensos al interior del extinto Pacto por México.
La izquierda dejó a un lado su propuesta de “defensa del petróleo”, a sabiendas de que no tendrían los recursos políticos suficientes para detener el acuerdo que llevaría a su promulgación el pasado 11 de agosto. Si acaso los legisladores de izquierda plantearon todas y cada una de las reservas posibles al dictamen de donde partió la reforma, la numeralia legislativa sólo les otorgaría la tribuna para desahogar su descontento, calificar a los demás partidos de traidores (desde su óptica), relacionar los intereses del presidente Peña Nieto con los del ex mandatario Carlos Salinas, y realizar un acto de absolución frente al “pueblo” al que representan. Todo con miras a su próxima, necesaria, obvia, por default, inminente estrategia electoral.
Es así que con un conjunto de leyes secundarias que le permiten a la nueva paraestatal las condiciones (suficientes o no, no es tema de esta columna por ahora) para competir y/o hacerse partícipe de la inversión de capital privado en áreas de exploración, explotación, refinación, distribución, etc., Petróleos Mexicanos dejó a un lado la retórica nacionalista con la que había crecido –de manera irregular- en las últimas décadas.
Situación que incomoda de sobre manera a los sectores más radicales de las izquierdas, ya que su ideología los lleva a exigir una suerte de renovación contractual del Estado de bienestar, auspiciado ni más ni menos por la materia prima que se encuentra en el subsuelo: el petróleo. Es por ello que incluso en la renovación de la dirigencia perredista, lo que nos encontraremos es con una miscelánea de acusaciones sobre quienes colaboraron para consumar el “atraco a la patria” y quienes defendieron a capa y espada el oro negro mexicano.
Todo ello no es más que la retórica con la que desvían las condiciones concretas y objetivas, con las que se procesan las reformas estructurales (justas o no, de su agrado o no) hoy en día en el sistema político y jurídico de este país. En los datos duros, la única forma de que las izquierdas logren “echar atrás” la reforma energética es ganando la mayoría en los congresos estatales, la cámara de diputados, y el senado. Situación que, a la fecha, no ha estado dentro de su alcance.
Sí hubo un López Obrador que estuvo a la altura del pulso público en la elección de 2006, y sí hubo una respuesta a la campaña de desprestigio que encabezó Acción Nacional en aquél año, con más desprestigio. El lodo se regó de ambas partes. Sin embargo, aún con un candidato de oposición en la presidencia, quienes tuvieron el fiel de la balanza para cerrar la pinza que pondría a Felipe Calderón en Los Pinos, fueron los gobernadores de los estados. La mayoría de ellos priístas, al igual que sus congresos, y la composición legislativa federal.
La opinión pública no pondera estos elementos que hubieran condicionado la hipotética presidencia de izquierda a moverse según las necesidades de la mayoría priísta y panista en San Lázaro y el Senado, y prefiere mantener en su memoria una cicatriz que ayudó a ese mismo candidato a colocarse en el segundo lugar de preferencias en las presidenciales del 2012.
El componente del “fraude” ha sido una y otra vez un principio redituable para López Obrador desde hace años, e incluso ha logrado institucionalizar el sentimiento en forma de partido político: MORENA. Un instituto político que no precisamente se distingue por promover la democratización de las bases, sino el movimiento de masas a partir del liderazgo único. La elección de sus candidaturas ha sido apenas la muestra (risible) de que el “dedazo” es justificable en nuestra democracia.
Pues bien, en el mismo sentido, el Sol Azteca previene que en unas semanas podríamos contar con la visita de su líder moral, Cuauhtemoc Cárdenas, para explicarnos con más figuras retóricas sobre el uso de la consulta pública como cristalización del frente de lucha a nivel nacional, que han extendido en contra de la reforma energética.
La idea de recabar firmas (por separado el PRD y MORENA), que luego serán desechadas por la Suprema Corte de Justicia, como ya se hizo con la petición del pronunciamiento que manifestaran las izquierdas en marzo de este año a aquella institución judicial, no es sino una pieza en su rompecabezas electoral. Qué mejor que les sea negada una petición de consulta popular en 2015, puesto que no cuentan, otra vez, con las mayorías legislativas requeridas. De suyo es transformar la victimización en votos.
