México, D.F.–Ante el inminente “moche” a cambio de recursos públicos en la Cámara de Diputados, es necesario establecer mecanismos que permitan el control en el manejo de los recursos y que estos lleguen íntegros a su destino, arguyó David Monreal Ávila al presentar una iniciativa de ley en materia hacendaria.

Detalló que generalmente en el Poder Legislativo, se observa un mayor peso de prácticas de gestoría de recursos y más intercambios clientelares en la lógica de negociación del gasto público. Cada año, los legisladores pueden modificar aproximadamente entre el seis y diez por ciento del gasto total —la llamada bolsa negociable —.

El resto del presupuesto se considera ineludible o comprometido porque incluye partidas con obligatoriedad jurídica o política, como el pago de sueldos y salarios, los subsidios, las pensiones y los programas sociales, así como las transferencias a entidades federativas. Dentro del porcentaje negociable, muchos legisladores fijan su atención en partidas que dan visibilidad y reconocimiento político y que benefician a grupos organizados, entre ellas: carreteras y caminos rurales, proyectos hidráulicos (presas, plantas de tratamiento de agua), recursos para universidades públicas y hospitales, programas del campo y de desarrollo social, así como programas de arte y cultura.

En México, el proceso de negociación es muy complejo y la negociación entre múltiples fuerzas políticas genera en ocasiones improvisación y falta de criterios técnicos para justificar diversos programas la negociación del gasto público se da por distintas maneras. Pero la causa central es política.

Al igual que en otros países, muchos legisladores centran su atención en la gestoría de recursos para proyectos de beneficio político y local sin prestar atención al contenido global del presupuesto. Algunos legisladores se han convertido en gestores de recursos, en lugar de evaluadores del presupuesto, como es su función de acuerdo con la Constitución.

Entre las maneras de negociar el gasto público, resalta el intercambio clientelar, en el cual, el gobierno otorga el recurso a proyectos rentables esto a  cambio del voto de los legisladores. Esta práctica no sólo se da en las partidas presupuestarias, sino que en ocasiones se negocian plazas en el gobierno, aumentos salariales y otros beneficios políticos como promoción de carreras políticas.

Ante la ineficaz forma en que se ejerce el gasto público en los últimos años, aunado a la libre etiquetación y asignación de partidas, hoy en día, las consecuencias han sido lamentables; corrupción, clientelismo, opacidad y los casos conocidos como “moches” han vulnerado la transparencia y rendición de cuentas del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Es claro que si un Diputado tiene la posibilidad de asignar millones de pesos al año para diferentes fondos, sin duda, habrá alcaldes y gobernadores que acudan a ofrecer recompensas a cambio de recibir estos presupuestos. En esta tesitura, muchos legisladores se han prestado al llamado “moche” que es el cobro de comisiones para gestionar recursos federales a favor de municipios o entidades federativas.

Diversos legisladores federales han sido acusados por presidentes municipales de solicitar sumas de dinero a cambio de otorgar partidas presupuestales a sus Ayuntamientos, lamentablemente, estos escándalos en la Cámara de Diputados por los “moches” a cambio de recursos públicos o etiquetar inversiones para obras de infraestructura, muestra la nula transparencia con la que se conduce el Poder Legislativo en México y la falta de voluntad política para implementar mecanismos de rendición de cuentas y transparencia.

Ante esta situación, hoy el Congreso de la Unión se ve obligado a regular sus propias acciones. Es necesario, establecer reglas para que los Diputados Federales no distribuyan recursos federales a discreción a cambio de «moches».

En este orden de ideas y con el objetivo de evitar el uso indebido en la asignación de recursos públicos discrecionales en el Presupuesto de Egresos para 2015, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara baja, acordó que el reparto de dinero a las dependencias y entidades federativas, así como de municipios y el Poder Judicial se llevaría a cabo por medio de solicitudes de recursos de todas las dependencias, entidades federativas y municipios a través de escritos firmados de manera impresa y electrónica, esto con el objeto de tener mayor control de las peticiones y de quienes las hacen.

Lo anterior resulta un gran avance por terminar con las prácticas de corrupción e impunidades derivadas de los “moches”; sin embargo, el formato no está reglamentado; asimismo, carece de lineamientos como el establecer el monto económico a destinar, y cuál será la distribución mediante fondos y partidas particulares.

Es momento de transitar a la transparencia y rendición de cuentas. La rendición de cuentas de los legisladores ante la ciudadanía, es un factor que contribuye a lograr una mayor transparencia y eficiencia en el quehacer político.

Los legisladores están obligados a presentar ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados de manera escrita y electrónica un formato elaborado por dicha Comisión, en el cual, se establece la solicitud de recurso para llevar a cabo programas y proyectos de todas las dependencias, entidades federativas y municipios, especificando el monto del recurso solicitado, y su distribución mediante fondos y partidas particulares.

La Comisión en mención, vigilará que los proyectos o programas propuestos por los legisladores a efecto de ser integrados al Presupuesto de Egresos de la Federación atiendan siempre a la importancia para la región o el sector por el que será ejercido.

Lo anterior, con el objeto de prevenir y eliminar la corrupción derivada de los conocidos “moches”. Es necesario, regular estas prácticas, de lo contrario, seguirán siendo un banquete para quien se enriquece su bolsillo con los recursos públicos.