“Destapan” nómina del Issstezac; trabajadores se oponen a nueva ley

Fotos: Misael Camarillo / MIRADOR

La legisladora local Soledad Luévano Cantú, en conferencia de prensa conjunta con los diputados de oposición, anunció la celebración de un foro de Seguridad Social para analizar la reforma del Issstezac, donde participará el diputado federal Javier Salinas Narváez, presidente de la comisión de Seguridad Social en la Cámara de Diputados. Además, dio a conocer a la opinión pública la nómina completa del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del Estado de Zacatecas, como prueba de los malos manejos en el organismo.

Luévano Cantú dijo que Gobierno del Estado y los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) están ansiosos por que se apruebe la nueva ley del Issstezac, “bajo el argumento de que el instituto está quebrado; la realidad es que no quieren que los trabajadores conozcan la iniciativa y se enteren de los malos manejos en el instituto”.

Una vez entregada la copia de la nómina completa, la diputada informó que el director general del Instituto tiene un séquito de 20 personas para atender sus asuntos. “Estamos hablando del personal de la dirección general y su secretaria particular, incluso han contratado personal eventual para poder atender las necesidades del director. Todo este personal representa un costo de casi 7 millones de pesos al año, dinero podría utilizarse para el pago de pensiones”, dijo.

La legisladora afirmó que también detectaron  a varios operadores políticos del PRI y a los “juniors” de funcionarios de alto nivel en el Gobierno Estatal. Dentro de los nombres que destacan se encuentran el propio director del instituto, Víctor Rentería, quien según Luévano Cantú, no tiene ninguna experiencia en materia de Seguridad Social, pero es un efectivo operador financiero del PRI y percibe un salario de 77,938.00 pesos al mes.

También está Francisco Javier Bonilla, quien es primo del diputado federal Adolfo Bonilla, y quien percibe un salario de 66,976.00 pesos mensuales; Jorge Rodríguez Márquez, el cual es hermano del titular de la Secretaría de Infraestructura (Sinfra), y percibe un salario de 66,976.00 cada mes, lo mismo que Víctor Hugo Salas, quien  percibe un Salario 66,876.00 mensuales.

Informó Luévano Cantú que también están en la nómina Juan Antonio Ruiz García,  quien era secretario del ayuntamiento de la capital en el gobierno de Arnoldo Rodríguez, percibe un salario de 66,876.00, lo mismo que Maricela Dimas, operadora política en la campaña de Carlos Peña, quien tiene un sueldo de 56,254.00 en el mismo periodo.

Alfredo Mendoza Villalpando, quien es hermano de Javier Mendoza Villalpando, coordinador de atención ciudadana de Gobierno del Estado, percibe un salario de 30 mil pesos mensuales; Marco Vinicio Flores Guerrero, hijo de Marco Vinicio Flores, secretario de Educación del estado, percibe un salario de 31,780.00 pesos, en tanto que Pablo Huizar Vázquez, sobrino del secretario de la Función Pública, Guillermo Huizar Carranza, percibe un salario de 24,200 pesos.

José Antonio Márquez Vargas, cuyo único mérito fue ser el médico particular del gobernador del estado, gana 66 876.00 mensuales y José Josué Mojarro Trujillo, sobrino de Pedro de León Mojarro, percibe 23,100.00 pesos.

Afirmó la diputada que se ha utilizado al Issstezac para pagar favores políticos mediante el tráfico de influencias para inflar la nómina del instituto.

“El tráfico de Influencias y los salarios desmedidos son una de las razones principales de la quiebra del instituto. Son tantos los compromisos políticos que se pagan con una plaza en el organismo, que se duplican funciones. Por ejemplo, tienen un departamento Mercadotecnia, otro de Imagen, otro de Publicidad, otro de Relaciones Públicas y el de Comunicación Social”, aseguró.

Afirmó también que se estos movimientos se emplean para abrir plazas para los operadores  políticos del PRI, y denunció que en Paraíso Caxcán  trabajan  casi 200 trabajadores, donde  funcionarios y amigos del gobierno reciben atenciones a costa de los trabajadores.

“Que no nos venga el gobernador con que el Issstezac está quebrado; lo quebraron el nepotismo y el derroche. Por eso no podemos aprobar una reforma mientras que no se sancione a los responsables. Todos sabemos de la quiebra del instituto, pero el PRI quiere que los platos rotos los paguen los trabajadores”.

Finalmente, los legisladores de oposición exigieron los resultados de la auditoría realizada al Issstezac y la entrega de un nuevo estudio actuarial serio.

Mientras tanto, un grupo de manifestantes, derechohabientes del instituto pertenecientes a la Sección 58, Burócratas, Telesecundarias y Cobaez, señalaron que son muchos los trabajadores que están en contra de la reforma a la Ley del Issstezac, ya que es lesiva para el trabajador .

Las nuevas disposiciones marcan que los trabajadores se jubilen hasta los 35 años de servicio, dijeron, cuando en la legislación vigente son 30 años laborados para obtener el beneficio. No podemos perder de vista la irresponsabilidad de la administración actual, así como de anteriores, debido a que el Issstezac siempre ha sido una caja chica de Gobierno del Estado.

Hay varios negocios que reportan pérdidas y los siguen manteniendo, lo que se constituye en irresponsabilidad para la comisión de vigilancia del Issstezac, agregaron. Además, sacan dinero del Fondo de Pensiones para cubrir ese déficit y para pago de la nómina del propio organismo.

De hecho, señalaron se tiene lista una contrapropuesta, elaborada en comparación con la ley vigente, y que tiene un claro sentido social para los trabajadores, la cual plantea como elemento esencial que se haga un saneamiento de las finanzas del instituto para que siga funcionando el sistema de pensiones.

Además, se solicita que se regrese al anterior articulado en donde se estipula que una vez cumpliendo los 30 años de servicio se entregue una bonificación o se entregue la jubilación al 100%. Por otro lado, ya no se considera el aspecto de la vivienda para los trabajadores en la normatividad que estaría por aprobarse.

Encabezando las manifestaciones estuvieron Fernando Arteaga Gaytán y Marcelino Rodarte, quienes son miembros del Movimiento Democrático Magisterial de Zacatecas perteneciente a la Sección 58 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), quienes añadieron que se encuentran en la lucha ante la ausencia de dirigencia sindical formal que asuma la defensa de los derechos de los trabajadores.

Dentro de las regresiones en la reforma se encuentra un punto básico, advirtieron, que es el señalado en el 18 Transitorio de la Ley que se pretende implementar dice que todos los trabajadores que se retiren a partir del primero de enero de 2016 tendrán que cumplir varios requisitos, además de los 30 años de labores, tener 60 años de edad. Si no se cumple este segundo requisito, se descontará de la pensión 3% por cada año que falte para cumplir los 60, en tanto que la mayoría de los trabajadores va a tener que trabajar un promedio de 17 años más, por lo que se constituye en una ley retrógrada y criminal.

Finalmente, expusieron que otra de las exigencias de la base trabajadora es la total transparencia de las finanzas del Issstezac, de manera que todos puedan estar enterados de los movimientos que se realizan.

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