A un paso de la aprobación

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Código Político

Por Juan Gómez

La nueva Ley del Issstezac (Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas) está a unos cuantos días de ser votada en el pleno de la LXI legislatura, luego de que el viernes pasado fuera leída y aprobada en una reunión de trabajo de las Comisiones Unidas, Función Pública; Presupuesto y Cuenta Pública.

El arranque de los trabajos estuvo marcado por una nueva forma en la coordinación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, puesto que la celeridad en la búsqueda y hallazgo de los acuerdos entre el Secretario General de Gobierno, Jaime Santoyo Castro y los representantes de los grupos parlamentarios se ha hecho patente.

Previo a la sesión se acordó hacer el vacío para evitar la aprobación del dictamen en cuestión, pero quien declinó el acuerdo entre las fracciones opositoras fue la panista Guadalupe Medina Padilla, quien con su presencia generó la suficiencia de quórum para sesionar  y permitir la aprobación mayoritaria del PRI, pese a la abstención del diputado Verde, Cuauhtémoc Calderón Galván y del voto en contra de la legisladora de Morena, Soledad Luévano Cantú. Cabe mencionar que la diputada de Nueva Alianza, María Elena Nava, también se abstuvo de votar en la sesión mencionada.

A dicha sesión no asistieron el coordinador de la fracción del Partido del Trabajo, Alfredo Femat Bañuelos y la diputada perredista, Eugenia Flores, quienes habían acordado reventar la sesión y dejar un lapso para el análisis de contenido de la iniciativa enviada por el Ejecutivo del Estado, para ahondar en la lectura y estudio del resultado de la auditoría practicada a la administración del Issstezac entregado apenas el martes pasado.

Como puede apreciarse el análisis y ahondamiento en el conocimiento y estudio de la auditoría practicada al Issstezac se pasará por alto, puesto que difícilmente se discutirá, analizará el contenido de las observaciones y se obviará la aplicación de sanciones a quienes llevaron al status en el que se encuentra el estado financiero y administrativo de este instituto, que ha sido presa de “caja chica”, compra de activos improductivos y excesos de quienes lo han administrado en el pasado y en el presente.

La Ley Issstezac fue firmada por el entonces gobernador del estado  José Guadalupe Cervantes Corona el 26 de agosto de 1986, y aprobada por la LI legislatura del estado y publicada el 27 del mismo mes y año bajo el Decreto 268.

Pero la serie de irregularidades que han caracterizado al instituto en los últimos años que van desde la ausencia de una disciplina en su gasto ordinario, carencia de una funcionalidad en el cobro de las cuotas que aportan los trabajadores a las dependencias públicas, compras sin rendición de cuentas al órgano de gobierno de empresas privadas, falta de planeación administrativa para la contratación de personal; expansión desordenada de farmacias y mueblerías; compras y adquisiciones sin licitación pública; sueldos desproporcionados a directivos; ineficiencia administrativa y un largo etcétera, generaron un instituto débil y un agotamiento del sistema pensionario en el gobierno zacatecano.

La opacidad, la ausencia en la rendición de cuentas y , aunque parezca redundante, la falta de transparencia en las adquisiciones y el manejo administrativo del Instituto, generaron una serie de vicios ante los cuales no se observa la aplicación de una política que contenga, impida y sancione este tipo de prácticas de los servidores públicos que han sido los responsables de la situación de desastre que impera en el organismo responsable de las pensiones y jubilaciones de los trabajadores en el servicio público del estado.

En la pasada sesión del 10 de febrero del año en curso el diputado Juan Carlos Regis Adame (PRD) propuso una serie de cambios en algunos artículos del Código Penal del Estado de Zacatecas, con la finalidad de aplicar sanciones a los servidores públicos que incurran en violaciones a la Ley y a la normatividad del Issstezac, a propósito de la iniciativa de reforma enviada en días pasados por el Ejecutivo del estado, entre las que se comprenden:

“Incremento gradual de las aportaciones de los derechohabientes del Issstezac; Establecimiento de una edad de 65 años para alcanzar el beneficio de una jubilación; Establece límites para el piso y tope de las pensiones; Disminución de pensiones mediante el establecimiento de un sueldo regulador, etc.”.

El legislador observa lo siguiente en la propuesta referida:

“Mucho se dice y se cuestiona sobre la probidad y eficiencia con la que debiera manejarse al Issstezac, pues hay antecedentes concretos de la desviación de sus recursos y del manejo ilícito que de él se ha hecho por directivos anteriores. Recordemos que uno de ellos fue sancionado e inhabilitado para ocupar cargos públicos, otro fue responsable o comparsa del incremento desmedido de la nómina del organismo, otro más de utilizar bienes del Instituto para beneficiar a familiares y amigos”.

Y agrega lo siguiente:

“ Los datos recientes que hace unos días fueron públicos respecto a la nómina de mil cien trabajadores del Instituto cuyo costo es superior a los 200 millones por año, de sus presuntos aviadores, comisionados, operadores políticos, hijos, ahijados y demás familiares de altos funcionarios del gobierno, han destapado a penas una parte de la cloaca en la que han convertido al Issstezac y que la suntuosidad, la simulación en el trabajo y la falta de visión asfixian sus finanzas y amagan con la quiebra financiera y el desplome del sistema de pensiones en Zacatecas”. (http://www.congresozac.gob.mx/coz/images/uploads/20150210105049.pdf ).

Sin embargo lo que se ha impuesto es la efectividad en la operación política para la aprobación de dicha ley a la que muchos trabajadores temen una afectación en sus derechos de jubilación y estadía en el sector público estatal.

La nueva Ley Issstezac está a unas cuantas horas de ser aprobada y el documento contempla en términos generales, el incremento en la edad de jubilación de los burócratas; aumento progresivo en sus cuotas laborales; una posible disminución del personal y el cierre de empresas improductivas.

¿Será suficiente para estimular la transparencia y la eficiencia de un instituto caído en el descrédito de la inoperancia administrativa estatal?

Al tiempo.

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