Por corrupción judicial mujeres migrantes son acusadas de trata

REPORTAJE  (PRIMERA PARTE)

PGJ de Chiapas fabrica expedientes; crimen organizado, impune

Por: Ángeles Mariscal*

migrantesCimacnoticias | Tapachula, Chis.-  En el patio del penal femenil de esta ciudad fronteriza con Guatemala hay un grupo de mujeres sentadas bajo un techo de lámina, el único escudo contra el inclemente sol.

Las convoca un ministro de culto que reza, pero sus raíces centroamericanas y los motivos de su encierro, también las reúnen.

Ellas, originarias de Guatemala, Honduras y El Salvador, están acusadas del delito de trata de personas. Algunas fueron condenadas a 23 años de prisión, otras llevan más de un año detenidas y no han recibido sentencia.

Sólo en esta prisión, en la frontera sur de México, hay 20 mujeres detenidas acusadas de explotar sexualmente a sus compañeras. Otras tres que fueron encerradas durante cuatro años obtuvieron su libertad mediante un método extremo: por varios días emprendieron una huelga de hambre para presionar la revisión de sus casos.

Este martes 26 de mayo, Karen Vallecillo, Deyra Elizabeth y Santa María Rosales abandonaron la prisión. Su caso, dicen grupos civiles, “demuestra la violación sistemática al debido proceso”, y evidencia el fracaso del sistema penitenciario mexicano, “que por un lado priva de la libertad a personas inocentes y, por el otro, deja impunes a los verdaderos operantes de las redes de trata”.

Algo que se refuerza con los testimonios de nueve mujeres presas, entre ellas las recién liberadas, otra más que antes abandonó la cárcel, la revisión de sus expedientes, y la experiencia de personas defensoras de los Derechos Humanos (DH).

En el fondo lo que prevalece son patrones que dejan dudas sobre la efectividad del programa “Corazón Azul contra la Trata de Personas”, que en 2009 lanzó el gobierno del estado de Chiapas en colaboración con la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Primero, una de cada dos personas detenidas y acusadas de trata son mujeres y, al menos, una tercera parte, son mujeres migrantes sin documentos y sin acceso a defensa consular.

Segundo, en casi todos los casos se trata de acusaciones que el
Ministerio Público (MP) fincó a partir de testigos o víctimas, también migrantes, que no ratificaron su dicho o lo modificaron, incluso señalaron haber sido presionadas para testificar en contra de la detenida.

Diego Lorente, director del Centro de Derechos Humanos Fray Matías, considera que la Procuraduría General de Justicia de Chiapas (PGJ) no ha presentado resultados que confirmen el combate al crimen organizado y a la corrupción dentro de las instituciones que permite la explotación sexual.

Por el contrario, acusa, se criminaliza a las migrantes. “Su interés es sólo dar cifras. Se les hace más fácil criminalizar a las mujeres, a las más vulnerables. Ponen a las migrantes como delincuentes, como un peligro social”, sostiene.

DEYRA: OBLIGARON A SUS COMPAÑERAS A ACUSARLA

Las hondureñas Deyra Elizabeth Santos y Karen Julisa Vallecillo Castro fueron las primeras mujeres migrantes detenidas en Chiapas y acusadas de trata de personas con fines de explotación sexual comercial.

Deyra, presa desde 2011, fue condenada a 23 años y Karen, en la cárcel desde 2010, a 29. La historia de Deyra se hizo pública cuando la PGJ de Chiapas la exhibió ante los medios de comunicación como un “logro” en el combate a ese delito.

Así, según organizaciones defensoras de las y los migrantes, la PGJ inició con una estrategia para aprehender y acusar al mayor número posible de mujeres migrantes que trabajan en bares o cantinas a donde llegan los sectores populares de la sociedad.

En el expediente 154/2011, la primera declaración de Nancy Carolina Núñez Palma y su hermana Osiris, quienes trabajaban con Deyra en el bar “Paso del Norte” de Frontera Comalapa, fue para acusarla por explotarlas. En la segunda, Nancy y Osiris se desistieron y acusaron haber sido obligadas para inculparla.

En entrevista telefónica, Osiris explica cómo fueron obligadas a acusar a su compañera de trabajo: “Nosotras teníamos sólo 12 días trabajando en el mismo bar que Deyra, pero cuando nos detienen, nos golpean y nos amenazaron con deportarnos y quitarnos a mi sobrina. Nosotras no vamos a dejar sola a Deyra porque sabemos que es una injusticia que esté en prisión”.

En el caso de Karen Julisa, el expediente 1114/2010 de Motozintla señala que fue detenida en el bar “El Titanic” de Frontera Comalapa, junto a Katia Elizabeth Hernández y Griselda Judith Vásquez Rodríguez, todas originarias de Honduras.

En una primera declaración, Katia y Griselda aparecen como víctimas de trata y Karen como su victimaria. En las siguientes declaraciones, las dos presuntas víctimas se desistieron y deslindaron de toda responsabilidad a Karen, además sostuvieron que trabajaban por “libre elección”, y que en el bar su labor se limitaba a servir mesas y acompañar a los clientes a beber.

A pesar de que Katia declaró a favor de Karen, la sentenciaron a 29 años de prisión.

“A nosotras nos acusan sólo por ser extranjeras, porque a los verdaderos tratantes, a los dueños de los bares, no les hacen nada y cuando alguno llega a caer, paga porque lo liberen.

“Con el tiempo también hemos visto que esto que empezó con el que fue gobernador antes (Juan Sabines Guerrero) se hizo más fuerte y ahora les pagan hasta 30 mil pesos a los policías que detienen a una de nosotras y logran que otras la acusen de trata”, acusa Karen.

Deyra sostiene que algunos policías y agentes del MP les han dicho a las detenidas que reciben “una compensación de un fondo” por detener a migrantes en bares y cantinas. “Lo siento chaparrita vas a ver que con el tiempo vas a salir de prisión”, son las palabras que ellas mencionan.

Deyra y Karen apelaron tres veces su sentencia, sin éxito. El 18 de mayo, junto con Santa María Rosales, iniciaron una huelga de hambre que consiguió lo que cientos de fojas de expedientes burocráticos no pudieron: que los jueces se dieran cuenta de su inocencia.

MIGRANTES SIN PAPELES, MÁS VULNERABLES

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ubican a Chiapas como un “polo de atracción” para la trata de personas con fines de explotación sexual, por las condiciones de vulnerabilidad de las mujeres sin documentos de estancia legal, están lejos de sus casas, y desconocen sus derechos o no los pueden exigir. Además por la xenofobia y discriminación social que naturaliza el hecho.

Por la clandestinidad del delito, se desconoce el número de víctimas de trata, pero se calcula que por cada víctima identificada hay 20 ocultas. En todo caso, la mayoría de las víctimas son extranjeras que provienen del triángulo norte centroamericano: Guatemala, Honduras y El Salvador.

En el “Diagnóstico nacional sobre la situación de trata de personas en México, 2014”, la UNODC reconoce que además de la falta de capacitación especializada del personal que aplica las leyes contra la trata –agentes del MP, jueces y policías investigadores–, no se han desarrollado aún las herramientas para la persecución y sanción del delito, y no se protege ni atiende a víctimas, sus familias y testigos.

SANTA: SU FAMILIA, SUS “VÍCTIMAS”

Santa María Rosales, alta, muy delgada, cabello largo, ondulado, 35 años, hondureña. Cuando tenía 23 años de edad cruzó la frontera con México; desde hace seis años radica en Huixtla, Chiapas.

De acuerdo con su relato, el 19 de junio de 2013 policías armados y encapuchados tocaron a su puerta. Una denuncia “anónima” los llevó a su casa. Ella estaba con su hermano menor Luis y su prima Berty Larissa, quienes acababan de cruzar a México para intentar llegar a Estados Unidos.

No hubo orden de aprehensión, acusa Santa. Los policías entraron, golpearon y se llevaron a todos. A su hermano y a su prima los deportaron casi de inmediato.

El expediente 134/2013 del Juzgado de Huixtla asienta que Santa María se dedicaba a la trata de personas, y que fue detenida con dos de sus víctimas. También, que dos mujeres declararon en su contra.

Santa afirma que logró investigar y supo que se trataba de dos jóvenes a quienes tuvieron encerradas en un “albergue para víctimas”, quienes habrían huido de ahí porque las violaron. Por eso nunca comparecieron en las audiencias, reconoce la PGJ de Chiapas.

Santa fue sentenciada a seis años de prisión por el delito de trata de personas. Su prima Berty fue deportada a Honduras, de donde regresó en una ocasión para declarar a favor de Santa y explicar el motivo por el que se encontraba en su casa. Su hermano Luis también declaró a favor de ella antes de continuar su viaje a EU.

Hoy la hondureña, más delgada que hace unas semanas por la huelga de hambre, está libre.

RESPALDO DE LA ONU

Deyra, Karen y Santa no lo saben, pero en 2009 el entonces gobernador Juan Sabines hizo un acuerdo con la ONU para apoyar el Programa “Corazón Azul contra la Trata de Personas”.

Promulgó la Ley para Combatir, Prevenir y Sancionar la Trata de Personas en Chiapas. Cuatro años después el gobierno estatal la reformó para crear el “Fondo para la protección y asistencia a las víctimas de los delitos de trata de personas del estado de Chiapas”, al que organismos internacionales, civiles y del propio gobierno depositan recursos, cuyo manejo es libre, discrecional y no está sujeto a fiscalización.

En 2013 el acuerdo fue ampliado por el procurador de Justicia estatal, Raciel López, y el representante de la ONUDC, Antonio Luigi Mazittelli. Según el diplomático, el actual gobernador, Manuel Velasco, ha permitido “buenos resultados”.

GUADALUPE, SIN ABOGADO NI APOYO CONSULAR

Guadalupe Pérez tiene 50 años de edad; es una mujer indígena originaria de la aldea de San Pedro Tacana, en el departamento (estado) guatemalteco de San Marcos.

En su expediente penal, el 18/2014 del Juzgado Mixto de Motozintla, se dice que fue detenida en enero de 2014 en Frontera Comalapa. Está acusada de explotar sexualmente a un grupo de mujeres.

Ella lo niega. Guadalupe relata que trabajaba afuera de un bar, una construcción de lámina y bajareque. Por 80 pesos diarios, su trabajo consistía en invitar a los transeúntes a entrar y consumir cerveza.

El día de su detención, recuerda, llegó un convoy de policías federales y estatales. Llevaban los rostros cubiertos, portaban armas largas. Ella asegura que la detuvieron junto con otras mujeres, que las llevaron a unas oficinas, las maltrataron, y las obligaron a firmar declaraciones cuyo contenido nunca supieron.

Guadalupe señala que por ser analfabeta, imprimió su firma. Con el tiempo supo que la acusaban de prostituir a sus compañeras de la cantina: trata de personas con fines de explotación sexual, señala su expediente.

No tuvo asistencia consular, tampoco traductor, pues su español es muy elemental. Guadalupe dice desconocer a su abogado, y no entender lo que se explica en las pocas audiencias que ha tenido.

De acuerdo con el informe “Campaña Corazón Azul contra la Trata de Personas”, de la PGJ de Chiapas, de 2010 a 2014 se ha detenido a 286 personas acusadas de este delito, 123 de ellas son mujeres (43 por ciento), 37 de las detenidas son migrantes centroamericanas actualmente recluidas en los penales de San Cristóbal de las Casas, Cintalapa, Comitán y Tapachula.

Un análisis realizado por Luis Villagrán, del Centro de Dignificación Humana, encontró que el 90 por ciento de las mujeres fueron detenidas en operativos que se concentran en locales de bajo presupuesto, donde trabajan las mujeres más vulnerables, las que no tienen estancia legal en el país. La mayoría de las veces ellas trabajan como encargadas de atender, “meserear” o lavar trastes.

Villagrán señala que se debe investigar a los dueños de los negocios. Para abrir un bar, cantina o centro de bebidas alcohólicas los ayuntamientos expiden los permisos.

Villagrán acusa que las compañías cerveceras acaparan los permisos para luego rentar a particulares. Este es el caso de la mayoría de bares y cantinas en la zona. También advirtió la falta de revisión de bares de mayor plusvalía que actúan en impunidad.

“En Tapachula este sector de bares de alta categoría formó un sindicato y actúan en la impunidad. La procuraduría no se mete con ellos, con los giros ‘negros’ o ‘rojos’”.

LILIAN, ACUSADA POR SU SOBRINA

Lilian Elizabeth Aguilar tiene 46 años de edad. Originaria de Guatemala, cuenta que vendía comida en la garita aduanal de Tecún Uman, frontera con Ciudad Hidalgo, Chiapas.

En agosto de 2010, recuerda, su sobrina Paola, de 17 años, fue a comprar insumos para la comida y no regresó. Ella era como su hija, pues desde su nacimiento la cuidó.

“Fui a las autoridades y pedí que la buscaran, me dijeron que me iban a llamar si la encontraban. A los pocos días me dijeron que la habían encontrado y que estaba golpeada, que fuera a buscarla. Fui y entonces me dijeron que yo la había vendido. Ella sólo lloraba”.

Lilian fue encarcelada y después Paola la visitó. Según relata Lilian, su sobrina le contó que se había ido con su novio y cuando la encontraron la obligaron a firmar un papel. Después supo que era para acusarla.

“Ella viene a verme (al penal) y me dice: ‘Mamita, perdóname, yo ya les dije lo que pasó, pero no quieren agarrar mi declaración’”.

Lilian fue condenada a 13 años y seis meses de prisión por el delito de trata. Osman Otoniel López, su esposo desde hace 24 años, la visita cada dos semanas. Él trabaja como jornalero agrícola para mantener a sus tres hijos y para llevarle algo de dinero a ella.

CONSULADOS: “SE VIOLAN DERECHOS”

Las mujeres detenidas denuncian el abandono de sus consulados y éstos reprochan al gobierno mexicano no permitirles la defensa de sus compatriotas.

Héctor Sipac, cónsul de Guatemala en Tapachula, apunta que la Fiscalía Especializada contra la Trata de Personas actúa con negligencia y dolo contra las migrantes.

La Fiscalía, abunda el cónsul, no les notifica cuando hay guatemaltecas detenidas, violando así la Convención de Viena; además de que las han obligado a firmar documentos en blanco o declaraciones que no les permiten leer.

“Tenemos casos muy documentados donde guatemaltecas están detenidas acusadas de trata y donde tras varios años de cárcel ni siquiera han recibido una sentencia porque las presuntas víctimas ya no aparecen. En otros casos, quienes son presentadas como víctimas terminan declarando a favor de las detenidas, pero sus testimonios no son tomados en cuenta”, refiere.

La cónsul de Nicaragua en Tapachula, Namibia Fuentes González, también denuncia irregularidades en el actuar de la Fiscalía, pues se les niega atención consular a sus connacionales acusadas del delito.

En abril pasado, durante un operativo en el bar “El Trópico”, en Arriaga, se detuvo a una nicaragüense que no fue remitida a las autoridades. Para tratar de ubicarla, la cónsul acudió a la Fiscalía para la Atención a Migrantes de la PGJ de Chiapas, donde se le dijo que habría sido deportada sin que se le notificara al consulado.

La diplomática nicaragüense dijo que no se está aplicando la Convención de Viena ni el Protocolo de Palermo para atender a las migrantes de su país detenidas en operativos contra la trata de personas.

Marco Tulio Buesco Guerra, cónsul de Honduras en Tapachula, sostiene que el mayor número de mujeres migrantes detenidas por el delito de trata son de su país.

“Hay pruebas de que en la mayoría de los casos han violado los derechos de nuestras connacionales. Es una situación que ha ido en crecimiento de manera alarmante, por ello ya realizamos un informe a la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos de Honduras, y esperamos que en breve se haga llegar al gobierno mexicano una nota diplomática pidiendo se revisen los casos de las ya detenidas, y se respeten los protocolos internacionales”.

OPERATIVOS ARMADOS

La organización Brigada Callejera Elisa Martínez labora con trabajadoras sexuales y meseras de bares y cantinas, para hacerles conocer sus derechos.

La fundadora Elvira Madrid dice que a las migrantes detenidas les fabrican expedientes irregulares en los que a unas las ponen como víctimas y a otras como victimarias. En octubre de 2014 atestiguó un operativo en el bar “Dragón Chino”, a donde habían acudido para dar una plática a las mujeres.

En 30 minutos, recuerda, policías encapuchados y armados, acompañados de un agente del MP, montaron el operativo. Hicieron pasar a una joven como menor de edad; a otra que tenía una bebé la hicieron firmar una declaración en la que decía que era víctima de trata, la amenazaron con que si no firmaba la acusación iba a ir a la cárcel y le quitarían a su hija.

La experiencia que tiene Brigada Callejera con el trabajo en la frontera sur le permite al equipo asegurar que las acciones que se han emprendido en Chiapas contra la trata dejan impune a la delincuencia organizada. “Hay lugares donde tienen a las mujeres obligadas, donde hay armas, donde hay droga. A esos no los tocan, con ellos no se meten”, critica Elvira Madrid.

Nora Suyapa Rodríguez, representante de la Comunidad de Centroamericanos en Chiapas, explica que sus paisanas encuentran en el trabajo en bares y cantinas una opción para obtener recursos suficientes, que les permiten subsistir y enviar remesas a sus países de origen, pues el trabajo en tiendas o casas –la otra opción laboral– se paga en 60 u 80 pesos por jornadas de 12 horas.

Una alternativa de alto riesgo, dice Nora: “Cuando entran al país el primer trabajo que les ofrecen es el de los bares y las cantinas. La necesidad las va orillando a los bares, a las cantinas, a los ‘table dance’, a exponer su vida, a ser explotadas y maltratadas; y ahora, hasta a ser encarceladas”.

*Este trabajo forma parte del proyecto “En el Camino”, realizado por la Red de Periodistas de a Pie, con el apoyo de Open Society Foundations. Conoce más del proyecto aquí: enelcamino.periodistasdeapie.org.mx.

 

Etiquetas
Goldcorp

Noticias relacionadas

Top