Zacatecas, Zac.- Los diputados José Luis Figueroa e Iván de Santiago, así como el líder barzonista Manuel Alvarado, ofrecieron una conferencia de prensa este viernes en el Congreso del estado para dar a conocer la serie de situaciones desfavorables que se han presentado en los últimos años con relación a la falta de apoyo a productores y las malas condiciones en que se lleva a cabo la comercialización del frijol en la entidad.

Señaló Alvarado que en las últimas horas se tomó el resolutivo por parte de todas las organizaciones a nivel nacional para impulsar una serie de acciones, entre las que se encuentra el que el próximo día 26 se tomará el Puente Internacional Fronterizo en Ciudad Juárez, Chihuahua, y el paso, con motivo de que se dio a conocer de manera oficial por parte del representantes de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca) y Sagarpa de que no van a entrar para este ciclo 2015 con apoyos y el programa de comercialización del frijol.

Es decir, que “van a dejar totalmente por la libre el precio y que no hay programa, y para nosotros es una provocación directa”. Por ahora hay un adeudo de más de 8 mil 500 millones de pesos que se le deben a los productores de maíz, frijol trigo y otros productos, afectándose a un promedio de 20 mil agricultores, señaló el barzonista, afectándose a 5 estados de la República.

El director regional de Aserca, Emilio Nava, estuvo la semana pasada en Durango, informó Manuel Alvarado, y dio a conocer el tema. Nos preocupó y eso preosupó que se decidiera en reunión de productores que “fuéramos en defensa del precio porque realmente ese programa no debe quedar por la libre”.

Advirtió que los costos de producción son elevados, ya que los insumos han alcanzado hasta 200% de incremento. “El debate es cuánto le invierto a una hectárea y cuánto es lo que debe valer”, dijo. Sin rodeos, debemos sentarnos representantes del Gobierno, comisiones de la Cámara de diputados y los productores, de manera que se haga un estudio serio sobre la situación”.

Por otro lado, se refirió al caso de Ayotzinapa manifestando que los padres de los 43 estudiantes desaparecidos están formando una comisión de carácter independiente para que se valore cuánto es lo que debe valer el kilo de frijol, de manera que debemos retomar el tema. “Así, nos evitamos movilizaciones y confrontaciones con el Estado”.

“Queremos dejar bien claro que culpamos a los representantes del gobierno en dado caso de que exista una represión a partir del día 26, fecha en la que se hará el paro de 4 estados, pero repercutirá en la frontera”, agregó. Al mismo tiempo, convocó a los productores locales a que se dé una verdadera organización para tomar medidas. Se trata de que no se afecte al productor ni al consumidor.

Loa adeudos que se tienen son de programas adicionales del maíz, que son los dos pesos adicionales para productores y de 1.50 para los acopiadores, expuso el dirigente. El que queda más desprotegido es el frijol, ya que el maíz se basa en el precio internacional y hay un seguro de cobertura, donde a la baja o a la alza se apoya al productor y al comprador.

Con la serie de declaraciones de las autoridades en el sentido de que “está flaca la caballada, que bajó el precio del petróleo y cosas así, nos han vendido la idea de que no hay recursos, pero discrepamos de ellos, pues hubo un derroche de recursos exagerado; tenemos varios casos, como el de Colima, donde se actuó con recursos”, aseveró.

Más bien se está reorientando el interés de los apoyos, y en este caso sentimos que el sector del campo está totalmente desprotegido, prosiguió Alvarado.

Sostuvo que la semana pasada se le entregó un pliego petitorio al director de Aserca, señalando él que no hiciéramos movilización alguna porque íbamos a tener respuesta de inmediato, pero a la fecha no se ha tenido nada. El compañero Alfonso Ramírez es quien anda organizando a la gente en la frontera, y Zacatecas también se tiene que promocionar. Un contingente de Sinaloa, Chihuahua, Durango, Zacatecas y Nayarit a la frontera, estados donde se manifiesta de manera más severa el problema.

Ahora mismo se han visto precios de 4, 6 y 8 pesos, pero, por otro lado, no se espera la producción que se ha venido anunciando. El tiempo se comportó de diferente manera, pues las primeras siembras no dieron resultado por falta de agua. Luego llegaron las lluvias y se volvió a sembrar, casi la mayor parte, y ya fue tarde, de manera que habrá problema con la calidad también.

Se tienen costos de producción de 6 mil pesos, de 7 mil y 8 mil. Si está a 7 pesos el kilo, y sacas una tonelada por hectárea cuando muy bien te va, entonces sales a mano, y no queda utilidad alguna. Esos recursos tienen que salir del Gobierno, o que dé un precio justo. Si pagan a 6 pesos, “estamos perdidos”, máxime que hay regiones del estado que las tierras no son productivas, pues se sacan de 200 a 300 kilos por hectárea, con lo que no recuperan ni siquiera la inversión en la semilla.

Por su parte, Iván de Santiago comentó que como reacción parlamentaria amplia se hace público el respaldo a la lucha de El Barzón, pues es injusto que derivado de los ajustes en materia económica a nivel federal se vayan a eliminar programas y subsidios que afectan a productores del campo, en especial a los frijoleros.

Además, es necesario que se trabaje el tema con transparencia, ya que si se otorgan los subsidios serán como bandera del partido que gobierna, en tanto que todos sabemos que es producto de la lucha de los sectores. Convocó a los productores a organizarse, mientras que se comprometió a emitir un punto de acuerdo para señalar en el Congreso para que autoridades federales y estatales tomen en cuenta la posibilidad de incluir en sus presupuestos este tipo de subsidios.

Por último, José Luis Figueroa expuso que ya se había advertido con anterioridad la serie de muchas organizaciones sobre la problemática sobre las consecuencias de presupuesto base cero, donde los programas afectarán el diseño del presupuesto 2016.

Campesinos que tienen adeudos con las cajas populares han manifestado también que no les fue satisfactorio el programa de rescate para los adeudos, ya que señalaban autoridades que “no era legal que el estado y la federación aportaran recursos económicos”.