Carecen gobiernos de voluntad para frenar el feminicidio

  • En México se cometen 7.2 asesinatos contra mujeres, INMUJERES
  • ONU señala que este fenómeno ha crecido 40% en la última década
  • 95 por ciento de los feminicidios en la impunidad

Por: Gabriela Ramírez

Foto: Frida Hartz

Foto: Frida Hartz

SemMéxico. D.F.-En México no existe voluntad política para frenar los feminicidios. A pesar de que cifras oficiales señalan que en nuestro país cada día son asesinadas siete mujeres, no se ha logrado avanzar en la tipificación el delito en todas las entidades, ni el Estado ha cumplido con las recomendaciones internacionales.

A pesar de la insistencia de grupos de mujeres de diversas entidades, hasta el momento, sólo se ha decretado la alerta de género en dos estados. Pero la insistencia sigue, las mujeres exigen la alerta en diversos estados e incluso se han pronunciado para exigir una alerta nacional.

Esto ante el hecho de que por una parte, siguen matando a las mujeres y por otra, la alerta parece no estar dando los resultados esperados.

 El panorama

 Pablo Navarrete, coordinador de asuntos jurídicos del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) señaló que en México diariamente se cometen 7.2 feminicidios.

Explica que si bien el feminicidio es la expresión extrema de la violencia contra las mujeres, no es la única forma en que se manifiesta y por ello es importante identificar que la violencia feminicida es el contexto en que se producen todas las formas de agresión contra ellas, no sólo los feminicidios.

La ONU informó que entre 2006 y 2012, los feminicidios en México aumentaron 40 por ciento y que 95 por ciento de ellos siguen en la impunidad.

Además, de acuerdo a la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, en los últimos 25 años se han documentado más de 34 mil muertes de mujeres con presunción de homicidio.

Querétaro

La Red de Mujeres Feministas de Querétaro solicitaron la declaración de alerta de género al Instituto Nacional de las Mujeres, luego de que en este año han sido asesinadas 20 mujeres.

 Oaxaca

Con una manifestación el próximo 24 de noviembre en el zócalo de la capital oaxaqueña, mujeres diversas buscarán visible, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el fenómeno del feminicidio que entre el 1 de diciembre de 2010 hasta la fecha ha cobrado la vida de 412 mujeres en esta entidad.

Veracruz

Estela Casados, investigadora y presidenta de Consejo Consultivo del Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), dijo que este año se contabilizan 65 feminicidios, cifra que rebasa la reportada el año pasado.

Quintana Roo

En Quintana Roo las mujeres han solicitado la Alerta. El Gobierno aduce que no hay condiciones para decretarla. Su argumento es que ninguna de las muertes reúne las condiciones para ser consideradas como feminicidio. En 2015 la entidad cerrará con casi veinte asesinatos, siete de los cuales ocurrieron en las últimas dos semanas.

Sonora

El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio en Sonora contabiliza hasta el mes de septiembre de 2015, 36 casos de mujeres y niñas asesinadas, en tanto que la Procuraduría General de Justicia del Estado sólo registra 15.

Fracaso en tipificación del feminicidio

 La tipificación del feminicidio es un fracaso ya que es muy complicado probar que el asesinato de una mujer responde a los protocolos establecidos para determinar el delito, afirmó Emma Cerón, perita en la materia en el Estado de Guerrero, durante el X Encuentro Nacional Feminista.

Cada entidad, donde se ha tipificado el feminicidio, se ha hecho con características diferentes, lo que produce confusión, de ahí que sostiene que “algo está mal construido, que no permite fundar el tipo penal al presentarse un caso de asesinato y, por otro lado, el exceso de criminalización impide hacer justicia”, señaló.

Explicó que la defectuosa construcción del delito, el proceso y los protocolos producen revíctimizan en las mujeres, porque para concluir que hay violencia feminicida, feminicidio u hostigamiento, la sobreviviente pasa por un proceso largo y tortuoso, sometida una y otra vez a sufrir violencia por parte de su agresor, el contexto, de la propia estructura judicial y de otras autoridades.

Además agregó que se ha dejado de lado la atención integral a las mujeres violentadas. Nadie analiza ese aspecto, no se verifica y tampoco hay exigencia para el seguimiento, además de la falta de registros adecuados.

Alerta de Violencia de Género, el intento

 En México se han declarado hasta el momento dos alertas de género. La primera el 31 de julio para 11 de los 125 municipios del Estado de México, y la segunda el 10 de agosto para ocho de 33 municipios de Morelos.

 En el Estado de México se emitió la alerta para: Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Toluca, Chimalhuacán, Naucalpan de Juárez, Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de Chalco, Cuautitlán Izcalli y Chalco. Ahí al menos mil 258 niñas y mujeres que fueron reportadas como desaparecidas de 2011 a 2012 y tan sólo en lo que va de la administración de Ávila Villegas, han desaparecido más de 600 mujeres menores de 20 años. En  esta entidad se han registrado 922 homicidios entre 2005 y 2011.

En Morelos para los municipios de Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Puente de Ixtla, Temixco, Xochitepec y Yautepec. Donde 530 mujeres fueron víctimas de feminicidio entre enero del 2000 y junio del 2013.

 Sin embargo, organizaciones, grupos sociales o de derechos humanos se han pronunciado por la solicitud de alerta de género en otras entidades. El 20 de marzo de 2014 se ingresó la solicitud de Guanajuato; el 19 y 22 de diciembre la de Michoacán y Colima; el 27 de enero de 2015 la de Baja California y más recientemente, el 25 de mayo de 2015, la de Sonora.

También están solicitando Chiapas, Guerrero, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz.

La solicitud de Guanajuato fue desechada con el argumento de que el gobierno estatal se comprometió a tomar medidas. En Baja California, están en espera de que el gobierno pueda cumplir con una serie de acciones para  frenar la violencia feminicida de manera integral.

Alejandra Negrete, responsable de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM), de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) apunta que la alerta tiene por objeto dar seguridad, justicia y prevención.

Sin embargo, diversas organización indican que éste mecanismo se ha convertido en una forma de presión política, cuando lo que importa es la aplicación de la ley.

Prueba de ello es que hoy en día, luego de dos declaratorias, parece que existe un sinsabor. Mujeres participantes en el X Encuentro Nacional Feminista , realizado el pasado octubre en la ciudad de Toluca, señalaron que la alerta en el Edomex no ha dado resultado.

“No ha servido la alerta en el Estado de México, a las mujeres las siguen matando, esto creemos se debe a la falta de voluntad política”, explicó entonces Montserrat Díaz, de la Red de Mujeres Feminista de Veracruz.

Abundó que es urgente que existan alertas de género efectivas, con acciones contundentes que frenen realmente la violencia y que se aprueben las que se han solicitado en diversas entidades.

Pese a éste sin sabor, las mujeres exigen alertas eficaces y en ese tenor, durante dicho encuentro, feministas de todo el país acordaron solicitar la declaración de una alerta de violencia de género a nivel nacional.

El caso de Baja California

Según las cifras presentadas por la Red Iberoamericana Pro Derechos Humanos A.C. y por las autoridades estatales, de 2008 a 2015, se iniciaron 677 averiguaciones por homicidio en agravio de 727 mujeres.

Por violencia familiar se iniciaron 15 mil 533 averiguaciones con 16 mil 078 víctimas.  Mientras que por violación, la procuraduría local refirió haber iniciado 5 mil 594 investigaciones con 5 mil 911 víctimas. El 80 por ciento de los casos no tienen una sentencia y que eso ha dado lugar a un contexto de  impunidad.

 Ante este contexto, el gobierno de esa entidad deberá responder a 14 recomendaciones sobre la violencia contra las mujeres, si quiere evitar la declaración de la Alerta de Violencia de Género, solicitada en enero pasado por Mertixell Calderón Vargas, directora  y representante de  la Red Iberoamericana Pro Derechos Humanos A.C.

Las recomendaciones contemplan la aprobación de la reforma correspondiente de la Ley local de Acceso a fin de crear un Banco Estatal de datos sobre la violencia contra las mujeres en la entidad; la elaboración del Programa Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

Deberán aprobar la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres; dotar al Inmujer de la estructura, presupuesto y recursos; crear agencias especializadas en los delitos de feminicidio y desaparición de mujeres, instalar albergues o refugios para mujeres víctimas de violencia; elaborar protocolos especializados en la investigación de delitos contra la  libertad y seguridad sexual de las personas, del delito de feminicidio y de la desaparición de mujeres y capacitar a las y los servidores públicos de todos los niveles en derechos humanos y perspectiva de género.

Esto deberá estar en marcha antes de que termine el año.

 Falta voluntad política

Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC), explicó durante una mesa de discusión “Feminicidio: ¿un delito ignorado?” que en México, existe una falta de voluntad política para entender y atender este delito ya  que pese a la problemática, existen entidades como Chihuahua y Nayarit que no  lo tienen tipificado.

En este sentido, durante esa misma reunión, Roberto Ochoa, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM explicó que el hecho de que las autoridades traten el feminicidio, como homicidio, le resta visibilidad a la existencia de la problemática.

Natalia Pérez, representante de  a la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) explicó que a pesar a las 140 recomendaciones internacionales que se emitieron entre el 2000 y 2006 en México, el feminicidio sigue siendo un problema sistemático y social.

“Esto principalmente se debe a que existen patrones culturales arraigados que perpetúan una serie de conductas y posturas alrededor de este delito, en las cuales no sólo están involucrados los victimarios sino los propios funcionarios que son partícipes de la cadena de justicia que al estar plagada de irregularidades evita que las víctimas tengan acceso a la justicia”.

Con información de www.semmexico.org

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