Zacatecas, Zac.-Luego de que se diera a conocer el fincamiento de responsabilidades resarcitorias por parte de la Comisión de Hacienda de la 62 Legislatura local, se informó este lunes de las responsabilidades administrativas, promovidas en contra de servidores públicos que vayan en demérito por incumplimiento de una administración. Son cinco las sanciones que se pueden aplicar, amonestación pública o privada; trabajo comunitario, desde barrer o limpiar un cerro, la suspensión o destitución del caro; inhabilitación para desempeñar un cargo por tiempo determinado, y una sanción económica o multa.
Así lo dio a conocer en conferencia de prensa Arturo López de Lara Díaz, legislador local panista, quien agregó que quien es responsable de aplicar las sanciones son la Legislatura y la Secretaría de la Función Pública.

Sostuvo que se desperdició trabajo durante 10 o 12 años en el trabajo de la auditoría superior del Estado, señalando que el 8 de septiembre de 2001, el entonces gobernador Ricardo Monreal emitió una Ley para Servidores públicos en el estado, y hasta febrero de 2013 aparentemente estuvo vigente. El problema fue que según la ley estatal, la normatividad debe ser firmada por el secretario de Gobierno y por el secretario del área.

Quien no la ratificó en ese momento fue Eduardo Hiriartt Estrada y el secretario de Amalia García. Fue por dolo, cochupo, omisión o desconocimiento, pero el trabajo que se hizo de fiscalización, no sirvió para nada, dijo.

Así, fueron 729 promociones las que se hicieron y 2 mil 844 funcionarios no dictaminados en su proceder, por una firma o por una omisión. No se fincaron, pues responsabilidades administrativas.

Lo que sí se tiene vigente es que 52 promociones se han presentado, con 715 funcionarios involucrados, y la Auditoría no ha sido notificada por la Legislatura si ya se sancionaron los funcionarios. Presentó el diputado un listado de los servidores implicados, aunque aún sólo presuntos responsables, de manera que por ese hecho no se pueden dar a conocer los nombres pero sí las dependencias y cantidades por las que se les acusa.

Por omisiones pueden prescribir las promociones, de manera que se procederá con la formalización de los cargo, aseveró.

Ante las contralorías municipales son 42 las promociones presentadas, de las cuales presentó listado, y son 142 personas implicadas. El tema es que las contralorías tienen la obligación de dictaminar las promociones, y no se tiene reporte de las posibles sanciones.

En el tema de la Secretaría de la Función Pública (SFP), sólo se tiene una promoción presentada y son cinco los servidores públicos involucrados, del Cobaez en su ejercicio 2013.

Hasta el día de hoy no se tiene a nadie sancionado en la historia de Zacatecas, aseveró López de Lara Díaz, pero ahora ya no hay pretexto para que esas casi mil personas sean dictaminadas, de manera que se pueden concluir los trámites en los procedimientos, tal como lo exige la ciudadanía.

En caso de no actuar los contralores, legisladores de la Comisión Jurisdiccional o autoridades de la SFP, éstos incurren también en responsabilidades por no cumplir con sus obligaciones, aseveró. Se tienen tres años para actuar, y si es un hecho grave, se agrega un año más.

Son casi tres mil funcionarios que durante 12 años estuvieron por lo menos cuestionados en su actuar, y que por una omisión, curiosamente, están limpios, como si no hubiera pasado nada.