Zacatecas, Zac.-A partir de la reforma judicial realizada en 2005 a la Constitución Federal, a las modificaciones de varios artículos, a las reestructuraciones que hizo cada entidad, así como la capacitación de nuevos especialistas encargados de procurar e impartir justicia, se plantea que en la actualidad el Estado mexicano sostiene una nueva relación con los adolescentes en conflicto con la ley penal.

Las reformas implicaron dos grandes cambios con múltiples implicaciones: por un lado, se dejó atrás el paradigma tutelar para adoptar el garantista y, por otro, se eliminó el sistema mixto para adoptar el acusatorio. Estas modificaciones, entre otros aspectos, significaron la transformación de todo el conjunto de leyes relacionado con la materia; generó la creación de una legislación nacional, motivó la adecuación de salas y requirió la capacitación de todo el personal que tiene contacto con adolescentes.Guadalupe Irene Juárez Ortiz, no obstante, señala en su tesis de doctorado que en la mayoría de las audiencias a las que asistió para registrar los avances a la reforma, los adolescentes mantenían una actitud pasiva o señalaron no tener confianza en los operadores del sistema para hablar en su defensa puesto que no se sentían escuchados o respetados, y sostiene que “en realidad esta relación simbólica entre el Estado y los adolescentes que cometen conductas contrarias a la ley penal no se ha modificado en la sustancia, solo a nivel formal”.
El estudio que realizó la especialista en antropología del derecho está delimitado al estado de Querétaro por tratarse de la entidad en donde se han registrado significativos avances en el tema. Debido al permiso otorgado por las autoridades del poder judicial de la entidad, Juárez Ortiz pudo entrevistar a jueces, magistrados, adolescentes acusados, víctimas, familiares de ambas partes; además de tener acceso a audiencias, obtener videos, expedientes y carpetas de investigación.

“Actualmente los textos especializados señalan que este nuevo sistema acusatorio protege los derechos de los adolescentes al considerarlos ahora como sujetos de derecho que tienen una responsabilidad penal progresiva. Esto implica —entre otras cuestiones— que cuentan con derecho a que se les instaure el debido proceso y se puedan defender; pero esto en los hechos no fue así, por lo que mi pregunta más concreta para elaborar la tesis fue investigar por qué los adolescentes no hablaban en su defensa”, la investigadora.

En su trabajo etnográfico, la especialista constata que los menores continuaban a merced de los adultos que los estaban deteniendo, acusando, defendiendo y juzgando, lo que considera “una visión muy ‘adultocéntrica’, formalista, en la que al joven se le juzga por no adecuarse a una figura estereotípica del adolescente.
Guadalupe Irene Juárez considera que “se suele hacer una lectura muy negativa del camino de vida de los jóvenes, y en realidad se trata de procesos difíciles, muy duros. Una lectura menos negativa podría tomar en cuenta que han llevado una ‘trayectoria vulnerable´, pero no es así, ya que opera una visión que criminaliza las condiciones sociales de donde provienen”.
La doctora por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) realizó un año de trabajo de campo en los juzgados, durante ese periodo acompañó las actividades cotidianas de los operadores del sistema, los adolescentes y sus familias en los juzgados especializados en dicha entidad, pues el antropólogo social debe interactuar con todos los actores involucrados hasta comprender cómo vive cada uno de ellos una situación determinada, más allá de lo que ellos mismos cuentan.
“Los antropólogos del derecho nos dedicamos a estudiar el cruce entre derecho, cultura y sociedad en un contexto histórico y político determinado. Nos interesa saber cómo la gente utiliza el derecho y para qué, sus rituales, jerarquías, lenguajes, códigos, obligaciones y derechos no escritos. Nuestro papel es desnaturalizar; es decir, cuestionar, describir cómo se dan las relaciones sociales”, precisa Juárez Ortiz.
La especialista añade que los operadores del sistema de justicia están tan involucrados en ciertas dinámicas, que muchas veces las ven como naturales y no las cuestionan. Pero el antropólogo, que actúa como un observador externo a esas conductas, entiende que los operadores judiciales son miembros de la sociedad, cumplen un rol, funciones y están atravesados por relaciones de poder.
Las principales conclusiones a las que llegó Juárez Ortiz en su estudio se encuentran que, en comparación a como los adolescentes estaban antes de las reformas “actualmente se tiene un gran avance, pero la propuesta de la tesis es que aún falta mucho trabajo por hacer porque hay una exclusión discursiva, se requiere que los traten con respeto, ya que la policía que los detiene y los Ministerios Públicos todavía se prestan a prácticas inquisitoriales.
“Falta trabajar en ver al adolescente como una persona, respetar su dignidad y el trato que se les da, sobre todo en los primeros momentos del proceso, es cuando se les detiene y se les hacen las primeras entrevistas cuando están más vulnerables”.
La mayoría de los adolescentes no hablan porque vienen con trayectorias de vida muy difíciles a nivel familiar, personal, económico y cuando llegan ante los representantes del Estado por haber sido acusados por alguna conducta contraria a la ley siguen siendo invisibles como personas para el sistema, comenta.
La especialista propuso la Perspectiva Río en su trabajo de tesis, la cual compara el proceso judicial con una cuenca de río, en donde se siguen las trayectorias de los actores como si fueran pequeños ríos que alimentan un caudal más grande y que es el proceso judicial. Usó la metáfora e hizo algunos planteamientos de cómo estudiarlo a nivel metodológico.
Guadalupe Irene Juárez Ortiz es ganadora del Premio a las mejores tesis en Ciencias Sociales y Humanidades 2016 en el área de ciencias sociales, que otorga la Academia Mexicana de Ciencias. Su trabajo titulado «Reformas, procesos y trayectorias. Análisis antropológico del proceso judicial para adolescentes dentro del modelo acusatorio, en el estado de Querétaro” fue asesorado por la doctora Elena Azaola Garrido.
La antropóloga analizó las grabaciones video-judiciales de 28 audiencias de vinculación, 27 de juicio, 26 de explicación de sentencia y dos de modificación de medida —en relación con los juicios orales—. En el año de trabajo en campo etnografió 6 audiencias de vinculación, 15 de juicio, 4 de modificación de medidas y 4 de segunda instancia —cuando los acusados piden un amparo o una apelación—. Además de las entrevistas a los actores involucrados.
En el proceso de investigación, Juárez Ortiz pudo hacer una estancia como investigadora invitada del doctor Luis Roberto Cardoso de Oliveira en el Departamento de Antropología de la Universidad de Brasilia, en Brasil; así como estar en contacto con distintos investigadores en dicho país y en Argentina, por lo que pudo incorporar bibliografía de aquellas naciones en su tesis.

Hoy en día realiza un postdoctorado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México donde estudia a los defensores especializados en adolescentes, bajo la asesoría de Héctor Fix Fierro, integrante de la AMC, especializado en sociología del derecho.