Lic. Olga Alicia Castro Ramírez

Delegada del INE en Zacatecas

“La organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos locales…”, así está establecido en la fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La reflexión en torno al papel que juega el Estado Mexicano en la organización de las elecciones nos lleva, en primera instancia, a una definición mínima de lo que puede considerarse como Estado, noción que sirve para presentar una modalidad de organización de tipo soberana y coercitiva con alcance social; que aglutina a todas las instituciones que poseen la autoridad y la potestad para regular y controlar el funcionamiento de la comunidad dentro una superficie concreta a través de leyes que dictan dichas instituciones y responden a una determinada ideología política.

El filósofo alemán Max Weber define al Estado como «asociación de dominación con carácter institucional que ha tratado, con éxito, de monopolizar dentro de un territorio la violencia física legítima como medio de dominación y que, a este fin, ha reunido todos los medios materiales en manos de su dirigente y ha expropiado a todos los funcionarios estamentales que antes disponían de ellos por derecho propio, sustituyéndolos con sus propias jerarquías supremas”. Lo que interesa resaltar respecto a estas conceptualizaciones es que todas las instituciones públicas que crean la Constitución y las leyes forman parte del Estado y, con ello, llevan implícitas responsabilidades en la organización de las elecciones, aun cuando las tareas logísticas fundamentales están depositadas en las autoridades electorales.

Por la envergadura de la función electoral no puede más que ser propia del Estado, que asegura su existencia estableciendo reglas válidas y legítimas para la determinación de los poseedores del poder público. En ello, México ha encontrado fórmulas diversas del ejercicio de esta función. Ha depositado el encargo en las propias instituciones del poder público: el Poder Ejecutivo con la connivencia del Poder Legislativo. La participación de los partidos políticos había sido marginal tanto como su propio peso electoral; en este sentido, sobra decir que sólo uno de ellos tenía real incidencia y decisión en la organización comicial y que controlaba de antemano a los poderes emanados de sus filas. Ahora, los arreglos institucionales han modelado un sistema electoral con participación tripartita (poder legislativo, partidos políticos y consejeros electorales), pero con predominancia ciudadana.

A partir de la llamada ciudadanización de las autoridades electorales, empezó a gestarse una sobre expectativa de los alcances que éstas tienen para contener y sancionar toda conducta contraria a los principios, no sólo legales, sino éticos y morales que la sociedad asume como propios de las contiendas electorales. Ahora bien, la organización de elecciones periódicas y pacíficas corresponde directamente al INE y a los organismos públicos locales de los estados; sin embargo, los poderes públicos en el ámbito federal, estatal, municipal y organismos autónomos están

obligados a desplegar acciones y omitir involucrarse en otras reguladas por la ley general, en apoyo de la autoridad electoral y en contribución a las contiendas electorales libres y auténticas.

Es claro que el INE debe garantizar que en la casilla el ciudadano pueda emitir el voto en libertad, que nadie vote sin tener derecho a ello, que haya boletas electorales en el número suficiente para que el ciudadano vote y lo haga en una sola ocasión, que haya domicilios y funcionarios de casillas adecuados para recibir y contar el voto, y que el cómputo de los votos en las casillas reflejen fielmente la voluntad ciudadana, así como que éstos se traduzcan adecuadamente en la integración de los poderes públicos, conforme a las reglas acordadas. El INE garantiza la entrega del financiamiento público y fiscaliza que se usen para los fines previstos, además de facilitar a los partidos, candidatos y autoridades electorales su acceso a radio y televisión en forma gratuita, en los tiempos del Estado. Estas y muchas tareas se cumplen a cabalidad y superando proceso tras proceso sus propias metas de efectividad.

No diré que el INE ha logrado la perfección de sus procesos, pero sí puedo asegurar que su profesionalismo ha pasado todas las pruebas que cada reforma impone. Podría decirse que hay un contrasentido, ambigüedad o hasta paradoja en algunos pronunciamientos políticos e incluso en cometarios de líderes de opinión, cuando esgrimen desconfianza en el desempeño del Instituto, pero a la par cada día se le asignan cargas de funciones más elevadas y, en opinión de algunos, irracionales y que se alejan del espíritu o de la razón de ser de la autoridad electoral. Y es aquí donde le invito a la reflexión sobre las piezas faltantes del rompecabezas de la función estatal de organizar elecciones.

Recojo opiniones de partidos políticos y líderes de opinión que esgrimen preocupaciones sobre lo que consideran omisiones en los procesos electorales: la infiltración de dinero público, de aportaciones ilícitas y provenientes del crimen organizado; la compra y coacción del voto; el traslado de votantes; el elevado financiamiento público; la investigación y sanción de delitos electorales; la incumplimiento de promesas de campaña; la ausencia de proyecto ideológico y programático en las campañas políticas; el abuso de la mercadotecnia política; la tergiversación de las encuestas de opinión; la imposibilidad de revocar el mandato a quien es notoriamente ineficaz en el ejercicio del poder público; la permisión a la postulación de candidatos vinculados a organizaciones criminales; la corrupción en el manejo de los recursos empleados en campañas.

Quisiera detenerme a comentar cada uno de estos y otros temas que ustedes pudiesen incluir; basta por ahora comentar que el control, regulación y actuación en estos dilemas de la organización comicial no han sido otorgados a las autoridades electorales como parte de sus funciones. Si se desea que sean el INE y los OPLE´s quienes cuenten con ministerios públicos electorales, con sus propios cuerpos de investigadores de los flujos de dineros de gobiernos de todos los niveles, de la prohibición de publicación de encuestas, del control del transporte público y privado el día de la elección, que asuma el mando de todas las corporaciones policiacas

durante la jornada electiva, de la investigación de la vida privada para descartar vínculos de candidatos con actividades ilícitas; que se investiguen los capitales privados para evitar que, vía aportaciones ilegales de dinero, controlen a gobernantes; que se valore el desempeño de los funcionarios emanados de las urnas para calificar su aptitud o no para el desempeño de su función, etc. Si esto es lo que debe realizar la autoridad electoral, bastaría con que se plasmara en la ley y que se le otorgara el presupuesto para hacer efectivas estas funciones.

Perdonen lo absurdo de mis señalamientos, pero si están de acuerdo conmigo en que sería totalmente desproporcionado pedir esto al INE, debemos elevar la exigencia para que todas las instancias del Estado mexicano y los propios partidos políticos asuman sus atribuciones y competencias a cabalidad. Que no eludan sus responsabilidades y que asuman los costos de su ineficacia. El dinero, la violencia y la democracia no son consonantes, debemos resolver la disonancia con una auditoría ciudadana, cada días más fuerte, activa e incidente en la vida pública.