Agenda Política

Gabriel Contreras Velázquez

Después de la cínica ola (pasaron meses para que tomara fuerza política, porque de forma nunca careció) de sanciones que el Instituto Nacional Electoral, acompañado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, han dejado romper sobre distintas irregularidades en que ha incurrido el Partido Verde Ecologista de México durante la elección federal actual, las autoridades electorales pueden concluir el aperitivo y comenzar con el plato fuerte del 7 de junio: la votación en Guerrero.

Escribo esta reflexión a unas horas de que la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), las diversas organizaciones al interior de la Asamblea Popular Nacional (APN) –con sede en la Normal Rural de Ayotzinapa, desde enero pasado de acuerdo a la coyuntura nacional del 24 de septiembre- y, un par de días antes, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) dieran a conocer un acuerdo para rechazar la instalación de casillas electorales en escuelas, mediante brigadas que también auxilien en el retiro de propaganda política, y convenzan a la población de no participar en el proceso electoral en por lo menos siete estados del país, entre ellos: Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Veracruz.

El pliego petitorio de los grupos disidentes no se antoja nada sencillo. Los puntos principales son el reflejo de una bandera de lucha, antes que la voluntad de sobrellevar mesas de negociación: aparición con vida de 42 normalistas de Ayotzinapa de quienes se desconoce su paradero actual, abrogación de la reforma educativa, y liberación inmediata de presos políticos (docentes, estudiantes, líderes populares, y guerrilleros). Eso sí, en el terreno de los consensos han presionado con eficiencia al subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda, a quien exigen el reconocimiento de 28 mil plazas docentes para sus agremiados.

La táctica les ha funcionado, y con creces. Por un lado los representantes de las secciones detractoras del Estado lo obligan a mantener los privilegios que su lucha los ha llevado a conquistar, apartándose abruptamente del proceso de evaluación magisterial. Con ello deslegitiman la Reforma Educativa -y cualquier “estado de derecho” que implicaría su aplicación- al tiempo que en el discurso la mantienen como un némesis más a vencer.

Las brigadas se encuentran en etapa de vinculación en todo el país, para informar sobre la estrategia de “resistencia” que han llamado como “boicot electoral”. Miembros de la sección 18 de la CNTE en Michoacán han revelado que aún no hay un mandato a nivel nacional para sabotear los comicios, aunque no descartan que para el mes de mayo existan mejores condiciones para sumarse al llamado en todo el país. Como preámbulo habría paros de 24, 48 y 72 horas para la organización interna, a partir del 18 de marzo y con un par de semanas de intervalos, con la finalidad de llamar a un eventual paro indefinido en mayo.

El escenario que plantean, además de indudablemente táctico-estratégico (elemento irreprochable de la organización de estos grupos), resulta altamente redituable por lo siguiente: le dan legitimidad e integridad al concepto de “árbitro” electoral. El juego es entre la lucha popular activa y los tres niveles de gobiernos. En el centro de la cancha, con atuendo neutral y el balón en la mano: los institutos y tribunales. El derecho a “garantizar”: lo votación. Pero ¿qué garantías da el árbitro a grupos insurgentes que hacen de la movilización popular su voz y su postura política?

Saldo probable: las autoridades electorales tienen mucho qué perder y poco qué ganar, en un conflicto en donde sólo les compete la regulación de la vida interna de los partidos políticos (enemigos públicos de la disidencia) y la organización de la elección. Esto es, simple y llanamente: la instalación de mesas de casilla, urnas, recepción y cómputo de votos.

Es por ello que deben de actuar con cautela, en un entorno donde las condiciones políticas (las jurídicas no tienen problema porque le competen a los tribunales) están dadas para que los grupos opositores al régimen de la democracia electoral conviertan en positivos todos los negativos que carga el sistema político electoral mexicano contemporáneo, empezando por el abstencionismo.

La bandera de Ayotzinapa resonará nuevamente (ya no como la perorata en que la han convertido los mismos docentes), y lo hará de manera interesante: en un estado como Guerrero donde la impunidad es un símbolo que se relaciona directamente con la desgastada clase política y los partidos, actores fundamentales en una elección.

Advierto nuevamente, el escenario no resulta nada sencillo ni para el gobierno, ni para sus instituciones (ya sea autónomas o centralizadas). El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, no se encuentra en su mejor momento político. Su llamado al uso de la fuerza pública “en caso necesario” ha sido un acierto tempranero… para la disidencia.

Perdió pronto el balón.