Por: Dra. Norma Julieta del Río Venegas, Comisionada del INAI
Zacatecas, Zac.- Bajo el lema Una sola Tierra, el día de ayer se conmemoró el Día Mundial del Medio Ambiente, efeméride que estableció la ONU en 1977, y que tiene como propósito poner en perspectiva la acción del hombre sobre el medio ambiente. Esta fecha resalta hoy más que nunca, pues es ahora cuando nuestro planeta se encuentra en una crisis climática global sin precedentes que pone en jaque a gobiernos y organizaciones por las acciones emprendidas para contrarrestar su avance y efectos.
La sociedad quiere contar con información pública para conocer si las autoridades respetan las leyes y normas vigentes relacionadas con el medio ambiente, muestra de ello son las solicitudes de información que después de su negativa se vuelven recursos de revisión sobre el Tren Maya, proyecto que en su sitio web oficial resalta: “Es un proyecto para mejorar la calidad de vida de las personas, cuidar el ambiente y detonar el desarrollo sustentable. Recorrerá una distancia de 1,500 km y pasará por los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo”.
En nuestro país contamos con una Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la cual busca mediar entre desarrollo humano y entorno natural. Esta ley requiere de pruebas y estudios que demuestren que obras públicas, de desarrollo de infraestructura o cambio de uso de suelo brinden un beneficio social demostrable y justificable por sobre los daños medio ambientales. Ante esto, es razonable que la sociedad en general quiera conocer todos y cada uno de los detalles que se relacionan con este proyecto considerado prioritario para promover el desarrollo económico y social del sureste mexicano.
Por la inversión que representa, alrededor de 120 mil millones de pesos inicialmente, bien puede considerarse la obra más importante de este sexenio, y bajo esta tesitura, debemos reconocer la necesidad de que las autoridades transparenten, por una parte, la información relacionada con la administración de los recursos destinados al proyecto, pero también todas las disposiciones normativas aplicables al proyecto.
En más de una ocasión en este 2022, la sociedad ha considerado que su derecho de acceso a la información no ha sido respetado cuando se trata del Tren Maya; en el INAI, las y los Comisionados hemos atendido y resuelto recursos de revisión relacionados con este proyecto. Bajo mi ponencia he resuelto recursos sobre manifestación de impacto ambiental (RRA 500/22); sobre avisos de privacidad del proyecto para ser entregados en lenguas originarias (RRA 1381/22); también de la entrega de manuales técnicos de sistemas SAP (RRA 4891/22); o más recientemente la solicitud para conocer el resolutivo sobre la Manifestación de Impacto Ambiental y la documentación que acredite el cambio de uso de suelo para el Tramo 5, así como el que autoriza el cambio de ruta del mismo (RRA 6676/22).
El INAI no es juez, no decide sobre la pertinencia o no del proyecto, pero sí puede ejercer su facultad para ordenar, modificar o revocar respuestas e instruir a entregar información solicitada, para que así sean las y los expertos quienes valoren la pertinencia de las acciones en torno al Tren.
El FONATUR y su empresa filial FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V., así como todas las instituciones públicas involucradas, incluso las de nivel local, deben tener en cuenta que la información pública es la clave para conjurar cualquier suspicacia y aclarar que sí se trabajó en identificar las posibles afectaciones al medio ambiente, las propuestas para mitigarlas y determinar si son necesarios otros trámites en las regiones para autorizar las obras en cada tramo.
El mejor respaldo que puede brindársele a un proyecto que promete atraer beneficios a la sociedad, se da abriendo las puertas y compartiendo su ejecución, incluso desde su planeación. Por décadas, las decisiones gubernamentales habían estado marcadas por la opacidad que nublaba el avance democrático del país, sin embargo, hoy día nuestra Constitución nos garantiza que la información es y deberá seguir siendo pública y que el acceso a la información garantiza otros derechos, en este caso a la preservación y cuidado del medio ambiente.
@JulietDelrio