Gabriel Contreras Velázquez

Lic. Ciencias Políticas y Administración Pública (UNAM)

La correlación de fuerzas actual, desatada a partir del programa de reestructuración del andamiaje jurídico mediante reformas de “gran calado”, evidencia las relaciones de poder y el nivel de cohesión o desgaste que mantienen dentro del sistema político mexicano.

Hemos visto ya el cese del poder que había acumulado unipersonalmente la líder sindical Elba Esther Gordillo (quien hace unos días obtuvo un amparo para efectos, sin que ello implique su libertad) por parte de la Procuraduría General de la República. El movimiento magisterial del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, se vio paralizado a partir de la decapitación del mando monopólico de la profesora chiapaneca.

El ala disidente de profesores, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, también ha visto mermado el potencial de la estrategia de asfixia de vialidades en la ciudad capital, una vez que los líderes del movimiento prefirieron no regresar a la plancha del Zócalo, resguardada por policías del gobierno del Distrito Federal, federales y del Estado Mayor Presidencial después de la recuperación de dicho espacio el pasado viernes 13 de septiembre.

La reacción de las bases de la CNTE fue de abierto cuestionamiento a quienes encabezan el repliegue táctico del magisterio disidente. A partir de ese momento, la legitimidad del mismo movimiento se disolvió, y el empuje que habían logrado, apenas alcanzó para la negociación de salarios caídos, y la negativa de iniciar procedimientos administrativos en contra de los profesores que siguieran ausentes en sus respectivas aulas de trabajo.

La cohesión de los grupos de interés en el Pacto por México, ha obtenido la victoria en estos frentes de batalla. No someto a discusión si lo que se busca con el programa de reformas es romper las inercias de un régimen político anquilosado por prácticas de corrupción y autoritarismo. Lo que interesa en este análisis es reconocer la correlación de fuerzas presente, y cómo el Pacto por México resulta de palanca para la transformación de las relaciones de poder.

En los próximos días toca el turno a las mismas instituciones de gobierno de la sociedad, que aunque autónomas, no han logrado el cometido democrático de la ciudadanización en la rectoría de los procesos electorales.

La lógica de cooptación de espacios al interior de los consejos generales de los institutos y/o comisiones electorales locales, obedece directamente a los intereses de los grupos de poder, que encuentran auspicio en los partidos políticos también regionales. Es por ello que la “ciudadanización” se ha mantenido como un concepto ajeno al trabajo de las instituciones encargadas de organizar y calificar las elecciones en los estados. Al final depende de las relaciones de poder al interior de las legislaturas estatales, para conocer la dinámica de poder con que las autoridades electorales estatales trabajaran su divergencia de criterios.

Lo mismo aplica en el razonamiento que algunas presidencias de los organismos autónomos utilizan para defender la no desaparición de las instituciones locales. Se habla de que el federalismo corre peligro con la centralización de la toma de decisiones; sin tomar en cuenta lo que en política se conoce como la lectura del momento y la coyuntura.

Los abogados no se encuentran del todo ajenos de la influencia de la correlación de fuerzas frente a las leyes, pues en sí toda interpretación de la ley es política, y para ejemplo tan sólo basta revisar el concepto de “jurisprudencia”. Esto es, los criterios de interpretación se encuentran condicionados por las relaciones de poder mismas.

Hablar de la defensa del federalismo es una toma de postura, más que el resguardo de uno de los ejes constitucionales mexicanos. Para quienes encabezan las instituciones locales es natural dicha posición, ya que de lo contrario afirmarían los argumentos con que se pretende poner en dicha reforma política. Y con ello aceptarían, por sí mismos, la parcialidad de la que se les acusa.

Sin embargo, fuera de la toma de posturas políticas, las condiciones que rodean el debate son endebles. El caso Zacatecas ejemplifica la complejidad de la correlación de fuerzas, que va más allá de suponer que la lucha de poder institucional representa, someramente, que está en peligro el federalismo.

Basta decir que distintas decisiones sustanciales (algunas coyunturales) tomadas en el seno del Consejo General en la elección 2013, fueron tuteladas por los tribunales federales. Las constantes impugnaciones a las candidaturas independientes, el registro de la coalición PAN-PRD, la impugnación a la dirigencia de Movimiento Ciudadano, la calificación de la elección en el municipio de Sombrerete, revelaban un equilibrio de fuerzas trastocado por la influencia de intereses endógenos, pero que encontraban resonancia y respaldo en el mismo consejo general.

La defensa de los intereses locales se reviste de la exigencia de respeto al federalismo. ¿Será suficiente para luchar contra el centralismo?