Por: Dra. Norma Julieta del Río Venegas, Comisionada del INAI
Zacatecas, Zac.-Como lo marca el calendario legislativo, en abril finalizó el periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión y, salvo que convoquen a un periodo extraordinario, los legisladores volverán a sesionar hasta septiembre. En el tintero quedaron distintos pendientes de máxima relevancia para el país, entre ellos la designación de comisionados del INAI, lo que afecta gravemente dos derechos humanos fundamentales: el acceso a la información y la protección de datos personales de las y los mexicanos.
Como es de conocimiento público, el Senado de la República no logró los consensos necesarios para concretar al menos un nombramiento para el INAI, una obligación constitucional que tiene la Cámara Alta desde abril de 2022. Esta situación ocasiona que el Pleno de nuestro Instituto no pueda sesionar, provocando que los recursos de revisión sean votados. Debido a la situación del Poder Legislativo, el INAI no puede instruir a que los sujetos obligados federales entreguen la información que la ciudadanía les solicitó.
Otro asunto que quedó en suspenso en el Senado es la Ley General de Operación de los Registros Civiles, iniciativa que fue aprobada el 14 de marzo por la Cámara de Diputados, y que –de aprobarse como pasó en la Cámara Baja– vulneraríalos derechos de privacidad y de protección de datos personales, pues busca que exista un formato único para el registro poblacional que incluya datos biométricos y que sea la Secretaría de Gobernación quien los administre. Esperemos que exista un parlamento abierto al respecto y que la iniciativa sea discutida con especialistas en la materia como la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) y el propio INAI.
A pesar de la urgencia en el tema, apenas el 25 de abril se presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de decreto para la creación de una Ley Federal de Ciberseguridad, la cual, de acuerdo con expertos, revela carencias en la protección de derechos humanos y aún debe ser debatida a profundidad con organizaciones de la sociedad civil. La importancia de contar con un marco normativo sólido que proteja al sector público, privado y a la población en general de ciberataques no puede esperar más.
A diferencia de lo que ha ocurrido en el legislador democrático, el INAI no tiene pendientes ni deudas. Como órgano constitucional autónomo que somos, sin responder a filias políticas y priorizando la labor técnica, continuamos haciendo nuestro trabajo y socializando los derechos que tutelamos.
Por lo pronto, reconozco a las y los senadores que apuestan por la transparencia y a todas las personas que la defienden. Las Comisionadas y el Comisionado del INAI seguiremos dando la batalla; estoy segura de que el tiempo nos dará la razón.
La transparencia no es una cualidad que podamos asociar a solo un personaje o a un movimiento político; la transparencia es un derecho humano, uno que a las y los mexicanos nos costó décadas conquistar.
@JulietDelrio