PASA INMUJERES A SER APí‰NDICE DE SEDESOL

Peña Nieto ve como “grupo vulnerable” a mitad de la población 
 
Por Gladis Torres Ruiz 

México, DF. (Cimacnoticias).- El presidente electo, Enrique Peña Nieto, propuso que las instancias federales dedicadas a la atención de las mujeres, la infancia, jóvenes, adolescentes e indí­genas, queden bajo la rectorí­a de la Secretarí­a de Desarrollo Social (Sedesol), lo que activistas calificaron como “muy grave”.

Criticaron que de prosperar esa iniciativa de reforma presentada por el priista ante el Congreso de la Unión, se “invisibilizarí­a” a la población femenina y se le reducirí­a a “grupo vulnerable”.

En su proyecto para modificar la estructura del gobierno federal, Peña Nieto propone que la Sedesol coordine las polí­ticas enfocadas a la atención y desarrollo de los pueblos y comunidades indí­genas; niñez y adolescencia; jóvenes; de las mujeres y la igualdad de género; personas con discapacidad, y de las personas adultas mayores.

En el caso especí­fico de la población femenina, el mandatario electo señaló que el Estado mexicano ha consolidado instituciones orientadas a la atención especí­fica de las mujeres, tales como el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), que tiene el carácter de organismo descentralizado no sectorizado.

Asimismo, con el fin de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, y garantizar su acceso a una vida libre de violencia se creó la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), órgano administrativo desconcentrado de la Secretarí­a de Gobernación.

Peña Nieto argumentó que tales instancias “requieren de su fortalecimiento y aceleración a través de polí­ticas comunes e integrales”, por lo que planteó que la Sedesol trabaje para evitar la dispersión de polí­ticas de atención a grupos especí­ficos de la sociedad mexicana.

Además, añadió el priista en su iniciativa entregada al Congreso, la Sedesol debe “coordinar las polí­ticas enfocadas a la atención y desarrollo pleno de los pueblos y comunidades indí­genas; de la niñez y adolescencia; de los jóvenes; de las mujeres y la igualdad de género; de las personas con discapacidad; y de los adultos mayores. Con dicho objetivo, todos los órganos que al respecto fueron creados para la atención de dichas polí­ticas, quedarí­an sectorizados en esta secretarí­a”.

Consultada al respecto, la feminista Marí­a Consuelo Mejí­a, directora de la organización civil Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), señaló que es preocupante que se quiera integrar al Inmujeres a la Sedesol, toda vez que serí­a volver a colocar a las mujeres como una minorí­a, “como un grupo vulnerable”.

Advirtió que los institutos de las mujeres han jugado un papel muy importante en el avance y promoción de polí­ticas públicas a favor de las mexicanas, por lo que no deben ser minimizados.

LUCHA IGNORADA

El 12 de enero de 2001, por decreto presidencial se creó el Inmujeres, con el fin de coordinar y concertar acciones con las instancias federales y estatales, para institucionalizar la perspectiva de género en las polí­ticas públicas.

Marí­a de la Luz Estrada, coordinadora del área de Violencia de Género y Derechos Humanos de CDD, consideró que incorporar el Inmujeres a la Sedesol serí­a sumamente grave y un gran retroceso que reflejarí­a la pretensión de Peña Nieto por “invisibilizar” a las mexicanas, por lo que lo llamó a reflexionar al respecto.

En su estudio “Nuevos nudos y desafí­os en las prácticas feministas: Los institutos de las mujeres en México”, la investigadora Marí­a Luisa Tarrés advierte que la creación a partir de 2001 de los institutos federal y estatales de las Mujeres fue un logro del movimiento feminista en México.

A través de ellos –agrega– se logró traducir en leyes y polí­ticas públicas acuerdos internacionales y nacionales que costaron años de lucha de las mujeres.

En su análisis, Tarrés explica que los institutos de las Mujeres afrontan la escasez de recursos materiales y profesionales, buscan legitimarse ante la sociedad y el gobierno y padecen la falta de coordinación alrededor de un proyecto común, debido a intereses polí­tico-partidarios.

Así­, afirma, en la práctica la mayorí­a de los institutos estatales hacen lo que pueden con los recursos humanos y materiales en contextos regionales donde las prioridades polí­ticas no son necesariamente los derechos de las mujeres.

*

*

Top
CLOSE
CLOSE