Gabriel Contreras Velázquez
El pasado 2 de Octubre, en conmemoración de los 45 años de la matanza ocurrida en la Plaza de las Tres Culturas, en la ciudad de México, simbólicamente, y como cada año, se realizaron una serie de movilizaciones ciudadanas para insistir en el recuerdo de un régimen político monopólico y autoritario.
Las marchas coincidieron temporalmente con el momento de auge del movimiento del magisterio disidente, en que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, junto con partidos opositores y ciudadanía inconforme con el triunfo de Peña Nieto en las elecciones presidenciales de 2012, han inyectado una fuerte inversión de aversión y miedo a los simpatizantes de la ola anti reformista, aludiendo que la educación en México, inminentemente, será privatizada -argumento frágil cuando se revisa a fondo el documento jurídico que se votó en el Congreso de la Unión.
Algunos líderes de opinión, y otros comentaristas de esta república de las opiniones, aventuraron sus palabras, queriendo ver en una mega marcha que aglutina a un colectivo nutrido, no por una propuesta hegemónica e innovadora, sino por la coyuntura que se vive a partir de los cambios constitucionales en materia de educación, un movimiento “emergente”.
¿Por qué ese colectivo de miles de personas en el centro de la capital no debería ser considerado como un “movimiento emergente”? Porque caeríamos en la falacia deductiva de creer que un contingente numeroso significa una expresión de cambio. En especial cuando la exigencia de la masa era el no cambio: la resistencia.
Quienes más se vieron beneficiados de la expresión social fueron los docentes disidentes, quienes han visto arrebatadas sus “prerrogativas” obtenidas a partir de la estrategia de presión: movilización, negociación, movilización.
La mega aglutinación no prevenía una nueva lectura de la realidad; pretendía ratificar las premisas con las que han luchado desde hace 34 años. La movilización nace como un estímulo negativo, de lucha y reacción, ante las reformas que se han echado a andar en este sexenio. La exigencia es que no se cambie el estado de cosas. Por ello, y hasta cierto punto, la marcha vestía tintes conservadores.
Es irónico como un conjunto de cambios, que en el análisis político es un error calificar como “buenos” o “malos”, encuentren más resistencia en aquellos sectores que, teóricamente, son quienes deberían de tener la batuta en el concierto de la demanda de una sociedad democrática.
La disidencia magisterial, hoy en éxodo a sus poblaciones de origen, siempre ha luchado por la integridad de sus privilegios, tanto como el sector empresarial combate, con uñas bien afiladas y
una línea de abogados calificados, los beneficios fiscales que, hasta hoy, la ley les otorga. Asoman, entre la sociedad, resquicios de aversión al cambio.
En el mismo frente, la semana pasada, las presidencias de autoridades electorales estatales, con y sin consentimiento de sus órganos de deliberación, se postraron en la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados (cámara de revisión, no de origen, de la reforma electoral) para ensamblar una línea argumentativa contra la creación de un Instituto Nacional de Elecciones.
Presionan porque se les incluya dentro de los foros donde se debate el nuevo marco jurídico, emanado del consenso en el Pacto por México. En Zacatecas las posturas no tardaron en tomarse. El dirigente estatal del PRD, Gerardo Espinosa, menciona que la presidencia del IEEZ busca a título personal dichos cambios, ya que no se ha consultado al Consejo General para discutir el tema.
Advierte con ello que resulta paradójico cómo es que las presidencias locales pidan audiencia, cuando en sus circunscripciones, algunos de ellos no han dado el mismo derecho que exigen. La lectura del dirigente, por ahora, no resulta incongruente, ya que ha caminado de la mano de la directiva nacional, representada por Jesús Zambrano, para utilizar la pértiga que mantienen en el Pacto por México, y posicionarse como fuerza política. Más adelante deberán asumir los costos que esa apuesta implica.
La correlación de fuerzas en el estado resulta interesante en la reforma política. El gobierno, en apoyo total a las iniciativas presidenciales, no ha tomado postura ante el nuevo acuerdo electoral. Se le ha adelantado la reunión de presidencias de autoridades electorales, en su propio estado, donde en conferencia de prensa se da a conocer el bloque opositor de la reforma electoral.
A ello se le suman los criterios de valoración de la autoridad electoral del estado, en la sesión de clausura de la elección de este año, donde todos los partidos (excepto el Verde Ecologista con su bandera “proconsenso” del Pacto por Zacatecas) argumentaron en contra de la actuación del consejo general.
Incluso el partido en el gobierno reprocharía los resultados de la elección en Sombrerete donde, a su juicio, hubo cohecho de la autoridad para perjudicar el sentido del voto ciudadano.