Gabriel Contreras Velázquez
Zacatecas, Zac.- Ha entrado en su etapa más álgida la discusión de la reforma política en el Congreso de la Unión. Los sujetos políticos involucrados en la misma -todos ellos dentro del espacio institucional- han marcado posturas firmes y opuestas. No por ello la esencia del debate ha perdido la ambivalencia, que se encuentra anidada en el problema de fondo: la cuestionada autonomía de las autoridades electorales locales.
La novedad en el escenario de la reforma político electoral federal, la semana pasada, fue la intervención del gobernador Eruviel Ávila Villegas; quien se manifestó, a nombre de un grupo de ejecutivos estatales, categóricamente en contra del argumento que sustenta el objetivo de la reforma electoral: la injerencia de los mandatarios locales en las decisiones de sus autoridades electorales correspondientes.
En una entrega anterior de esta columna (“¿Y los gobernadores?” del día 22 de Octubre) se previó que los mandatarios locales mantenían lazos de comunicación estrechos con sus cotos de poder en ambas cámaras legislativas. La aparición de Eruviel Ávila en la agenda pública, refrenda elementos para corroborar la hipótesis expuesta hace un par de semanas. Y es que sólo basta tener en mente que lo que se juega de fondo en la propuesta de la creación de un Instituto Nacional de Elecciones, son, efectivamente, los intereses de los ejecutivos estatales en la toma de decisiones político electorales desde sus circunscripciones.
Igualmente, en este espacio se ejemplificó el caso de Baja California, Veracruz y Zacatecas, desde donde la demanda de acotar el poder que representan los mandatarios locales, tomó sentido, forma y fuerza durante las elecciones estatales pasadas, donde el registro de la coalición del PAN y PRD provocó la abierta confrontación de poderes locales y nacionales. Coyunturas que mostraron nítidamente, en su momento, el nutrido cabildeo político que se encuentra detrás de cada proceso electoral.
Hay un fenómeno político que se ha omitido, gravemente, en la discusión de la reforma político electoral, a punto de concluir en los próximos días; y es precisamente el cabildeo de las fuerzas políticas nacionales, regionales y locales, que tienen nombre, representación y potencia. En cambio, existe una suerte de retórica, que evita salir de los límites obvios del debate reinante para entender qué sucede actualmente en los procesos electorales.
Ejemplos de este fenómeno existen en un abanico amplio y diverso. Para este caso sólo tomaremos el antecedente electoral del 2010 en Zacatecas, durante el mes de mayo, cuando fueron decomisados por parte de la Procuraduría de Justicia del Estado de Zacatecas, 17 automóviles y dos camionetas, los cuales supuestamente fueron facilitados por empresarios de Nuevo León para apoyar la compaña del entonces candidato priísta en la entidad, Miguel Alonso Reyes.
En el cabildeo electoral no sólo los empresarios son identificables. También algunos funcionarios públicos y gobernadores de otras entidades entran en la balanza de fuerzas, para decidirse a favor o en contra de un candidato, según el cálculo electoral. Nuevamente Zacatecas puede ser objeto de amplia ejemplificación. Es el caso de Manuel Cavazos (Tamaulipas), Humberto Moreira (Coahuila), Enrique Peña Nieto (Estado de México), entre otros, quienes participaron activamente, con recursos humanos, materiales y económicos en los procesos electorales de 2010, 2012 y 2013 en la entidad (y otras más) para fortalecer el crecimiento y consolidación de la estructura priísta zacatecana.
Frente a este conjunto de elementos que confluyen durante un proceso electoral local, los argumentos que esgrimen funcionarios y ex funcionarios públicos (como José Woldenberg, y el magistrado Salvador Nava) donde exponen que la “alternancia” es un fenómeno ponderable, que juega a favor de la autonomía de la autonomía de las autoridades electorales, parecen un despropósito.
La alternancia es una variable que puede considerarse como un elemento concreto en su medición, únicamente en cuanto registra el cambio de poder entre una administración y otra. Sin embargo, dicho concepto no alcanza, ni es suficiente para explicar los intereses involucrados en la búsqueda del cambio o ratificación partidista, así como todo el cabildeo político que ello arrastra.
¿Acaso el concepto de alternancia alcanza a explicar la búsqueda de un grupo de empresarios y/o políticos, por empoderar a un candidato de tal o cual partido, en el gobierno de un estado? ¿No podría, ese mismo grupo de empresarios y/o políticos, buscar la ratificación de un partido por dos sexenios o más? ¿En este caso, si los empresarios y/o políticos, de acuerdo a sus intereses, logran que el partido en el poder siga gobernando por varios periodos, entonces inmediatamente se debe acusar a la autoridad electoral de carecer de autonomía?
El escenario más próximo, con la reciente renovación de seis asientos en el Consejo General del Instituto Electoral Estatal, apremia a los nuevos consejeros de propuestas objetivas para afrontar la discusión de la reforma política. Legitimando la de la presidencia, u ofreciendo alternativas.